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Tres jefes de las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá Córdoba” en la región del Catatumbo (Norte de Santander) fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en delitos cometidos en el marco de la crisis humanitaria que vive desde enero de 2025 esa zona del país. Los integrantes del frente 33 de ese grupo al margen de la ley se conectaron desde la selva a la audiencia de imputación.
Se trata de Javier Alonso Velosa García, alias “Jhon Mechas”, jefe del Bloque Magdalena Medio de las disidencias; Carlos Eduardo García Téllez, alias “Andrey Avendaño”, jefe político de ese grupo armado; y Farby Edison Parra Parra, alias “Richard”, jefe financiero de la estructura criminal. Willington Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”, preso en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota (Bogotá), también fue citado a la audiencia de imputación. Sin embargo, no se pudo conectar y su imputación fue reprogramada.
En los videos de la audiencia se ve a los jefes de las disidencias de las Farc conectados de forma virtual desde la selva. Según Raúl González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, el contacto con ellos fue posible a través de la oficina de Otty Patiño, consejero comisionado de Paz. Es ese mismo despacho del gobierno del presidente Gustavo Petro el que coordina las negociaciones de paz por las cuales estas personas no tienen órdenes de captura activas.
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Estas personas fueron imputadas por los hechos ocurridos entre enero y abril de 2025, cuando las confrontaciones entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) llevaron a la región y al país a una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas. En esos hechos murieron civiles y uniformados, se violaron derechos humanos y fueron desplazadas más de 60.000 personas.
Son, en total, 155 hechos criminales por los cuales la Fiscalía imputó a estas personas. El ente investigador señaló que los jefes guerrilleros les habrían ordenado a los integrantes de sus estructuras armadas “tomar el control territorial absoluto a través del uso de armas y rentas ilícitas” en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí. En ese sentido, “promovieron acciones violentas, generaron miedo y zozobra en la comunidad y ocasionaron graves violaciones a los derechos humanos”, dijo la Fiscalía.
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El delegado González Flechas detalló que estas tres personas son señaladas de forma directa por 37 casos de homicidio, 31 de reclutamiento forzado de menores de edad y 87 desplazamientos forzados. A todos les imputaron los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Ninguno de ellos aceptó los cargos. Tampoco serán capturados.
La razón es que, pese a esta imputación, estas personas están amparadas por la suspensión de órdenes de captura y solicitudes de extradición mientras estén en negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. El asunto ha sido punto de controversia entre la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la oficina del Consejero Comisionado de Paz, pues los límites de esas suspensiones no han estado del todo bien delimitados y, por ejemplo, Estados Unidos anunció que ayudará para capturar a los jefes criminales de grupos como este.
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Pese a esas suspensiones, la Fiscalía señaló que seguirá avanzando en las investigaciones relacionadas con la violencia que han atizado grupos al margen de la ley como las disidencias de las Farc. “Se han realizado y materializado varias actuaciones judiciales que dan cuenta de la política de la señora fiscal general de la Nación en cuanto a que, pese a que haya suspensión de órdenes de captura contra algunos integrantes de estas estructuras en proceso de paz, las investigaciones continúan”, dijo el delegado.
El funcionario agregó que, además de esta imputación, se han expedido órdenes de captura contra seis integrantes del Eln: “Antonio García”, “Pablo Beltrán”, “Pablito”, “Silvana Guerrero”, “Alfred” y “Andino”. “Se han obtenido 14 órdenes de captura contra autores materiales de homicidios en la confrontación del Catatumbo. De esas, 146 ya materializadas con imputaciones por concierto para delinquir, terrorismo, por ilegal de armas de fuego y obviamente homicidios de la región”, concluyó el funcionario.
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