El exministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco, se entregó a las autoridades en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), tras la orden de medida de aseguramiento emitida el pasado 18 de diciembre por una togada del Tribunal Superior de Bogotá.
Así lo decidió la magistrada Aura Rosero Baquero, quien impuso la medida de aseguramiento preventiva a Velasco y al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, ambos investigados por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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Bonilla González, quien asistió de forma presencial a la diligencia que duró cerca de 12 horas, fue capturado en el tribunal en la noche del pasado 18 de diciembre. Los dos exfuncionarios deben responder por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Los exministros Bonilla y Velasco no aceptaron su responsabilidad en los delitos imputados e indicaron que probarán su inocencia en el proceso penal, que apenas comienza. Durante la audiencia, el exministro del Interior intervino para solicitar a la Corte Suprema de Justicia que revise la decisión del Tribunal. Velasco pidió que se le permita defenderse en libertad o, al menos, hacerlo desde prisión domiciliaria.
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Pese a la intervención de Velasco y a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de conceder prisión domiciliaria, el Tribunal consideró que la gravedad de los hechos y el riesgo para la institucionalidad democrática justificaban una medida más severa y ordenó su envío a un centro carcelario.
El ente investigador sostiene que, desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior, Velasco y Bonilla habrían coordinado un esquema para ofrecer proyectos de inversión como “cupos indicativos” a congresistas, con el objetivo de comprar votos en iniciativas clave del Gobierno y la aprobación de créditos públicos. En palabras de la fiscal del caso, María Cristina Patiño, los exfuncionarios habrían hecho parte de una “organización criminal” que intentó desfalcar a una de las entidades claves del país.
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Según indicó la Fiscalía, en 2023 los hombres habrían comprometido más de COP 612.000 millones con el objetivo de obtener los votos de congresistas a su favor. Asimismo, el ente investigador señaló que los exministros habrían puesto en riesgo millonarios recursos del erario público, a través del presunto intento de direccionamiento de 174 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP 571.000 millones, y de cinco proyectos adicionales en la Ungrd, por más de COP 40.000 millones.
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