Una jueza de Barranquilla avaló este miércoles 8 de julio la medida de aseguramiento domiciliaria solicitada por la Fiscalía contra Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, y otras cinco personas por los delitos de secuestro simple y tortura.
La decisión llega días después de que los seis implicados llegaran a un preacuerdo con el ente acusador, mediante el cual aceptaron los cargos a cambio de una pena de cinco años y 10 meses de prisión. Ese acuerdo deberá ser ahora revisado por un juez de conocimiento antes de recibir aprobación definitiva.
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Durante la audiencia de medida de aseguramiento, la jueza Shiela Tatiana Ortega hizo un recuento del caso, revisó las pruebas presentadas por la Fiscalía y, con el aval de la defensa y del Ministerio Público, declaró legal la medida de aseguramiento, que consiste en detención en los lugares de residencia de los seis implicados. La jueza precisó, además, que a los procesados se les impondrá vigilancia electrónica para un mayor control por parte del Inpec.
Díaz González es señalado de hacer parte de una red de préstamos informales conocida como “gota a gota”. Él, junto con otras cinco personas, presuntamente habría participado en la retención ilegal y la agresión contra uno de sus propios cobradores, a quien se le atribuía la pérdida de entre COP 15 millones y COP 30 millones.
La víctima sería Carlos Alfredo Mejía. Según la Fiscalía, el hombre fue sacado de su residencia y trasladado hasta una vivienda del barrio La Granja, en Soledad. El ente acusador indicó que varios de los implicados llegaron en motocicletas hasta el lugar donde vivía la víctima, la intimidaron frente a sus familiares y la obligaron a subir a un vehículo que la trasladó hasta ese municipio.
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De acuerdo con la Fiscalía, durante el secuestro los presuntos responsables se comunicaron con la familia de Mejía para exigir COP 15 millones a cambio de su liberación. Mientras tanto, el hombre fue sometido a varias agresiones físicas: habría sido golpeado con tablas, tubos, armas de fuego y otros objetos contundentes.
Durante la audiencia de imputación de cargos, realizada el pasado 2 de julio, la Fiscalía sostuvo que Díaz llegó hasta el lugar donde la víctima estaba retenida, tomó personalmente el control de las agresiones y la golpeó con la cacha de una pistola mientras la interrogaba sobre el dinero.
En ese momento, la defensa de Díaz y de los demás capturados llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, mediante el cual todos aceptaron los cargos que se les imputan a cambio de una pena de 70 meses de prisión domiciliaria.
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El fiscal delegado ante jueces del Circuito, Rodrigo Restrepo, explicó que la pena se calculó a partir de la sanción mínima prevista para el delito de secuestro simple, de 128 meses de prisión, a la que se sumaron 12 meses adicionales por el concurso con el delito de tortura, para un total de 140 meses. Esa cifra fue reducida en un 50 % al haberse concretado el preacuerdo durante la etapa de imputación, lo que dejó la condena pactada en 70 meses.
Restrepo indicó también que el acuerdo tuvo en cuenta las acciones de reparación adelantadas por los procesados, entre ellas la devolución de los COP 3 millones que la familia de la víctima había entregado durante el secuestro, el pago de una indemnización cercana a los COP 10 millones y un compromiso formal de no repetición, asumido tras un encuentro entre los implicados y el afectado.
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Junto con Díaz González son procesados Keiner Enrique Rocha Gamero, Dairo Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Stiven Rafael Bolaños De la Hoz y Alexis Rafael Jiménez Urina. Con la legalización del preacuerdo y la imposición de la medida domiciliaria, el expediente será remitido a un juez de conocimiento, quien tendrá la última palabra sobre la aprobación definitiva del acuerdo suscrito entre la Fiscalía y las seis personas.
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