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17 Nov 2022 - 2:39 p. m.

¿Hasta dónde llega la justicia indígena? C. Constitucional le retira caso en Cauca

El año pasado, un campesino fue capturado y sancionado con cinco fuetazos por supuestamente estafar a miembros del Cabildo Indígena de Toribío (Cauca). La Corte protegió sus derechos al debido proceso y definió alcances de la justicia indígena en situaciones similares.
Imagen de referencia.
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Por orden de la Corte Constitucional, el campesino Giovanni Llanes será investigado por la Fiscalía, tras haber sido capturado y sancionado con cinco fuetazos por el Cabildo Indígena de Toribío (Cauca), a finales de 2021. El investigado por la justicia indígena logró que la Corte delimitara que su caso debía ser estudiado por a justicia ordinaria, tras haber sido tratado como un miembro más del Cabildo, cuando no se reconoce como tal y es oriundo de Apartadó (Antioquia).

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Llanes aseguró cumplir labores sociales en la cabecera municipal de Toribío, como ayudar a los habitantes a presentar derechos de petición y otros tramites ante entidades del municipio, incluidas las autoridades indígenas. Luego de interponer una serie de recursos ante el Cabildo Indígena, el 16 de noviembre de 2021 fue acusado y capturado por la autoridad étnica. Le dijeron que estaba cometiendo el delito de estafa y fue enviado al reclusorio, donde lo castigaron y lo privaron de su libertad.

El investigado, entonces, sostenía una relación sentimental con una mujer perteneciente al Cabildo, e incluso tenían un hijo que estaba registrado en el censo de la comunidad. Sin embargo, Llanes aseguró que no tenía ningún tipo de identidad cultural con los indígenas del Cauca y que, a pesar de la conformación de su hogar y la cercanía con algunos miembros, el juez competente para él estaba en la justicia ordinaria.

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La familia de Llanes interpuso un habeas corpus para lograr su libertad, pero nunca le prestaron atención. Entonces, inició un proceso de tutela que fue contestado por el Cabildo, el cual mencionó que Llanes había vivido por dos años en dominios de la comunidad y que conocía ampliamente “de los aspectos culturales, del ejercicio del gobierno propios, como también de sus usos y costumbres”.

En sentencia de enero de 2022, un Juzgado de Popayán (Cauca) protegió los derechos al debido proceso de Llanes y ordenó de inmediato su libertad. Señaló que “no se reconoce como indígena, por lo cual, al margen de que resida en ese territorio desde hace dos años y haya conformado unión marital de hecho con persona perteneciente a esa comunidad y hayan procreado una niña, ello no le confiere automáticamente el fuero indígena”.

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En segunda instancia, Llanes recibió la misma noticia, pero el caso fue escogido por la Corte Constitucional para su estudio como un hecho novedoso. El alto tribunal encontró que en este caso y en expedientes que a futuro sean estudiados por los jueces de la República, se debe acreditar el elemento personal del investigado. Llanes no tiene una identidad cultural con el Cabildo, no se identifica como indígena y no está reconocido o censado como integrante.

Por otro lado, la Corte consideró que el Cabildo si tenía indicios de que Llanes pudo incurrir en el delito de estafa, que tiene las mismas características bajo las consideraciones de la justicia indígena y de la justicia ordinaria. Al parecer, Llanes habría inducido al error a varios indígenas y se habría aprovechado de algunos. Si bien la Corte explicó que el Cabildo pudo iniciar acciones de justicia, pues las conductas habrían afectado la armonía del territorio, lo cierto es que los procedimientos fueron tan irregulares que resultó mejor dejar el caso manos de la Fiscalía.

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En casos parecidos, las autoridades indígenas deben tener claridad de cuándo comienza la investigación. Darle un espacio prudente al investigado para controvertir las pruebas en su contra. Proteger el debido proceso, como sostener las medidas de aseguramiento con argumentos firmes que vinculen al procesado con alguna conducta delictiva. Asimismo, sostener una hipótesis clara en contra del procesado. En este caso, por ejemplo, Llanes fue sancionado también por calumnia, desacato a la autoridad, abuso de confianza y falsedad en documento público.

“Si bien el Resguardo de Toribío (Cauca) relató contar con las instituciones indígenas, con capacidad para investigar y dictar justicia, esta Sala no puede desconocer que hay dudas respecto a las autoridades, procedimientos y sanciones y que terminan por amenazar la garantía del debido proceso de una persona externa a la comunidad, que está siendo investigado y de la cual no se desprende una identidad cultural”, concluyó la Corte Constitucional.

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