Los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella muestran una ofensiva militar con capturas, bombardeos y militarización de ciudades, pero sin el control territorial prometido. Así lo advierten Jorge Mantilla, investigador del conflicto y el crimen organizado y Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Ambos reconocen que el Gobierno recuperó la iniciativa militar y devolvió el tema de la seguridad a la agenda nacional, pero señalan que ninguna de las tres metas en esta materia se cumplió.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta?
Desde que asumió la presidencia, el pasado 7 de agosto, De la Espriella ordenó nueve bombardeos contra estructuras armadas, la militarización de Santa Marta (Magdalena) y Cúcuta (Norte de Santander), y megaoperativos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga, que, según las autoridades, dejaron más de 825 capturas.
Mantilla reconoce el peso de esos resultados en dos aspectos: “la recuperación de la iniciativa militar por parte del Estado y, por supuesto, una ofensiva en diferentes partes del país cuyo impacto es innegable en términos de capturas, de bajas, entre ellas algunos objetivos de alto impacto como alias ‘Bendito Menor’”, identificado como Naín Andrés Pérez Toncel. El hombre era jefe del Comando Menor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), y murió en un operativo policial el pasado 4 de septiembre.
Lea: Petro denunciará a María Claudia Tarazona por responsabilizarlo del crimen de Miguel Uribe
En esa línea, la FIP sostiene que el Gobierno ha logrado “devolver el protagonismo a la seguridad en la agenda nacional, recuperar el liderazgo presidencial e imprimirle un sentido de urgencia a la acción de la fuerza pública”, explicó el director Javier Flórez. Sin embargo, el cuestionamiento recae sobre las promesas del jefe de Estado: recuperar el control militar y territorial en 90 días, neutralizar a 10 jefes criminales de alto valor y fumigar 330.000 hectáreas de coca.
En contraste, la FIP contabilizó 111 ataques de grupos armados contra la fuerza pública y la población civil entre el 7 de agosto y el 31 de octubre. En total, cuatro jefes criminales murieron en combate. Por su parte, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre se erradicaron 4.591 hectáreas, frente a las 13.696 registradas en el mismo periodo del gobierno de Gustavo Petro, lo que representa una reducción del 66 %. Flórez sostiene que el presidente planteó “metas difíciles de alcanzar en un periodo tan corto y con tantas dificultades de capacidades actuales, no solamente en las Fuerzas Militares, sino también en el sector justicia y la estrechez fiscal en la que nos encontramos”.
Al tiempo que las cifras muestran otra realidad, los expertos advierten que la población civil ha sido la más afectada por las confrontaciones entre los grupos armados y el Estado, así como por las represalias de estas estructuras criminales. Uno de estos episodios ocurrió el pasado 1 de noviembre en Planadas (Tolima), donde una volqueta cargada con explosivos destruyó el hospital y varias viviendas. El ataque, atribuido a la disidencia de “Iván Mordisco”, dejó cuatro civiles muertos, entre ellos una bebé de dos meses. Seis días después, un ataque con tatucos y un enjambre de drones contra el cantón militar de Santa Rosa, atribuido por las autoridades al Eln, dejó tres militares muertos y 47 heridos. Los expertos lo calificaron como el más grave desde 2023, cuando se registró el primer ataque con drones de un grupo armado en el país.
Relacionado: Drones, grupos armados fragmentados y pocos recursos: los desafíos de seguridad del gobierno
Para Mantilla, existe una “paradoja entre esa ofensiva militar y sus costos, que creo que no se han tenido en consideración, relacionados con el aumento del impacto humanitario: desplazamientos, confinamiento, reclutamiento forzado, el aumento de policías y militares heridos y, por supuesto, la respuesta y adaptación por parte de los grupos armados. Sobre todo en ataques terroristas y ataques con drones”, en los que quienes mueren o resultan heridos son, en su mayoría, miembros de la fuerza pública. En los tres primeros meses del gobierno de De la Espriella murieron 38 uniformados y otros 213 resultaron heridos en hechos de este tipo, según el organismo. Los datos de Mindefensa indican que las muertes aumentaron un 58 % y los heridos, un 72 %, frente al mismo periodo de la administración de Gustavo Petro.
