El presidente Gustavo Petro autorizó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias “Pipe Tuluá”, hacia los Estados Unidos. El principal jefe de la banda criminal “La Inmaculada” deberá enfrentar un juicio por delitos vinculados al narcotráfico internacional.
La decisión quedó formalizada el lunes 26 de enero. Marín Silva es requerido por una corte federal estadounidense por tres cargos: conspiración para distribuir y poseer cocaína con fines de distribución; conspiración para traficar y distribuir cocaína con conocimiento o razones para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos; y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con el mismo propósito.
En noviembre de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya había avalado la extradición tras revisar la documentación y las pruebas aportadas por el Gobierno de Estados Unidos, al concluir que se cumplían los requisitos legales para acceder a la solicitud.
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Marín Silva, señalado como el máximo jefe de la banda criminal La Inmaculada —una estructura delincuencial con fuerte presencia en el Valle del Cauca y nexos con el narcotráfico—, fue condenado en marzo de 2022 a 30 años de prisión por su responsabilidad en al menos 39 homicidios, siete tentativas de asesinato y otros delitos asociados al concierto para delinquir.
Con esta determinación, el Gobierno Petro descarta de manera definitiva cualquier posibilidad de negociación con el jefe de una de las estructuras criminales más poderosas del sur del país. Según las autoridades, alias Pipe Tuluá continuaba dirigiendo economías ilegales desde prisión, lo que refuerza la gravedad de los señalamientos en su contra y la expectativa de una eventual condena en el extranjero.
En el documento, de 10 páginas, se recordó que mediante una resolución expedida el 5 de diciembre de 2025 el presidente Petro autorizó: “(…) adelantar acercamientos exploratorios y contactos con la estructura armada organizada de alto impacto autodenominada ‘La Inmaculada’ con el fin de verificar su voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones y celebrar acuerdos con los objetivos indicados por el presidente de la República”.
La resolución señala que en la actualidad se adelanta un proceso de acercamientos exploratorios con “La Inmaculada”; no obstante, el Gobierno precisó que, “a la fecha, el Presidente de la República no ha promulgado algún acto administrativo por el cual autorice la instalación de un Espacio de Conversación Sociojurídico con dicho grupo, ni tampoco reconozca a miembros representantes de este”.
Actualmente, alias “Pipe Tuluá” permanece recluido en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, luego de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha suspendiera su traslado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, mientras se adelantan los trámites administrativos finales para su entrega a las autoridades estadounidenses.
El traslado de Marín Silva desde la cárcel La Picota hasta la estación de Policía desató una escalada de violencia en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca) y obligó a las autoridades a declarar alerta máxima en el sistema penitenciario. La decisión se produjo en medio de graves amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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De acuerdo con fuentes cercanas al proceso de extradición, el traslado respondió a información de inteligencia sobre un presunto plan de fuga que se había estado coordinando desde el interior del penal. Las autoridades habrían detectado que integrantes de la banda “La Inmaculada” reunieron cerca de COP 800 millones para facilitar la huida, mediante sobornos a personal penitenciario y a otros funcionarios.
La reacción de la estructura criminal fue inmediata. En la noche del 4 de junio de 2025, Tuluá registró quema de taxis y ataques armados contra varios establecimientos comerciales, hechos que llevaron a un toque de queda. En paralelo, el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, denunció amenazas de muerte contra él y otros funcionarios, tras la circulación de un panfleto en el que trabajadores del Inpec fueron declarados “objetivo militar”, lo que encendió las alertas a nivel nacional.
El ministro de Justicia (e), Andrés Idarraga, señaló que el proceso para extraditar a alias “Pipe Tuluá” fue un “contexto desafortunado donde, por ejemplo, altos directivos del Inpec están siendo amenazados por cuenta de esto”. En esas mismas declaraciones, el pasado 27 de enero, el funcionario confirmó la extradición y señaló que solo quedaría un recurso pendiente de la defensa de Marín Silva.
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“Pero a estas alturas creo que difícilmente se encontrarán argumentos jurídicos que cambien la decisión del gobierno a propósito de su extradición”, aclaró Idarraga y agregó que, tras una reposición del abogado de “Pipe Tuluá”, ahora “viene la apelación. Eso es algo que se tiene que surtir en garantía del debido proceso. Entonces, esperemos a ver qué decisión toman los abogados de él, pero la decisión del Gobierno Nacional es seguir avanzando en la decisión de extraditarlo”.
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