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El soldado profesional (r) Francisco Eladio Uribe no tendrá un solo beneficio más en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El órgano de justicia transicional acaba de expulsarlo de su sistema, en el cual tenía abiertos dos expedientes por falsos positivos en Antioquia. La mala noticia llega para Uribe cuando lleva alrededor de seis meses preso en Haití, donde está señalado como uno de los mercenarios que, al parecer, asesinaron al mismísmo expresidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021.
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La JEP se preguntó si Francisco Eladio Uribe era merecedor de beneficios como la libertad y la inclusión en un sistema cuya finalidad es la verdad, siendo que desde el año pasado su nombre ronda entre los señalados por el magnicidio. Según se ha conocido, entre alrededor de 20 personas se concretó un plan para entrar a la casa de Moïse, quien resultó acribillado por unos hombres que, al parecer, recibirían un pago por el golpe criminal.
La JEP encontró que la escasa información que se tiene del crimen es suficiente para pensar en que Uribe rompió sus compromisos suscritos desde 2020. No solo jamás avisó que partiría rumbo a República Dominicana el 4 de junio de 2021, en compañía de siete personas, sino que la finalidad de su viaje sería violentar la seguridad del entonces presidente, lo cual terminó en un golpe inédito. Según información de la Dijín, aportada a la JEP, la teoría del caso indica que el plan inicial no contemplaba la muerte de Moïse, sino un falso arresto por orden judicial inexistente.
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“No solo incumplió un deber objetivo de solicitar autorización para salir del país, sino que, además, y en forma más preocupante, como lo señalan los hechos, lo hizo presuntamente con fines de índole delictual. Esto es, participar junto a otros exmiembros del Ejército colombiano en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el pasado 7 de julio de 2021, en acciones de un comando especial, junto con los demás capturados, que se trasladaron a ese país para cometer el delito”, señaló la JEP. Y apuntó que la operación se habría concretado con plata de por medio.
Para tomar su decisión, el órgano de justicia transicional solicitó la más reciente información a la Dijín de la Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití, así como la Fiscalía y dirección de Policía del país centroamericano. Sin embargo, de todas ellas solo obtuvo que Uribe estaba entre los sindicados y contra él, y otros 17 nacionales, hay un proceso judicial en firme.
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Entre los datos que aportó la Dijín, sin embargo, quedaron datos detallados de lo que habría sido la operación contra Moïse. Según recopiló la JEP, los militares (r) Duberney Capador -muerto a manos de autoridades haitianas- y Germán Alejandro Rivera, fueron quienes adelantaron actividades de reclutamiento y coordinación. En Haití, después de pasar por República Dominicana, se habrían concertado en un hotel cercano a la vivienda del expresidente. Al parecer, los señalados suplantaron agentes de la DEA estadounidense y atentaron contra la víctima y su familia. Capador, detalló la Dijín, le habría tomado una foto al cadáver de Moïse.
Así las cosas, Francisco Eladio Uribe, en Colombia, seguirá siendo objeto de investigación por parte de la justicia ordinaria, la cual lo llamó a juicio en dos oportunidades. La primera vez en mayo de 2019, cuando un juzgado de Antioquia avaló que la Fiscalía lo señalara por la ejecución extrajudicial de Yeferson Rivas y Diego Juan López. Ambos murieron en la vereda Río Grande del municipio de Don Matías, en Antioquia, a manos presuntamente del Gaula Militar de ese departamento.
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“Las personas fallecidas fueron reportadas como extorsionistas dados de baja en combate, luego de que supuestamente se enfrentaron a los miembros del Ejército, como consecuencia de lo anterior se realizó la diligencia de inspección técnica a dos cadáveres NNS, a quienes supuestamente se les encontró un revólver calibre 32, una postila Piertra calibre 9 mm, y algunos cartuchos”, acusó la Fiscalía.
En otro expediente, a Uribe se lo acusa de participar en la dudosa operación Ferrari en el municipio de Yarumal (Antioquia), en el que una persona sin identificar resultó asesinada con un revólver calibre 38 a su lado. Según un testigo del caso, miembros del Gaula militar antioqueños engañaron a la víctima para presentarla como baja en combate. Cuando la JEP preguntó a la Fiscalía si tiene abierto un proceso por la muerte de Jovenel Moïse, la respuesta fue negativa.
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