“Esto significa que la ofensiva militar está desconectada de la conversación territorial, que no hay un componente territorial que sea claro y que eso ha impedido que haya una recuperación del control territorial en ninguna parte del país. Hay una brecha entre lo que pasa en las pantallas, en los anuncios de los resultados, en los videos que publica el presidente, la puesta en escena de la seguridad, y lo que está pasando en los territorios”, sostiene Mantilla. El investigador también advierte sobre las consecuencias políticas de este modelo: “Quedan grandes preguntas principalmente sobre lo territorial, en donde la articulación entre los gobernadores, alcaldes y el Gobierno nacional, si bien es importante, parece mucho más impuesta por parte de la agenda del Gobierno nacional, que propiamente concertada”.
Los alcances de los bombardeos
Entre las herramientas más visibles de la ofensiva de seguridad que ha llevado el Gobierno están los bombardeos. Sin embargo, De la Espriella no alcanzó su meta autoimpuesta de llegar a 12 y, en total, durante los primeros 100 días se registraron nuevo, incluyéndose en la lista, tiempo después, un bombardeo en la vereda Caño Cadá, en Cumaribo (Vichada), el pasado 5 de octubre. El director Flórez describe estas acciones como medidas que tienen el propósito de “ejercer presión sobre las estructuras armadas que todavía tienen uniforme, campamentos. Afectar algunas de sus capacidades y recuperar espacios de actuación y de narrativa de las Fuerzas Militares y de Policía”.
En contexto: Bombardeos y militarización: expertos cuestionan estrategia de seguridad de De la Espriella
Pero ambos expertos sostienen cautela frente a su efecto real. Flórez señala que todavía no se cuenta con “evidencia para afirmar que esos bombardeos hayan producido un debilitamiento estructural en las organizaciones”. Mantilla coincide que “es muy pronto para decir que estos bombardeos han afectado las capacidades, porque una cosa es el poder militar y la capacidad militar de los grupos armados y otra muy distinta es el ecosistema criminal, las relaciones sociales, económicas y territoriales que permiten que estos grupos persistan a través del tiempo”. Estas últimas, según el experto, no pueden ser atacadas directamente mediante una acción aérea.
A este análisis, la FIP suma que el problema de fondo es la capacidad de los grupos armados para reponerse, luego de que un jefe criminal muere en una acción militar o es capturado. Flórez explica que ya no funcionan con estructuras jerárquicas tradicionales: “Hoy los grupos armados, como están tan fragmentados, no tienen mucha jerarquía de mando, no dependen exclusivamente de sus cabecillas, funcionan mediante redes criminales flexibles. Es un sistema adaptativo complejo de multicriminalidad con capacidad de reemplazar mandos, reclutar integrantes de manera permanente y sostenerse sobre todo a través de su ecosistema de economías criminales”.
Más noticias: Fuga de 41 detenidos en Santa Marta cuestiona estrategia de seguridad tras paro de las ACSN
Por eso, según la FIP, golpear a los jefes no basta. “El siguiente golpe no debería ser solamente el uso intensivo de bombardeos donde sea necesario, tenemos que pasar de eso a una inteligencia financiera sofisticada, a una investigación criminal armoniosa y articulada y a una persecución de los nodos críticos que realmente sostienen estas organizaciones”, señala Flórez. El director plantea cuatro nodos críticos que, a su juicio, sostienen a estas estructuras. El primero es “el ecosistema de economías criminales, en el que es fundamental golpear los eslabones intermedios y superiores de esas cadenas”.
El segundo es el reciclaje criminal de mandos medios, “que se han convertido en puntos cruciales para el crecimiento, la expansión y el fortalecimiento de esas estructuras”. También incluye “el reclutamiento forzado, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, muy concentrado en Cauca y a través del reclutamiento digital”. Por último, está la adaptabilidad tecnológica. “El uso de drones no solamente para ataques ofensivos, sino para inteligencia, vigilancia y control territorial, que les permiten profundizar sus gobernanzas”. Para la FIP, la estrategia de seguridad debe orientarse a cuatro objetivos: “proteger a la población, contener la expansión criminal, recuperar el control territorial y fortalecer las instituciones de seguridad y justicia”.
El director Flórez concluye que los primeros 100 días son apenas un punto de partida y que el Gobierno tiene por delante el reto de mostrar resultados concretos y sostener en el tiempo una estrategia creíble, sin perder de vista las limitaciones presupuestales y de capacidades del Estado colombiano: “Porque si creemos que lo podemos hacer todo, en todos lados y al mismo tiempo, vamos a caer en el error de la dispersión de esfuerzos y, por lo tanto, en el error de no pasar de resultados operativos a resultados estratégicos, cosa que no vamos a conseguir si seguimos por ese camino”.
Siga leyendo: Seguridad, defensa y justicia: así se movió De la Espriella en su primer tramo de gobierno
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.