José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general de la Cancillería de Colombia durante la gestión de Álvaro Leyva Durán, fue imputado por la Fiscalía por su posible participación en el llamado caso de los pasaportes. El exfuncionario tendrá que responder por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Ante un juez de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía le comunicó al exfuncionario el inicio de la investigación formal en su contra porque, al parecer, habría participado en la adjudicación irregular de un contrato de COP 559.000 millones para la expedición, almacenamiento y entrega de pasaportes que quedó en manos de la firma Thomas Greg and Sons.
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La investigación en contra del exsecretario general de la Cancillería tiene su origen en las tres resoluciones emitidas por el entonces canciller Leyva Durán entre el 13 y el 14 de septiembre de 2023, con las cuales se habría desviado de forma injustificada el contrato que, según el equipo evaluador, debía ser entregado a la Unión Temporal Pasaportes 2023, de la que hacía parte la empresa Thomas Greg and Sons.
La primera resolución declaró desierta la licitación de los pasaportes y frenó la entrega del contrato a Thomas Greg and Sons. La empresa respondió a esa decisión con un recurso de reposición que fue respondido directamente desde el despacho de Leyva Durán solo un día después, el 14 de septiembre de 2023, y en el que se mantenía a raya en su decisión de declarar desierta la invitación pública.
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Como si fuera poco, según la Fiscalía, Leyva Durán terminó de cerrarle la puerta a Thomas Greg and Sons con una tercera resolución, también del 14 de septiembre de ese año, en la que declaró la urgencia manifiesta durante 12 meses. Esa figura, en plata blanca, le daba a la Cancillería la facultad para entregar de forma directa el contrato para la producción y distribución de pasaportes colombianos.
Un par de meses después, en febrero de 2024, el entonces secretario Salazar Ramírez habría actuado también en contra de la ley dentro del mismo escándalo de los pasaportes. El 26 de febrero de ese año, según la Fiscalía, el hoy exfuncionario emitió tres nuevas resoluciones con las que habría echado para atrás las decisiones de su jefe: revocó la declaratoria desierta de la licitación, negó la reposición de Thomas Greg and Sons y terminó de forma anticipada la urgencia manifiesta.
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Con esas movidas, según la Fiscalía, José Antonio Salazar le habría dado vía libre a la entrega del contrato a un único proponente en la licitación: Thomas Greg and Sons. “Con estas actuaciones habría excedido sus competencias, en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional”, señaló el ente investigador sobre la imputación. Al tiempo que en las oficinas de la Cancillería ocurrían estas movidas administrativas, según la Fiscalía, otro negocio se movía en el departamento del Meta, relacionado con las finanzas de José Antonio Salazar.
Según los funcionarios del búnker, entre el 18 de agosto de 2022 y el 26 de febrero de 2024, tiempo en el que fue secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, el exfuncionario compró un predio de COP 950 millones en Puerto López. Al parecer, “sin tener una justificación financiera. No se advierten transferencias o créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que soporten la compra de los inmuebles”, como indicó el ente investigador.
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