:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/pTSU8FqiqukEfGXDv3RBr-RGPDE=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/3HCGF3PP5JHY3LEMUDYRFNMRWE.JPG)
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al suspendido gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El hecho es anunciado por parte de la Fiscalía, 24 horas después de que se conociera que la madre de Monsalvo Gnneco, Cielo Gnneco, tiene orden de captura, por supuestos vínculos con los paramilitares.
Las pruebas del caso contra Monsalvo Gnneco darían cuenta de que, mientras ejerció como mandatario departamental en el periodo 2012 – 2015, habría orientado un proceso contractual para beneficiar a un consorcio específico y omitido el deber de supervisar todas las fases de contratación como lo exige la ley. En su lugar delegó a otro funcionario.
El contrato cuestionado es el 0041 de 2015, cuyo objeto era garantizar la alimentación a estudiantes menores de edad en las áreas rural y urbana del departamento. La investigación puso en evidencia, por lo menos, seis irregularidades sustanciales, algunas relacionadas con falta de planeación y deficiencias en los estudios previos. El juicio en contra del señor Monsalvo Gnecco comenzará en la fecha que fije la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
El caso contra Cielo Gnneco
Contra Cielo Gnecco, conocida como la cacica de la política del departamento del Cesar, fue emitida una orden de captura por estar aparentemente involucrada en el secuestro y asesinato de dos personas en ese departamento en 2002, al parecer por órdenes suyas.
Le puede interesar: El candidato a curul de paz con apoyos en los Gnecco, el Pacto Histórico y Verdes
El caso tiene su génesis en unas declaraciones que entregó Julio Manuel Argumedo, alias Gabino, un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia quien señala que en 2002 Jairo Alberto Hernández y Carlos Alberto Mendoza, quienes eran contratistas de la Gobernación del Cesar, fueron secuestrados por orden de David Hernández Rojas alias 39, por petición de Cielo Gnecco.
Según el testimonio de Gabino, el secuestro tenía como objeto obligar a los dos contratistas a pagar 2.500 millones de pesos como parte de una comisión por su trabajo, pero como no lo hicieron, ordenó que los asesinaran, orden que se cumplió el 8 de noviembre de 2002. Esta orden de captura, según fuentes de la Fiscalía, aún no se ha podido materializar.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.