Hace solo tres semanas llegaron a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia las dos demandas con las que la Fiscalía y las víctimas acreditadas en el caso contra Álvaro Uribe Vélez buscan tumbar su absolución, y ese recurso ya enfrenta su primer enredo. El magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, recién nombrado presidente de esa instancia, fue recusado por los abogados Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba, quienes representan al senador Iván Cepeda y a Deyanira Gómez, exesposa del testigo Juan Guillermo Monsalve.
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La noticia de la recusación se conoció en la mañana del pasado lunes, tres días después de haber sido radicada ante el despacho del magistrado Solórzano Garavito, con el objetivo de que se aparte del expediente que busca resolver si Uribe Vélez es culpable o inocente de los tres delitos por los que fue investigado: soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. La razón detrás de esa petición es que el hijo del magistrado que tiene en sus manos la revisión del caso tiene un cargo clave en la Procuraduría que podría influir en la decisión final del alto tribunal.
El Espectador conoció la recusación completa interpuesta por los abogados Del Río y Villalba, que ya está en manos de la Corte Suprema para que decida si acepta o no ese recurso. El documento de 11 páginas argumenta que la relación entre el magistrado Solórzano Garavito y su hijo, Carlos Roberto Solórzano Rojas, podría “nublar la imparcialidad” del alto tribunal a la hora de revisar el expediente y decidir si mantiene en firme la decisión de segunda instancia a favor del expresidente o si lo envía a casa por cárcel, como decidió la jueza de primera instancia.
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Los detalles de la recusación
Carlos Roberto Solórzano Rojas, hijo del magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, está en el centro de la recusación contra el togado de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un abogado que hace diez años, en 2015, litigaba en la oficina de su padre: Carlos Roberto Solórzano Abogados SAS. Según su perfil de Función Pública, trabajó allí hasta el 31 de mayo de 2023. Un año después, el 8 de mayo de 2024, fue nombrado asesor de grado 24 en la Procuraduría Delegada de Intervención 5: Tercera para la Investigación y Juzgamiento Penal.
El despacho al que llegó a trabajar el hijo del magistrado Solórzano Garavito, ponente del recurso de casación del caso Uribe, era el del procurador Bladimir Cuadro Crespo; el mismo que había sido designado como delegado del Ministerio Público para acompañar el proceso penal en contra del expresidente, por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Tanto Solórzano Rojas como Cuadro Crespo aún hacen parte del caso en contra del líder natural del Centro Democrático.
Para los abogados Del Río y Villalba, la coincidencia de que el hijo del magistrado que debe resolver el caso del expresidente trabaje en el despacho del procurador asignado para el mismo expediente, pone en riesgo la autonomía con la que el togado pueda evaluar el expediente y proponer una decisión. En su concepto, la independencia judicial es “un principio esencial de la administración de justicia, pues solo de esta manera serán legítimas las decisiones adoptadas por los jueces de la República”, según se lee en la recusación.
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Para los juristas, la relación de padre e hijo entre el magistrado y el funcionario de la Procuraduría, que es de primer grado de consanguinidad, pone en riesgo “que los jueces fallen únicamente con base en criterios legales y no con valoraciones personales que nublen su objetividad”. En ese sentido, la recusación pide que el magistrado Solórzano Garavito se aparte de la decisión que discuta la Corte Suprema de Justicia con relación a la culpabilidad o inocencia del expresidente Uribe Vélez, y que el expediente pase al despacho de otro togado.
“Se encuentra acreditado que esta relación paternofilial tiene la potencialidad de afectar la imparcialidad del magistrado ponente, pues es su hijo el asesor del Ministerio Público al interior del proceso”, se lee en la recusación. La petición agrega que esa coincidencia entre magistrado y funcionario de la Procuraduría es aún más grave por cuenta del rol “bastante activo” que el procurador Cuadro Crespo ha tenido dentro del proceso contra el expresidente Uribe Vélez, con sus intervenciones e incluso apeló la sentencia de primera instancia que condenó a Uribe Vélez.
En noviembre de 2024, por ejemplo, el procurador Cuadro Crespo le dio un espaldarazo a Uribe Vélez cuando apeló la decisión de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, que le dio luz verde al uso de las interceptaciones telefónicas entre el expresidente y su exabogado, el hoy también condenado Diego Cadena, para que hicieran parte de las pruebas del caso. En su concepto, al avalar esas pruebas se “violaron las garantías” del político. Finalmente, las grabaciones fueron avaladas y tuvieron un rol clave en el fallo de primera instancia.
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Insistiendo en esa postura, el procurador Cuadro Crespo apeló la primera decisión que condenó a Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria. El delegado del Ministerio Público radicó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá un documento de 81 páginas en el que argumentó que durante el juicio no se había podido comprobar que Uribe Vélez hubiera sido el “arquitecto” de un esquema criminal en el que determinó al abogado Cadena para que comprara. ¿La razón? Las interceptaciones telefónicas no darían cuenta de esa acción ilegal.
