Fiscalía imputó a exgobernador del Chocó, Ariel Palacios, por irregularidades en contrato

La Fiscalía estableció que el contrato fue entregado a una comercializadora de alimentos perteneciente a una persona señalada de haber financiado con dinero la campaña electoral de Ariel Palacios Calderón a la Gobernación del Chocó.

Foto: Gobernación de Chocó

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, tras evidenciar varias irregularidades en las que presuntamente habría incurrido el exmandatario.

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido durante la celebración de un contrato el 26 de marzo de 2020, por un valor de COP 445 millones, cuyo objetivo era entregar 800 kits de ayuda humanitaria a la población víctima del conflicto armado, en el marco de la emergencia por el covid-19.

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“El entonces mandatario departamental, con ocasión de la emergencia social y económica declarada por el Gobierno Nacional generada por la pandemia del Covid-19, habría suscrito el citado contrato en contravía de la normatividad vigente”, indicó el ente investigador.

Asimismo, la Fiscalía estableció que el contrato fue entregado a una comercializadora de alimentos perteneciente a una persona señalada de haber financiado con dinero la campaña electoral de Ariel Palacios Calderón a la Gobernación del Chocó.

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El 6 de noviembre de 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador por las irregularidades detectadas en la contratación directa de ayudas humanitarias. En su momento, se estableció que realizó pagos superiores a los valores de mercado, con un sobrecosto que superó los COP 84 millones.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Palacios Calderón el 7 de septiembre de 2023, por la presunta afectación a más de 60.000 niños, niñas y adolescentes tras la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Según indicó el órgano de control, el exgobernador habría omitido garantizar la prestación de este servicio alimentario para los menores.

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