Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La defensa del general (r) Carlos Alberto Ospina Ovalle respondió a la decisión del Juzgado Tercero Penal de Medellín, que compulsó copias para investigar al exoficial por su presunta participación en los homicidios de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y Eduardo Umaña Mendoza, perpetrados en 1998.
En un comunicado, los abogados del excomandante del Ejército señalaron que la decisión fue sustentada únicamente en el testimonio del exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), “cuyos relatos han sido desmentidos en múltiples ocasiones por sus compañeros de organización”
Según la defensa, la jueza basó su decisión en una versión rendida por Villalba en 2008, once años después de los hechos, mientras que “no tuvo en cuenta las declaraciones de 1998 rendidas por Villalba Hernández, más cercanas a las fechas de los hechos que decía conocer, y en las cuales ninguna mención hizo del general Ospina Valle”.
El comunicado también cita apartes de documentos de la Fiscalía General de la Nación en las que se cuestiona la credibilidad del exparamilitar, indicando que sus manifestaciones frente a las masacre en Ituango (Antioquia) están desprovistas de “elementos o soporte alguno que permita dar credibilidad a ellas”.
La defensa añadió que no fue sino hasta el año 2008 cuando Francisco Enrique Villalba Hernández decidió, “convenientemente”, involucrar a autoridades y miembros de la Fuerza Pública en sus declaraciones “para obtener beneficios procesales y penitenciarios, cuestionamientos concluidos y expuestos por el mismo ente acusador”.
La orden de investigación, que también involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe Vélez, fue emitida el pasado 6 de octubre dentro de la sentencia que condenó al exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba en 1999.
En contexto: Condenan a exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por secuestro de Piedad Córdoba
En el fallo, la jueza consideró necesario remitir copias a la Fiscalía para determinar si Uribe, su hermano y el excomandante del Ejército podrían estar involucrados como presuntos determinadores de los homicidios de Valle y Umaña, ambos reconocidos por su labor en la defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos en Antioquia y Bogotá.
La decisión se apoyó en la declaración rendida en 2008 por Francisco Enrique Villalba, antiguo hombre de confianza de Carlos Castaño Gil. Villalba, quien fue condenado por la masacre de El Aro, aseguró ante la justicia haber participado en una reunión celebrada en 1997 en la finca La Marranera, en zona rural de Yumbo (Valle del Cauca), donde se habrían planeado ataques contra varios defensores de derechos humanos, entre ellos Jesús María Valle, Eduardo Umaña Mendoza y el periodista Jaime Garzón.
En su testimonio, el exparamilitar mencionó la presencia de los jefes de las autodefensas Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, alias “Mono Leche”, alias “Junior”, y otros hombres del grupo armado. También aseguró que en esa reunión habrían participado integrantes de la Fuerza Pública y autoridades civiles. Según su relato, en el lugar también se encontraban “un general Ospina de la Cuarta Brigada, un teniente, un mayor de la Policía y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez”.
Villalba añadió que durante el encuentro se discutió sobre la necesidad de “callar” a quienes denunciaban la connivencia entre las fuerzas militares y las estructuras paramilitares que operaban en Antioquia. “Porque ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares como la Cuarta Brigada. La orden que dieron fue que esas personas tocaba callarlos para que no molestaran más”, aseguró el exparamilitar, según el documento de 82 páginas.
El fallo judicial resalta que, aunque las afirmaciones de Villalba Hernández deberán ser verificadas por la Fiscalía, la gravedad de sus señalamientos y la coincidencia temporal con los asesinatos de Valle y Umaña justifican la apertura de una investigación formal. En ambos casos, las víctimas habían denunciado la relación entre agentes estatales y grupos paramilitares que operaban en el norte y occidente del país durante los años noventa.
Ampliación: Piden investigar a Álvaro Uribe por el asesinato de los abogados Eduardo Umaña y Jesús María Valle
Jesús María Valle, reconocido abogado y defensor de derechos humanos en Antioquia, fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina en Medellín, pocos meses después de haber denunciado la presunta complicidad de miembros de la Cuarta Brigada del Ejército en las masacres de El Aro y La Granja. Por su parte, Eduardo Umaña Mendoza, destacado penalista y defensor de sindicalistas y víctimas de crímenes de Estado, fue asesinado el 18 de abril de 1998 en Bogotá por hombres armados que se hicieron pasar por periodistas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