“Todas estas actuaciones procesales demuestran la actividad del Ministerio Público y su importancia, por lo menos, en este caso. Por tanto, en aras de mantener la expectativa social de imparcialidad que debe profesarse sobre los funcionarios judiciales, resulta pertinente que el honorable magistrado sea apartado del conocimiento del caso”, señala la recusación. El abogado Del Río le dijo a este diario que Cuadro Crespo debió advertir ese problema cuando el caso llegó a las manos del magistrado Solórzano Garavito, pero le queda la pregunta de por qué no lo hizo.
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¿Qué ha pasado en el caso de Uribe?
Casi una década después de que la Corte Suprema de Justicia empezara a investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y después de pasar por la justicia ordinaria, su caso de presunta manipulación de testigos está hoy de nuevo en manos del alto tribunal. El origen de todo está en un debate del Congreso citado por el senador Cepeda, para hablar sobre los señalamientos de una posible relación entre el expresidente y su familia con grupos paramilitares en Antioquia. Uribe Vélez no asistió al debate y denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos.
El expediente dio un giro y empezó a acumular folios en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia dijo que no había indicios suficientes para investigar al senador Cepeda, pero sí a Uribe Vélez. El expresidente, que por entonces era senador de la República, renunció a su fuero y el caso pasó a la justicia ordinaria, que, tras años de recopilar pruebas, escuchar a testigos y armar el complejo rompecabezas de este caso, el 9 de abril de 2024 la Fiscalía llamó a juicio al expresidente, con la fiscal Marlenne Orjuela al frente del expediente.
Fue la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, quien el 28 de julio de 2025 citó a una diligencia que duró cerca de diez horas para emitir el sentido del fallo en contra del expresidente. En el documento de 1.114 páginas, la jueza argumentó las razones por las que condenó a Uribe Vélez por su responsabilidad en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Solo lo absolvió del cargo de soborno simple, por duda razonable; es decir, porque no halló pruebas ni argumentos suficientes para declararlo culpable o inocente.
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El abogado Jaime Granados, quien lideró la defensa del líder natural del Centro Democrático y es uno de sus abogados de confianza, apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. También el Ministerio Público, representado por el procurador Cuadro Crespo, apeló esa decisión con argumentos relacionados con la ilegalidad de las interceptaciones telefónicas. Fue el magistrado Manuel Antonio Merchán, de la Sala Penal de esa instancia, quien durante dos meses y medio estudió el expediente con el objetivo de emitir una decisión de segunda instancia.
Luego, el 21 de octubre de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá salió con su sentencia de segunda instancia y tumbó de tajo la condena proferida por la jueza Heredia Aranda. De paso, esa instancia criticó fuertemente a la jueza y a la Fiscalía por lo que, en su concepto, fueron graves fallas en su trabajo relacionadas, por ejemplo, con la forma en la que fue imputado el expresidente. La magistrada María Leonor Oviedo Pinto fue la única que se apartó de la decisión y salvó su voto argumentando a favor de la decisión de primera instancia.
Con una sentencia que condenaba al político del Centro Democrático y otra que lo absolvía y lo alejaba de la obligación de tener que pagar casa por cárcel, los representantes de las víctimas acreditadas en el caso (Iván Cepeda, Deyanira Gómz, Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre) se jugaron su última carta: el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Es allí donde está el caso desde el pasado 13 de enero, cuando fueron radicadas las demandas de casación con las que intentan tumbar la absolución del presidente y dejar en firme el fallo que lo condenó.
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¿Qué viene ahora con el expediente de Uribe?
Por ahora, lo más urgente que debe hacer la Corte Suprema de Justicia es resolver la recusación en contra del magistrado Solórzano Garavito. Serán los togados de la propia Sala de Casación Penal del alto tribunal los que discutirán si aceptan el recurso de los abogados Del Río y Villalba o lo niegan. De aceptarlo, el magistrado tendrá que declararse impedido, apartarse de la revisión del expediente de Álvaro Uribe Vélez y entregarle esa labor al nuevo magistrado que sea designado.
En caso contrario, el magistrado Solórzano Garavito, quien además es el presidente de la Sala de Casación Penal para este año, podrá seguir adelante en su revisión del caso y redactar la ponencia que discutirá junto a los demás magistrados de su sala. Un proceso para el cual no hay en el horizonte un tiempo estimado, pues el alto tribunal tiene hasta cinco años para resolver la casación y determinar, como último juez, si Uribe Vélez es culpable o inocente de los delitos por los que lleva casi una década con la lupa de la justicia puesta sobre él.
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Por Gustavo Montes Arias
