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Imputan a exgobernador de Cesar por presuntas irregularidades en parque “Casa en el Aire”

Francisco Fernando Ovalle fue imputado por presuntas irregularidades en el trámite de la construcción del parque “Casa en el Aire”, en Valledupar (Cesar). El exmandatario no aceptó los cargos.

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09 de diciembre de 2025 - 10:30 p. m.
En la investigación adelantada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia se conoció que por la forma en la que se planteó el parque sin garantizar las fases siguientes, la “Casa en el Aire”, quedó en abandono y comenzó a deteriorarse.
En la investigación adelantada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia se conoció que por la forma en la que se planteó el parque sin garantizar las fases siguientes, la “Casa en el Aire”, quedó en abandono y comenzó a deteriorarse.
Foto: Sebastián López Ramírez
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El exgobernador del Cesar, Francisco Fernando Ovalle Angarita, fue judicializado e imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, no aceptó los cargos.

Según indicó la Fiscalía General de la Nación, los elementos probatorios darían cuenta de presuntas irregularidades en el trámite de un contrato de obra suscrito para la construcción del parque “Casa en el Aire”, en Valledupar (Cesar).

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El contrato tuvo un valor inicial de más de COP 6.000 millones. Este habría sido tramitado con el aval del entonces gobernador y se habría establecido que los recursos para su pago provenían del Sistema General de Regalías —Asignaciones Directas Departamentales.

Sin embargo, según el ente investigador, las especificaciones técnicas y el presupuesto fueron limitados solo a la primera etapa del proyecto. En la investigación adelantada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia se conoció que por la forma en la que se planteó el parque sin garantizar las fases siguientes, la “Casa en el Aire”, quedó en abandono y comenzó a deteriorarse.

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La Fiscalía también señaló que “se identificaron deficiencias en la localización que obstaculizaron la obtención de la licencia de construcción, lo que exigió la adición de nuevos recursos”. Según el ente investigador, aunque el contrato correspondió exclusivamente al costo inicial de la obra, para su financiación se autorizó un crédito bancario a 10 años, garantizado con recursos de regalías.

“Esto generó un incremento por concepto de servicio a la deuda que, sumado a la posterior adición, permitió que el valor total del proyecto ascendiera a más de COP 14 millones de pesos, sin garantizar la etapa posterior”, indicó la Fiscalía.

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