Publicidad
2 Aug 2022 - 10:14 p. m.

Habrá empalme entre la Corte y nuevo Gobierno por afectación de derechos a wayuu

En medio de la mesa técnica que se registró este martes en la Corte Constitucional con entidades del Estado y miembros de la comunidad indígena, el magistrado José Fernando Reyes anunció que habrá un diálogo con el nuevo Gobierno para evitar que se sigan vulnerando los derechos de los niños en La Guajira.
Habrá empalme entre la Corte y nuevo Gobierno por afectación de derechos a wayuu EFE/ Carlos Ortega
Habrá empalme entre la Corte y nuevo Gobierno por afectación de derechos a wayuu EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

“Algunas entidades del Estado no nos reconocen como seres humanos y sujetos de derecho”, dijo Javier Rojas Uriana, representante de comunidades indígenas en La Guajira. Lo mencionó en medio de una sección técnica que realizó la Corte Constitucional, este martes, en la que se dieron cita, no solo miembros de las comunidades indígenas, sino también entidades estatales. En esta ocasión, el alto tribunal revisó el suministro de agua potable a la población, especialmente a la niñez.

El magistrado José Fernando Reyes fue el encargado de liderar la sección y al termino señaló que le queda un tono de preocupación porque, pese a que se declaró un estado de cosas inconstitucional, el Gobierno no ha atendido con eficacia la vulneración de derechos a los que se enfrenta la población, por lo que llamó la atención de las entidades estatales. Incluso mencionó que la Corte no es la llamada a velar por las directrices que se ponen en sus sentencias.

Lea aquí: Corte ordena implementar plan de atención para niños wayuu en La Guajira

“Nosotros somos jueces y eso lo debe tener claro las autoridades ancestrales de las comunidades wayuu como las autoridades públicas. El seguimiento y aplicación de los recursos está en cabeza de otras entidades. Vamos a implorar, otra vez, que haya un trabajo en el que participe un delegado del procurador, del contralor de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo”, resaltó el magistrado.

El constitucionalista escuchó el testimonio de Rojas quien dijo que las pilas públicas, que no son otra cosa que lugares que sostienen el suministro y mantenimiento del agua potable en algunas zonas de la Alta Guajira, es una solución que no le pone fin a la problemática de falta de agua en el departamento. ”No se puede llamar solución a un negocio particular que beneficia a unas cuantas personas y que finalmente no llega con la cobertura universal que la Corte ha señalado en su decisión para la comunidad”, señaló el líder indígena.

Lea también: Comunidad Wayuu pide a Petro que los incluya en el plan de desarrollo nacional

Reclamó que la falta de suministro de agua que aqueja a su comunidad sigue siendo un riesgo para los niños que, inclusive, los lleva a la muerte. También reprochó que las atenciones de agua potable en La Guajira no se subsanan enviando carrotanques de 10 mil litros para más de 30 familias. “La atención a la salud no existe como tal. Continúa la emergencia humanitaria en nuestro territorio porque las comunidades siguen sufriendo las calamidades de ver a sus hijos morir semana tras semana”, expresó.

El líder indígena explicó que desde que la Corte estuvo en su territorio, el pasado 6 de junio, a la fecha, han muerto 13 niños, y que existe un subregistro que aún se desconoce. “Esta situación que vive nuestra comunidad es un exterminio físico cultural y silencioso”, resaltó. Los señalamientos del líder indígena sentaron un precedente para el magistrado Reyes quien no escatimó en anunciar que desde la Corte tomarán medidas para que la vulneración de derechos no sea una constante en esa zona del país.

Lea aquí: Los reclamos de la comunidad wayuu a Carbones del Cerrejón

“Hay desarticulación entre las entidades no hay inventarios de recursos hídricos. Las soluciones de agua son parciales y su sostenibilidad no está garantizada. Es decir, no ganamos nada con hacer más pilas públicas. Lo que está claro es que si no hay sostenibilidad de aquí a mañana no tendremos el poquito de agua que está llegando. Si con esto no hay un compromiso estoy seguro qué vamos a fracasar pronto”, resaltó el magistrado Reyes.

Por su parte, el viceministro de agua, José Luis Acero, por quien se realizó la sección técnica de este martes en el alto tribunal, expuso los avances que ha tenido su cartera ministerial. Aseguró que el país tiene cobertura de agua potable que casi alcanza el 94%, no obstante, aclaró que, para 2018, en la Alta Guajira ese porcentaje llegaba al 4%. La labor de todo del Gobierno Duque, a su juicio, ha permitido la construcción de más de 20 pilas públicas y aspiran a que se culminen con 70 en ese departamento.

