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La Procuraduría General abrió una indagación previa en contra de varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por la presunta negociación que se adelantó con el Clan del Golfo en el marco de la iniciativa de paz total. El ente de control concretamente sigue la pista al excomisionado de Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y el jefe de contrainteligencia, Ricardo Rosania.
En el oficio, la Procuraduría también solicitó escuchar las declaraciones del general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, quien, en declaraciones a medios de comunicación, aseguró el pasado 25 de junio que durante el período en el que ejerció el cargo recibió diferentes llamadas de la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia.
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Según su testimonio, en esas comunicaciones se cuestionaban procedimientos policiales contra grupos armados que, supuestamente, interferían con la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Además, el Ministerio Público también pidió al Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Dirección Nacional de Inteligencia entregar toda la documentación relacionada con las reuniones, acercamientos y actuaciones con el Clan del Golfo.
Las pesquisas del Ministerio Público se dan en el marco de la polémica generada por los audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre presuntos acuerdos entre el excomisionado de Paz, Danilo Rueda; y el Clan del Golfo. El entonces funcionario, supuestamente, hizo ofrecimientos a ese grupo armado de beneficios como frenar bombardeos, desescalar operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia.
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Según la información revelada por el noticiero, en septiembre de 2022, Rueda le habría ofrecido a uno de los jefes del Clan del Golfo, conocido como alias Jerónimo, suspender los ataques armados, así como la salida de altos mandos del Ejército, la Policía y las entidades de inteligencia nacional a cambio de iniciar diálogos con esa organización criminal, la más grande y poderosa del país, con más de 9.000 integrantes.
Tras conocerse los audios sobre los supuestos encuentros, el exministro Velásquez, ahora embajador de Colombia en El Vaticano, se pronunció en sus redes sociales sobre la salida de altos oficiales del Ejército. “La evaluación de altos oficiales de la Fuerza Pública que realicé desde aproximadamente dos semanas antes de asumir el cargo de ministro de defensa, fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones, como bien lo supo desde sus inicios el director de la unidad investigativa, Ricardo Calderón, especialmente en lo relacionado con los oficiales de la Policía Nacional y del Ejército Nacional”, dijo.
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El exministro sostuvo también que Danilo Rueda no tuvo injerencia en la salida de altos oficiales de la institución. “El señor Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial, de manera que no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno”, escribió en su cuenta de X.
Asimismo, dijo que “las negociaciones o acuerdos a que hubiere llegado el señor Rueda con el Clan del Golfo o con cualquier otro grupo armado ilegal, como se escucha en las grabaciones que dio a conocer el mencionado medio de comunicación, no fueron conocidas por mí ni antes ni después de producidas y por lo tanto no tuvieron ningún efecto en las decisiones que adopté con el señor presidente de la República”.
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Por su parte, el excomisionado Rueda, a través de un comunicado, aseguró que el informe periodístico no incluyó su versión de los hechos y denunció amenazas y estigmatizaciones. “Ante la furia desatada en redes a raíz de un informe periodístico que no contrastó mi versión, se me ha estigmatizado y se me ha amenazado. Ante la imposibilidad de dar a conocer el contexto correspondiente, me permito realizar las siguientes precisiones”, escribió el exfuncionario.
Rueda defendió además su gestión como jefe de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entre agosto de 2022 y diciembre de 2023 y aseguró que todas sus actuaciones se desarrollaron “conforme a la Constitución, la ley y el derecho internacional”.
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