El expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, está a un paso de ir a juicio por presuntos delitos electorales relacionados con supuestas irregularidades en las cuentas de la campaña Petro Presidente en 2022. La Fiscalía ya radicó el escrito de acusación en contra de Roa por el delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales.
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La investigación que adelanta la Fiscalía en contra del expresidente de Ecopetrol apunta a que, como gerente de la campaña que llevó al presidente Gustavo Petro a la Presidencia, habría superado los topes legalmente establecidos para el ingreso de dinero a la campaña.
Como gerente de la campaña Petro Presidente, Roa se encargó de vigilar cada centavo que entró a las cuentas de la organización que llevó al presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Según ha podido establecer el Consejo Nacional Electoral (CNE), el equipo de trabajo del jefe de Estado superó los topes electorales, es decir, al bolsillo de la campaña entró mucho más dinero que el permitido por la ley.
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Por estas presuntas irregularidades, el CNE sancionó a Roa y a la tesorera y contadora de la campaña, con una multa de más de COP 6.000 millones, que deberán pagar entre los tres. Por su parte, la Fiscalía adelanta el proceso penal en contra de Roa por esas mismas irregularidades. Roa dejó el cargo en la petrolera el pasado 30 de julio y, hasta último momento, se juró inocente.
Tras su salida de la petrolera, Roa ha dicho públicamente que las cifras manejadas por la Fiscalía y los entes de control contienen errores de interpretación. “No se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”, argumentó.
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Según la Fiscalía, habría sobrepasado los montos máximos de financiación de la contienda electoral en al menos COP 1.664 millones. Además, habría omitido rendir cuentas sobre millonarias donaciones a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.
Roa aclaró que la diferencia de casi COP 14.000 millones que señalan los informes financieros responde a traslados de cuentas entre las fases de la campaña y a devoluciones de créditos que no fueron descontadas correctamente por los auditores. Según el exdirectivo, mantiene la disposición de entregar todas las pruebas necesarias para demostrar que los gastos se ajustaron a la ley.
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