La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Carlos Ramón González por su presunta participación en el entramado de corrupción sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). A través de un comunicado, el ente investigador señaló que la investigación se sigue por los hechos detectados en los que habría cumplido un papel activo el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro.
Por eso, un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia señaló a González como el posible responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. La decisión contra González se conoce menos de un día después de que la Fiscalía anunciara que pedirá cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el mismo caso de corrupción.
“En el día de ayer se presentó la solicitud para audiencia de imputación contra los ministros Bonilla y Velasco y en el día de hoy se radicó el escrito de acusación contra el exministro Carlos Ramón González. Eso quiere decir que estamos avanzando en el juicio contra Carlos Ramón, no obstante, a que él no se haya presentado o que esté huyendo”, señaló la fiscal general Camargo.
Según detalló el ente investigador, el exfuncionario habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, entre septiembre y octubre de 2023, para pagar coimas con recursos provenientes de la contratación de la entidad a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés David Calle.
“Se le atribuye ordenar la entrega de 3.000 millones de pesos con destino al senador Name Vásquez, a través de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos con destino al representante Calle”, explicó la Fiscalía.
Los dineros que se habrían movido de manera corrupta provenían de un contrato para el suministro de 40 carrotanques para el transporte de agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira.
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