Lea también: Minería de carbón en La Guajira: preocupación de los wayuú por el arroyo Bruno

Aunque la entidad del gobierno tuvo la oportunidad de defender los avances que ha tenido, el magistrado Reyes hizo un fuerte llamado para evitar vulneración. “La Corte en muchas ocasiones es la última esperanza de quienes no tienen voz, esperamos no defraudarlos mucho, pero, personalmente, me comprometo a que daremos muchos pasos hacia adelante”.

Reyes resaltó que “esta sesión la hemos hecho con un énfasis en mostrar el tema del agua por petición del viceministro del agua en lo que se ha hecho, pero haremos una sesión de empalme con el nuevo Gobierno y vamos a poner los puntos claros que de que somos jueces y que los jueces están hechos para imponer la Constitución inclusive contra la voluntad de quienes no quisieron cumplirla”, resaltó.

Lea aquí: La reivindicación de la mochila wayúu, el motor de la economía en La Guajira

Mientras el magistrado dio un jalón de orejas, desde la Consejería para las Regiones, en cabeza de Ana María Palau, dijeron que adelantan un “plan de choque” que tiene como objetivo verificar las inversiones que deben adelantar los diferentes ministerios comprometidos a erradicar la situación precaria en ese departamento. “Además de ese plan de intervención inmediata es hacer un trabajo y plan establecido que nos permita atender los diferentes objetivos de la sentencia. Lo que pretendemos es que podamos garantizar una ruta de carácter vinculante que independiente de los cambios de gobierno la comunidad tenga la tranquilidad que la herramienta existe”, explicó la funcionaria.

El gobernador de La Guajira, José Jaime Vega, por su parte, señaló que “hemos avanzado mucho en tema de agua potable, pero nos falta mucho más por hacer. Quedamos pendiente con la construcción de ese plan de acción especial de cumplimiento a la sentencia. No obstante, yo quisiera resaltar que hoy el departamento ya tiene 19 proyectos que van a impactar el sector del agua a los municipios de Uribia, Manaure y Riohacha que son los accionados y por el cual estamos aquí reunidos”.

Lea también: La justicia de la nación wayuu para los migrantes venezolanos

El mandatario departamental llamó la atención sobre la cantidad de “microacueductos” que tiene el departamento en este momento y que asegura podrían alcanzar un nivel alto para superar la calamidad que padecen en materia de agua. “Sabemos que el tema de pilas publicas impacta, pero en el momento que empiecen a funcionar de manera articulada y con sostenimiento empezaremos a prestar de mejor manera ese servicio rural de agua”, resaltó.

Aunque las entidades locales y nacionales en medio de la diligencia defendieron las labores adelantadas, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a que todavía esas vulneraciones a las comunidades indígenas en la Alta Guajira persisten y son una realidad. La defensora delegada para derechos colectivos y de medio ambiente, Sandra Rodríguez, dijo que la comunidad se encuentra ubicada en espacios de permanente amenaza por la ausencia de lluvias y procesos específicos de sequía.

Lea aquí: Misión internacional verificará la situación de indígenas de la Sierra Nevada

“Estos factores no son las únicas amenazas también persisten situaciones de aspecto social y económico que acentúan su vulnerabilidad. Por ello, para la Defensoría del Pueblo es preocupante la garantía de los derechos de los niños y niñas wayuu ante diversas vulneraciones a sus derechos fundamentales los cuales han ocurrido de manera sistematizada y generalizada”, explicó la funcionaria y resaltó que aunque en la diligencia de este martes se abordó una sola línea, son varios los derechos que son vulnerados como la salud, el agua y la alimentación.

Si bien la funcionaria resaltó la labor del Gobierno para mitigar esos flagelos, hizo un llamado porque aún considera que hacen falta más acciones. “Es preocupante para la Defensoría del Pueblo lo manifestado hoy por la comunidad. La lamentable muerte de 13 niños por causas asociadas por desnutrición”, explicó Rodríguez y añadió que lo que se requiere para evitar esas vulneraciones es implementar políticas públicas económicas y ambientales.

Lea también: Hambre en La Guajira, una deuda que no se salda

La funcionaria llamó la atención sobre la crisis alimentaria que padecen los niños de la comunidad, por lo que recalcó que es necesario fomentar políticas de alimentación y nutrición. Entre otras cosas, dijo que la falta de acompañamiento técnico para darle seguimiento a la Corte ha sido una falla constante que ha llevado a que la vulneración de derechos sea latente.

Los señalamientos de la Defensoría del Pueblo, así como las alertas que emitieron desde las propias comunidades fueron un llamado de alerta para el magistrado Reyes, quien no escatimó en anunciar que, junto con sus compañeros de Sala, entre ellos, la magistrada Paola Andrea Meneses, velará porque los derechos de los menores, sobre todo en esa zona del país, no sigan siendo vulnerados.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Síguenos en Google Noticias
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.