El exgobernador de Casanare, Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, (2008-2011), y su exsecretario privado, Julio Flórez Sarmiento, quien también ejerció como mandatario encargado en varias oportunidades, fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de salud en 2008.
Según el ente acusador, ambos exmandatarios habrían participado en la firma de dos contratos y dos convenios relacionados con actividades de promoción y prevención en salud. Dichos acuerdos, señaló la Fiscalía, que no cumplieron con los requisitos legales ni con los principios de transparencia, planeación y selección objetiva exigidos en la administración pública.
Según la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el exgobernador Flórez Chávez habría salido del país y se habría apartado del cargo en varias ocasiones argumentando comisiones de servicio.
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Esa ausencia, indicó la Fiscalía, habría sido utilizada para facilitar que su exsecretario Flórez Sarmiento asumiera temporalmente como gobernador encargado y liderara la adjudicación de los contratos cuestionados.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los dos exgobernadores el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cometido en cuatro oportunidades. Durante la diligencia, ninguno de los señalados aceptó los cargos.
Los procesos investigados son los contratos 085 y 151 de octubre de 2008 y los convenios interadministrativos 200 y 238 de diciembre del mismo año. Todos estos instrumentos tenían como objetivo ejecutar acciones en salud pública dentro del Plan Departamental de Salud. Sin embargo, las pesquisas dan cuenta de presuntas fallas estructurales en las etapas precontractual y contractual.
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El ente acusador asegura que los exfuncionarios no habrían tenido en cuenta principios esenciales como la selección objetiva, la planeación, la transparencia y la responsabilidad. Pese a que la normativa vigente exigía priorizar la contratación con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas, la administración habría optado por entidades privadas en dos de los contratos. Y en los otros dos, aunque se escogió una entidad pública, la Fiscalía sostiene que no fue verificada adecuadamente su idoneidad para cumplir los contratos públicos.
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