Cinco de los presuntos articuladores principales de una red delictiva fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías. Son señalados de extraer oro de manera ilegal en las regiones del nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, y de coordinar posteriormente su comercialización.
Se trata de María Consuelo Jiménez Salazar, quien, según el ente investigador, sería la encargada de administrar el dinero producto de la minería ilegal y de coordinar la “obtención del metal y su venta”. También fueron identificados Yurley Orrego Trujillo y Luciano Antonio Arbeláez Ochoa, señalados como presuntos administradores de varios frentes de explotación ilícita de minerales.
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Entre ellos también se encuentra Jhon Wilmar Cabrera González, quien tendría a su cargo el transporte de repuestos y la contratación de mecánicos para la reparación de la maquinaria amarilla utilizada en los entables mineros. Asimismo, figura Bernardo de Jesús Orrego Barrios, a quien la Fiscalía le atribuye el préstamo de un título minero para legalizar tres lingotes de oro que le fueron incautados a uno de los integrantes de la red criminal.
El ente investigador evidenció que los elementos materiales probatorios indican que el grupo “también estaría implicado en el pago de dinero a algunos servidores para que alertaran sobre operativos en la zona, así como a estructuras criminales con injerencia en el departamento, para que facilitaran las labores de extracción, transporte y comercialización del oro”.
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Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente les imputó, por su posible participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir con fines de explotación ilícita de yacimiento minero, extracción ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y fraude procesal.
Cuatro de estas cinco personas aceptaron cargos y todas deberán permanecer privadas de la libertad en su lugar de residencia. Según indicó la Fiscalía, recientemente a esta red le fueron afectados, con medidas cautelares y con fines de extinción del derecho de dominio, bienes avaluados en más de COP 373.000 millones.
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