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8 Nov 2021 - 1:55 p. m.

Imputan a exalcalde de Manaure por contratos contra la mortalidad infantil

El exalcalde y la exsecretaria de Salud del municipio habrían causado un detrimento patrimonial de más de $2.800 millones, según las pruebas de la Fiscalía.
Desde el inicio de la cuarentena, el ICBF logró obtener 400 toneladas de bienestarina para hacerla llegar a los niños con mayores riesgos de desnutrición en el país.
Desde el inicio de la cuarentena, el ICBF logró obtener 400 toneladas de bienestarina para hacerla llegar a los niños con mayores riesgos de desnutrición en el país.
Foto: Archivo particular

El exalcalde de Manaure (La Guajira), Davis Díaz Rivera; y a la exsecretaria de Salud, Angélica Manotas Moscote; fueron imputados por un juez de control de garantías por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos por contratos que habrían suscrito para, supuestamente, brindar atención a familias wayúu.

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Según dijo el ente investigador, a mediados de 2015, debido al fenómeno del niño, Manaure (La Guajira) declaró calamidad pública para evitar la mortalidad infantil en comunidades indígenas de la zonas desérticas. Con esto así, la administración del municipio, en cabeza de Rivera, suscribió un contrato con la IPS Sol Wayúu, para brindar atención a 2.000 familias de esa etnia. Según dice la Fiscalía, a pesar de los compromisos, la mayoría de la población no fue beneficiada como se pretendía.

Por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio, en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público —este último imputado solo a Manotas Moscote— ninguno de los dos aceptó responsabilidad alguna. Según la investigación de la Fiscalía, el contrato firmado, cuyo valor era de $8.000 millones, pretendía ayudar a “niños, madres gestantes y mujeres de comunidades indígenas, con la entrega de kits alimenticios, agua potable, atención en salud y medicamentos, así como un componente informativo, en un término de 5 meses”, según sostuvo el ente investigador.

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La Fiscalía sostiene que recaudaron pruebas que demostrarían que se habrían violado “los principios de transparencia, selección objetiva y planeación”. Asimismo, entre las presuntas irregularidades encontradas por el ente investigador, está la definición de un contratista con antelación; también que que la IPS Sol Wayúu no contaba con la capacidad para ejecutar el contrato, razón por la cual habría tenido que utilizar los servicios de terceras empresas que habría ejecutado el 65% de todas las actividades: compra de mercados, agua, logística, transporte y elaboración de folletos.

Dentro del caso, las pruebas sostendrían que la IPS no tenía autorización de la Secretaría de Salud (la cual fue una de las entidades contratantes) para ejecutar actividades médicas en zonas rurales, específicamente las relacionadas con pediatría, ginecología, nutrición y servicios farmacéuticos. De acuerdo con el ente investigador, el exalcalde y la exsecretaria de Salud contrataron una cantidad exorbitante de médicos para los supuestos servicios.

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En algunos casos, dice la Fiscalía, “se habrían facturado sueldos de especialistas por $58 millones mensuales, pero estos profesionales nunca visitaron las rancherías”. De la misma manera, el ente investigador sostuvo que al parecer dejaron de comprar 209.000 litros de agua potable y 6.000 latas de suplemento alimenticio; tampoco se hizo entrega de medicamentos y el sobrecosto de los insumos adquiridos habría alcanzado el 600%. Igualmente, hubo irregularidades en la facturación de los contratos de traductores de lengua wayuunaiki, ya que, al parecer, esta labor al parecer la ejecutaron conductores o enfermeras.

Con todas las irregularidades de estos contratos de salud, la Fiscalía asegura que causaron un detrimento patrimonial de al menos $2.839 millones. El ente investigador dice que entre julio y diciembre de 2015, cuando se estaba ejecutando el contrato, Díaz Rivera, el exacalde, recibió la suma de al menos $1.980 millones y la exsecretaria de Salud, Manotas Monsalve, habría aceptado dádivas por $230 millones.

Así mismo, La Guajira está sufriendo una situación de desplazamientos forzados por la lucha entre clanes wayúu. La ONG Nación Wayuu informó que cerca de 30 familias indígenas llegaron hasta Rioacha en calidad de desplazados, ya que la familia Urrariyu les dio 24 horas para salir de Topia. Estas familias “durmieron a la intemperie sin que la Gobernación de la Guajira les brindara las ayudas humanitaria correspondientes, por lo que hoy deciden de manera autónoma encadenarse frente a las instalaciones de la Gobernación para que se les brinde las garantías necesarias de seguridad y retorno a sus territorios”, explicó Nación Wayuu.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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