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Aunque en 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Constitucional declararon la masacre de Mapíripán como crímen de lesa humanidad, la Fiscalía acaba de pronunciarse en ese mismo sentido con respecto al masivo crímen perpetrado hace 20 años por los paramilitares y en colaboración con miembros de la Fuerza Pública. Con esta decisión del ente investigador se deja claro que los hechos sí constituyen un crimen de lesa humanidad, al señalar de que se trata de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil, por lo cual las investigaciones no prescribirán.
Los hechos ocurrieron entre el 15 y 20 de julio de 1997 cuando un comando de paramilitares provenientes del Urabá masacraron a un número indeterminado de habitantes de Mapiripán (Meta). Los miembros de las autodefensas llegaron el 12 de julio en dos aviones que salieron aeropuertos de Necoclí y Apartadó (Urabá) y que estaban al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Las investigaciones y testimonios ante las autoridades señalan que los paramilitares fueron escoltados por miembros de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa (Urabá) y cuyo comandante era, en esa época, el general (r) Rito Alejo del Río.
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La Dirección Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General, a través de una providencia de 27 páginas, conocido por RCN Radio, en la cual da respuesta a la solicitud de las victimas a la declaratoria de lesa humanidad de este caso. "La Fiscalía procede a reafirmar la calificación de crimen de lesa humanidad, por cuanto, según se afirma en la providencia los crímenes cometidos con ocasión de la toma violenta del municipio de Mapiripán ya fueron declarados formalmente como crimen de lesa humanidad por parte de la Corte Constitucional (el mismo año en que lo hizo la CIDH)", sañaló la Fiscalía.
"En Mapiripán se violó de manera flagrante el deber de respeto por la dignidad humana, por parte de un grupo que disputa el monopolio del uso de la fuerza en manos del Estado (...) En una grave violación a los derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene activamente en la toma de una población, es similar a la de aquel que no presta la seguridad para que los habitantes queden en una absoluta indefensión", agrega la Fiscalía en su providencia.
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En julio pasado, cuando se cumplieron 20 años de la masacre, El Espectador además de develar que el general del Río iba a ser vinculado formalmente a este expediente y que fue citado a indagatoria por la Fiscalía, anunció que esta misma iba a tomar la decisión de declarar el masivo crímen como de lesa humanidad.