La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; y el comisionado de paz, Otty Patiño, se reunieron en la tarde de este jueves 26 de marzo para definir cómo evaluar si mantienen las suspensiones o reactivan las órdenes de captura en contra de algunos negociadores de paz de grupos armados. El resultado del encuentro fue un nuevo plan de verificación de cumplimiento.
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Según dio a conocer el ente investigador, “se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022, en atención a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023″.
Lo que harán será una revisión que “se hará periódicamente de acuerdo con los acontecimientos y vinculando a las instituciones cuya misionalidad esté relacionada con dicha materia”. dentro de esa nueva apuesta, aseguraron que “se examinará en los próximos días el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, como miembro representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional”.
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La decisión se conoce después de que la fiscal general dijo que si el gobierno no reactiva las órdenes de captura contra Calarcá Córdoba, de la disidencia Estado mayor de los bloques y Frente (EMBF), la Fiscalía lo haría. Según dijo en Blu Radio, esta decisión se basaría en la falta de voluntad de Calarcá Córdoba en la mesa de diálogos que adelanta con el Ejecutivo, así como la presunta comisión de delitos.
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Según señaló Camargo en esa entrevista, Calarcá habría cometido delitos contra defensores de derechos humanos y las pruebas estarían dentro de los computadores encontrados en el polémico retén en el que fue capturado Calarcá y otros incidentes del EMBF en Anorí (Antioquía).
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