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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para determinar cuáles funcionarios de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) habrían incurrido en presuntas irregularidades en la ejecución de un convenio de cooperación internacional firmado en 2023 por cerca COP 176 mil millones.
La Procuraduría señaló que el objetivo del convenio es la ejecución técnica de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar). Al parecer, los recursos del contrato se habrían utilizado para financiar viajes internacionales de funcionarios administrativos, conductores, contratistas y acompañantes, cuyas funciones no tendrían relación con los compromisos del acuerdo.
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Además, el ente de control indicó que, entre otras presuntas irregularidades, investiga si funcionarios de la ADR habrían asistido a eventos en China y México sin contar con las debidas autorizaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ni del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Dentro de las pruebas solicitadas por el Ministerio Público están la copia del convenio, así como los informes de supervisión y los actos administrativos mediante los cuales fueron designadas las delegaciones que asistieron como comisión oficial a diferentes eventos fuera del país.
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Finalmente, la Procuraduría precisó que con esta indagación busca identificar o individualizar a los posibles autores y partícipes, “con el propósito de determinar la procedencia o no de la apertura de una investigación disciplinaria”.
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