En la mañana de este martes 17 de marzo, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, habló sobre la investigación que se adelanta en contra de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias. La jefe del búnker señaló que el proceso avanza, pero hay un testigo clave que está amenazado.
El pronunciamiento lo hizo durante la rendición de cuentas del ente investigador, correspondiente al año 2025. “Tenemos un testigo que es clave para la Fiscalía, que ha sido amenazado. El programa de protección de testigos está haciendo en este momento la evaluación de riesgo y revisando qué medidas entraríamos a adoptar para su protección”, señaló la fiscal.
No obstante, la fiscal Camargo aseguró que no hay pistas de cuál sería el origen de las amenazas. “Lo que nosotros estamos evaluando es el riesgo contra el testigo. Ese riesgo no necesariamente proviene de Ricardo Roa, porque eso sería hacer una referencia de que él es quien estaría proferiendo la amenaza. Estamos en el punto de evaluar sencillamente el riesgo”, dijo.
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Aunque la jefa del búnker tampoco confirmó quién es ese testigo amenazado, uno de los nombres claves que aparecieron hace apenas una semana, cuando la Fiscalía imputó a Roa por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias, es el de Luis Enrique Rojas, expresidente de la empresa Hocol, que es una de las filiales de la estatal petrolera Ecopetrol.
Esta investigación penal, que es apenas la primera de las dos que se adelantan en contra de Roa Barragán, está relacionada con presuntas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en un edificio ubicado al norte de Bogotá. Según las pistas de la Fiscalía, ese negocio estaría relacionado con un posible direccionamiento de contratos y proyectos al interior de Ecopetrol.
La teoría del ente investigador indica que en diciembre de 2022, Roa Barragán compró un apartamento ubicado en el edificio Entreparques, ubicado en el exclusivo sector del Parque Museo del Chicó, en la capital. El inmueble, cuyo avalúo comercial era de COP 2.727 millones, era propiedad de la firma Princeton International Holding.
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El representante legal de esa empresa, según el Registro Único Empresarial y Social (RUES), es Serafino Iácono, un hombre que ha trabajado con importantes firmas del sector de hidrocarburos y minerales como Pacific Rubiales y Gran Colombia Gold. El inmueble habría tenido un valor de COP 1.800 millones, un costo que sería 34% menor del precio real.
La mediación de ese negocio, según la imputación de la Fiscalía, la habría hecho Juan Guillermo Mancera, por medio de la empresa Innova Mercadeo. Este hombre, además, aparece en el RUES como el representante legal de la empresa Gaxi SA ESP, una firma del sector hidrocarburos a la cual Ecopetrol en 2024, bajo la dirección de Roa, habría intentado entregarle un proyecto en La Guajira.
Se trataba de un importante negocio para operar el proyecto Chuchupa-Ballena LNG, con el cual Ecopetrol y Hocol buscaban asegurar el suministro de gas importado a Colombia a partir del año 2027 y cuya inversión sería de unos USD 150 millones. La Fiscalía sostiene que Hocol, la filial de Ecopetrol a cargo de ese proyecto, incluso alcanzó a firmar un memorando de entendimiento con Gaxi SA ESP, la empresa de Mancera.
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Los investigadores del búnker tienen pistas de que la compra del apartamento de Roa a un precio menor del valor real y con la mediación de Mancera, al parecer, tendría relación con la entrega del proyecto a Gaxi SA ESP. Un negocio que se frenó en abril de 2025, por una orden de Roa. Además, que la asignación del proyecto habría sido presionada por el presidente de Ecopetrol.
Incluso, el ente investigador tiene información de dos reuniones privadas en las que Roa le habría pedido a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, que favoreciera la entrega del proyecto en La Guajira a la empresa de Mancera. Fue allí cuando apareció Rojas como una persona clave en la investigación y quien sería el testigo amenazado del que habló la fiscal Camargo.
“Esta instrucción indebida impartida por el señor Ricardo Roa a Luis Enrique Rojas, orientada a que este proyecto fuera asignado a la empresa del señor Mancera, vulneró la transparencia en las actuaciones y gestiones, así como la objetividad que debe regir la función pública del presidente de Ecopetrol como servidor público”, señaló la Fiscalía. El presidente de Ecopetrol, por su parte, ha negado que existan negocios irregulares y no aceptó el delito por el cual la Fiscalía lo está investigando.
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