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A través de la Alerta Temprana número 25 de 2026, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo de escalamiento de la violencia en Ricaurte y Mallama, en el piedemonte costero de Nariño, ante la presencia de dos grupos ilegales. Se trata de los Comuneros del Sur, que se separó del Eln en 2024, y el Frente Iván Ríos, de la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Según el organismo, el acuerdo entre estas estructuras, vigente desde 2024, les permite repartirse el territorio y controlar los corredores transfronterizos hacia Ecuador, el tránsito por la vía Troncal Vía al Mar, las rentas del narcotráfico y los ingresos de la minería ilegal. Pero la Defensoría advirtió que la terminación de la mesa de diálogos con la CNEB, en agosto de 2026, representa un riesgo de disputas directas en el corto plazo. Además, no descarta el regreso de facciones del Eln o del Estado Mayor Central (Emc), disidencias que siguen las órdenes de alias “Iván Mordisco”.
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De acuerdo con la alerta, estos grupos recurren a la llamada tercerización criminal mediante estructuras como las Autodefensas Unidas de Nariño (Aun), que tendrían vínculos en Ecuador con Los Lobos y Los Choneros, y la Nueva Urías Rondón Frente 37, que utilizaría símbolos del Emc. También participan bandas locales como Los Zabaleteros, Los Marihuanos y Los Flacos.
Estas bandas se encargan de labores de sicariato, cobro de extorsiones y vigilancia, lo que facilita el control social y favorece la impunidad de estos crimenes. Según la Defensoría, esta forma de gobernanza armada vulnera la autonomía comunitaria y pone en riesgo la integridad física de los pueblos indígenas Awá, asociados a Camawari y Uripawa, y de los Pastos del Gran Mallama.
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La alerta también advierte sobre los riesgos que enfrentan las comunidades campesinas, los liderazgos sociales, los firmantes de paz, los comerciantes, los transportadores y las misiones médicas. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos al reclutamiento forzado.
El organismo señaló un deterioro crítico de la seguridad en Mallama, donde la tasa de homicidios llegó a 67,37 por cada 100.000 habitantes en 2026. Entre los hechos recientes mencionó la masacre de tres familiares, entre ellos una mujer en su último mes de embarazo, ocurrida en febrero de este año en el resguardo Edén Cartagena, en Ricaurte, y el asesinato de tres jóvenes en la vereda Chucunés, en Mallama.
También recordó los homicidios del líder Aurelio Araujo, de Camawari, y sus escoltas, en junio de 2025; del líder Moisés Marcos López, de Aico, en septiembre de 2023, y del firmante de paz Yonnis Orfilio García, en junio de 2023.
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La Defensoría registró, además, graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). En agosto de 2025, hombres armados con fusiles interceptaron una ambulancia de la ESE de Ricaurte, obligaron al personal sanitario a descender y asesinaron al paciente que era trasladado. También persiste la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en caminos rurales de los resguardos.
Ante este panorama, la entidad formuló 29 recomendaciones con un enfoque de seguridad humana y protección colectiva. Estas medidas buscan orientar a las instituciones estatales para tomen medidas para disuadir y mitigar las amenazas, prevenir violaciones de los derechos humanos y del DIH. Todo esto, protegiendo de manera diferenciada a las poblaciones en riesgo y fortalecer las capacidades institucionales y sociales existentes. La Defensoría insistió en que el Estado “debe actuar con celeridad para evitar el exterminio físico y cultural del pueblo binacional Awá y la desestructuración de las comunidades de Los Pastos y campesinas de Nariño”.
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