Así como hace 13 días el vicefiscal Jorge Perdomo reveló que había al menos 1.500 expedientes sobre civiles investigados por apoyo a las Farc, procesos que serían enviados al Tribunal Especial para la Paz en caso de que se firme el acuerdo en La Habana, la Fiscalía ya trabaja para armar un segundo paquete de expedientes al Tribunal relacionado con otro tema: las finanzas del grupo guerrillero. Lo que quiere la Fiscalía de Montealegre, bajo su línea de investigación en contexto, es “identificar el espíritu empresarial con que actúan las estructuras criminales y las maniobras empleadas por las Farc”.
Con la Resolución 03197, firmada por el fiscal Eduardo Montealegre el pasado 9 de diciembre, se conformó un “grupo de tareas especiales para la investigación penal integral sobre la lógica económico-financiera de las finanzas del grupo armado al margen de la ley Farc-Ep”. Según lo planeado, hasta el 9 de junio de este año, fecha en la que el grupo se sentará a evaluar su estrategia de investigación, se avanzará en una tarea primordial: establecer “patrones, regiones y relación de la actividad con las políticas emanadas del Estado Mayor (de las Farc)”.
En plata blanca, lo que a la Fiscalía le interesa es poder hacer el mapa financiero de las Farc. Saber cuál es el aporte de cada frente en las finanzas de esa guerrilla. Por ejemplo, mientras el bloque Oriental está metido de lleno con el contrabando de ganado, por ingresos estimados en casi $2.000 millones mensuales, frentes como el 43, que opera en el Meta, se han enfocado en el narcotráfico. Al exjefe del frente, alias Jhon 40, capo de las Farc, lo condenó el año pasado un juzgado especializado de Villavicencio por lavar dinero producto de ese negocio ilegal en el mercado inmobiliario de Puerto Rico, Puerto Lleras y Vista Hermosa (Meta).
La directiva de la Fiscalía indica que a este organismo le interesa atacar las finanzas de las Farc para exponer no sólo a los responsables directos de sus negocios ilegales -que incluyen tráfico de armas, de personas, contrabando-, sino a todas las personas que se han beneficiado de esa “economía criminal”. De nuevo, la Fiscalía pone los ojos en los civiles que han contribuido a la continuidad de la guerra. Se trata, además, de descapitalizarla: entender su “método comercial”, identificar “elementos del comercio ilícito globalizado”, integrar “escenarios de una aparente economía legal”.
Más importante aún, este grupo de tareas especiales fue concebido con la mirada puesta en un futuro cercano, en el cual cabe la posibilidad de que algunos frentes guerrilleros decidan no dejar las armas o convertirse en carteles de droga. Por eso, la Fiscalía plantea que enfocarse en las finanzas guerrilleras puede significar un “obstáculo para la reorganización de los reductos que no se acojan a procesos de desmovilización o que quieran apropiarse de los mercados ilegales existentes, las rutas, los socios y los cooperantes trasnacionales”.
El asunto es de tal importancia, que este grupo de tareas involucra a casi todas las direcciones de la Fiscalía: la Policía Judicial especializada en temas económicos y financieros, seguridad ciudadana, crimen organizado, lavado de activos, análisis y contexto. Hasta a la Dirección de Políticas Públicas y Planeación. Todo con la supervisión del vicefiscal Jorge Perdomo, quien encabeza hoy las principales investigaciones en contra de las Farc, lo que funciona en favor del Gobierno en la mesa de negociación. Los resultados, le dijeron fuentes de la Fiscalía a este diario, también serán enviados al Tribunal Especial para la Paz en caso de que se firme con las Farc un acuerdo de paz.
Desde hace más de un año la Fiscalía trata de elaborar un inventario de las propiedades de la guerrilla. En febrero de 2015, contaba entonces El Espectador, ya eran 902 los bienes rastreados, de los cuales al menos la mitad están avaluados por encima de los $75.000 millones. Desde entonces, el número ha aumentado. En una entrevista con El Tiempo, publicada el domingo pasado, el vicefiscal Perdomo señaló que más de 1.100 bienes de la guerrilla están en proceso de extinción de dominio y que casi 300.000 hectáreas de terrenos baldíos, ocupados por las Farc, se están recuperando.
Desde La Habana, las Farc han insistido en que no tiene propiedades ni dinero, que su riqueza es un “cuento”. Una versión que nadie, nadie compra.