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Una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue enviada a prisión por, presuntamente, engañar a cinco personas con la venta de bienes que serían rematados por la entidad. Las víctimas, ubicadas en Ibagué y Armero (Tolima), habrían entregado cerca de COP 300 millones para acceder a propiedades a precios inferiores a los del mercado.
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La procesada es Mónica Paola Bonilla Valderrama, a quien una fiscal de la Unidad de Estafas de la seccional Tolima le imputó el delito de estafa agravada. Según la investigación, la mujer habría aprovechado su condición de funcionaria de la DIAN para convencer a los interesados de que podía facilitarles la compra de bienes muebles e inmuebles próximos a ser rematados.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2017 y 2022. De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Bonilla Valderrama les decía a las víctimas que podía adelantar gestiones ante uno de sus superiores para que adquirieran las propiedades con facilidades y por valores más bajos.
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Para reservar o separar los supuestos bienes, la funcionaria les habría exigido la consignación de distintas sumas de dinero. El ente investigador sostiene que los pagos se realizaron tanto en cuentas bancarias a nombre de la procesada como mediante entregas en efectivo.
Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía explicó que la mujer habría enviado documentos con logotipos y membretes institucionales para dar apariencia de legalidad a las operaciones. En esos papeles presuntamente utilizaba el nombre de una exfuncionaria de la DIAN que ya se encontraba pensionada y solicitaba la firma de los interesados para formalizar los supuestso negocios.
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Uno de los casos conocidos corresponde a una familia que entregó COP 85 millones con la expectativa de adquirir una vivienda. El inmueble, según les aseguraron, aparecía en un listado de bienes que serían rematados por la DIAN. Sin embargo, las autoridades establecieron que esa información no correspondía a la realidad.
Las denuncias de cinco personas permitieron identificar el presunto mecanismo de engaño. En conjunto, las víctimas consignaron o entregaron cerca de COP 300 millones, convencidas de que estaban participando en transacciones legales respaldadas por la entidad tributaria.
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Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá durante un operativo coordinado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar y de la Policía. En las audiencias de imputación, la funcionaria no aceptó el cargo de estafa agravada.
Luego, el ente investigador solicitó al juez de control de garantías que lleva el caso que enviara a la investigada a la cárcel. El juzgado aceptó y Bonilla Valderrama permanecerá en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra.
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