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Remiten a 29 exmilitares al Tribunal para la Paz de la JEP por falsos positivos en Huila

Los exmilitares hicieron parte de tres unidades adscritas a la novena brigada del Ejército Nacional. En agosto de 2024, frente a más de 120 víctimas, aceptaron su imputación como máximos responsables de graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre los años 2005 y 2008.

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17 de junio de 2026 - 03:28 p. m.
El magisstrado Alejandro Ramelli Arteagam presidente de la JEP, y la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, fueron quienes dieron a conocer la decisión.
El magisstrado Alejandro Ramelli Arteagam presidente de la JEP, y la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, fueron quienes dieron a conocer la decisión.
Foto: JEP
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Ante el Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron postulados 29 exmilitares que aceptaron su responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos ocurridos en el departamento del Huila entre los años 2005 y 2008. Los exintegrantes del Ejército ahora están a un paso de recibir su sentencia restaurativa de la justicia transicional.

La decisión se conoció en la mañana de este miércoles 17 de junio, por parte del magistrado Alejandro Ramelli Artega, presidente de la JEP, y la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de esa instancia. La remisión de sus casos responde a la verificación del cumplimiento de requisitos de parte de los comparecientes.

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Los casos de los 29 exmilitares, imputados como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad e incluidos en esta resolución de conclusiones remitida al Tribunal para la Paz, hacen parte del subcaso Huila del caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

La decisión cobija al coronel (r) Carlos Yair Salamanca Robles y a los tenientes coroneles (r) Orlando Pico Rivera, Ricardo Andrés López García, Jair Arias Sánchez, Faiver Coronado Camero, Alejandro León Campos, Mario Hernán Duarte Méndez, Luis Carlos Aguilera Quintero, Domingo Peña Cepeda, Ómar Oswaldo Ojeda Oliva y Leonardo Ayala Remolina.

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También a los mayores (r) Felipe Andrés Ramírez Gómez, Francisco Adrián Álvarez Calderón, Ángel Fernando Carvajal Rojas y Julián Andrés Calderón Motta; a los capitanes (r) Miller Damián Forero Cruz, Jesús Mauricio Jiménez Botina y Carlos Mahecha Bernal. Se suman a los sargentos viceprimeros (r) Jhon Esteban Urueta Ballesteros, Desaix de Jesús Palomino Mejía y Fernando Riveros Sarmiento.

Completan la lista los sargentos segundos (r) William Andrés Capera Vargas y Carlos Hernán Rodríguez Vera; el cabo primero (r) José Roldán López Cerón y los soldados profesionales (r) Luis Rodolfo Mulcué Sanza, Willinton Espinoza Baquero, Roberto Yesid Quintero Quintero, José Yaty Anacona Bueno y Francisco Javier Castañeda Alfaro. Todos hicieron parte de tres unidades adscritas a la novena brigada del Ejército en Huila.

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La JEP encontró que los 29 exmilitares hicieron parte de “un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados, con el objetivo de dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y una mayor legitimidad institucional”. A diferencia de otros sitios del país, en Huila actuaron solos y no en alianza con paramilitares.

Cuando el caso llegó a la JEP, la justicia ordinaria había emitido 15 condenas en contra de personas específicas y hechos puntuales. Sin embargo, la investigación adelantada por la justicia transicional y la escucha de más de 130 versiones voluntarias y siete testimonios permitió mapear violencias en contra de 434 víctimas, solo en Huila, de las 4.990 acreditadas en el caso 03.

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Entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó a 36 exmilitares como máximos responsables de 204 homicidios, incluidos 35 casos de desaparición forzada, y ocho tentativas de homicidio ocurridas en Huila entre 2005 y 2008. Los 29 enviados hoy al Tribunal para la Paz aceptaron su responsabilidad. Los demás, al no aceptar responsabilidad, fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación.

Al tiempo que en esa instancia se define la sanción propia en contra de estos comparecientes, los exmilitares avanzan en el desarrollo de proyectos restaurativos con y para las víctimas, relacionados con la búsqueda de los desaparecidos y la memoria histórica. A la fecha se han adelantado ocho jornadas de intervención en el Cementerio Central de Neiva, el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito (Huila) y el Cementerio Jardines de Paz de Florencia (Caquetá), donde han recuperado los cuerpos de 71 desaparecidos.

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La segunda iniciativa de trabajo anticipada se llama “Ruta de la Memoria y la Reconciliación” y es liderada por el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio. En ese contexto, once comparecientes se reunieron con las víctimas y trabajaron juntos en la creación de murales pétreos en municipios del Huila para mantener viva la memoria de las víctimas. Uno de estos murales fue entregado el pasado mes de marzo en Isnos.

Finalmente, los comparecientes avanzan en el desarrollo de piezas divulgativas para restablecer el buen nombre de las víctimas y de sus seres queridos. El objetivo es poner en la conversación pública la voz de los exmilitares que desvirtuarán públicamente las falsas acusaciones que fueron utilizadas para encubrir los graves crímenes cometidos en contra de la población civil.

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