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Este martes 2 de diciembre de 2025, la fiscal Lucy Laborde, encargada del caso contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, es decir, prisión preventiva mientras avanza su proceso en los estrados. Esto ocurrió ante el Juzgado 14 de Control de Garantías de Barranquilla, a cargo de Jorge Alberto Ortiz Ángel, por su presunta participación en contratos irregulares en Atlántico.
El pasado 24 de noviembre, el juez Ortiz Ángel avaló la imputación de cargos presentada por la Fiscalía General de la Nación, luego de que Lucy Laborde retirara el cargo de falso testimonio y mantuviera la imputación por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
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La funcionaria precisó que “la Fiscalía no insistirá en el delito de falso testimonio, toda vez que la información se ingresa a la plataforma con la salvedad de que se hace bajo la gravedad del juramento. Esta conducta queda íntegramente subsumida en el tipo penal de falsedad ideológica en documento público, que constituye la calificación jurídica más específica y adecuada para los hechos investigados”.
Según el ente investigador, en 2021 Nicolás Petro Burgos habría intervenido, junto a su entonces pareja Daysuris Vásquez, en la celebración de contratos irregulares con fines personales, los cuales serían gestionados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), donde participaron allegados a la familia.
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La Fiscalía indicó que Petro Burgos habría instruido a Daysuris Vásquez para establecer contactos con el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl José Lacouture Daza, así como con Pedro Name y Gustavo de la Ossa, quienes tendrían influencia en los procesos de contratación directa entre la administración departamental y la fundación encargada de ejecutar los convenios cuestionados.
“Es así como Nicolás Petro ejerció sus influencias para obtener beneficios a través de reuniones con diferentes personas, como son el ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, con quien se habría reunido de forma privada”, indicó la fiscal Laborde.
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