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Este martes la Fiscalía General de la Nación realizará una inspección judicial en la Presidencia de la República dentro del caso que involucra a Laura Sarabia, jefa del gabinete de la Presidencia de la República, con supuestos abusos en contra de la exniñera de su hijo, Marelbys Meza. En entrevista con la Revista Semana, Meza aseguró que fue sometida a una prueba de polígrafo en un sótano cerca de la Casa de Nariño y denunció supuestos abusos. Este hecho fue puesto en conocimiento del ente acusador, quien le brindó protección.
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Según lo explicado por la Fiscalía, la inspección judicial tiene como objetivo recaudar información y verificar si existen cámaras de seguridad en el ingreso del edificio Galán, donde se encuentra ubicada, al parecer, la sala de polígrafo, además del protocolo de ingreso de visitantes a esa dependencia. El ente acusador también realizará una inspección a la Jefatura de Protección de Presidencia, para conocer el listado del personal que, durante enero y febrero de este año, hizo parte del esquema de seguridad y transporte asignado a la jefa del gabinete de la Presidencia de la República.
Este lunes el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, había dicho que la Fiscalía pretendía hacer un allanamiento en la Presidencia. “Tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la Presidencia por la Fiscalía”, escribió. Y añadió: “No tenemos nada que ocultar: Bienvenidos”.
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El mensaje estaba incluido en un trino más extenso en el que aclaraba lo que quiso decir cuando habló de “golpe blando” en contra de su Gobierno por las recientes suspensiones de congresistas del Pacto Histórico. Según escribió, se refería a los actos administrativos emitidos por la Procuraduría General (que recientemente suspendió al senador Álex Flórez) y no a las decisiones del Consejo de Estado (que anuló la elección de Roy Barreras).
El trino que corrigió Petro en este nuevo pronunciamiento lo había enviado más temprano este lunes y en él había escrito: “Se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió”.
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Este nuevo mensaje desató una nueva polémica a nivel nacional. Incluso el alto tribunal señaló que el Consejo de Estado no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala, sino que también fue claro en advertir que sus decisiones se apegan a la ley y la jurisprudencia. “Las decisiones proferidas por esta Corporación no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso. Ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público”, señaló el Consejo de Estado.
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