La Industria Militar (Indumil) rechazó este 24 de noviembre las versiones divulgadas por Noticias Caracol que apuntan a la presunta participación de su presidente, el coronel (r) Juan Carlos Mazo, en una supuesta reunión con emisarios de las disidencias de las Farc para “montar una empresa de seguridad legal” que favorecería a la estructura de alias “Calarcá”.
En un comunicado, la entidad aclaró que su misión se limita exclusivamente a la producción y comercialización de armas, municiones y explosivos destinados a la seguridad y defensa del Estado, y que no realiza trámites, asesorías o gestiones relacionadas con la creación o aval de empresas de seguridad privada.
Indumil explicó, además, que el proceso de adquisición de armas por parte de compañías de vigilancia está estrictamente regulado y que solo interviene al final, cuando ya existe un permiso válido expedido por el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE), adscrito al Comando General de las Fuerzas Militares. La entidad señaló que esta última es “la única autoridad encargada de expedir permisos de adquisición, porte o tenencia. Indumil interviene únicamente al final, con la facturación y entrega del material, una vez se verifica la existencia del permiso válido”.
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Indumil también cuestionó la referencia hecha por la fuente citada por Caracol, identificada como un presunto jefe disidente, quien mencionó al “director de Indumil”, cargo que no existe en la institución. Según Indumil, fue Caracol el que, “al parecer, asocia dicha referencia con el actual Presidente de la Industria Militar, situación que será puesta en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se realicen las verificaciones correspondientes y se dé plena claridad sobre los hechos mencionados”.
“El presidente de Indumil no ha sostenido reuniones con representantes de grupos armados ilegales, ni ha recibido solicitudes, requerimientos o invitaciones relacionadas con los hechos mencionados”, señaló la entidad, que reiteró que ningún funcionario ha sido autorizado o instruido para participar en actividades con organizaciones criminales.
Las cuatro reuniones entre funcionarios y disidencias
Según la investigación divulgada por Noticias Caracol, emisarios de alias “Calarcá” sostuvieron cuatro reuniones en Bogotá con funcionarios del Gobierno Petro. La primera habría ocurrido en un centro comercial cercano al aeropuerto El Dorado, con la presencia de Huertas; Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); el coronel (r) Juan Carlos Mazo; y representantes de las disidencias.
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Los avances del encuentro habrían sido reportados a los jefes del grupo armado. “En la primera (reunión) con el director de Indumil. La idea era primero montar la empresa y después comprar las armas. Wilmar, Huertas y el director. No hubo nadie más. Ni los escoltas del director estaban. Entre las armas que necesitábamos y los fusiles, en ese momento contamos con 80 pistolas y 10 fusiles”, aseguró la fuente de Caracol.
Un día después, señaló el disidente, se realizó una segunda reunión con un funcionario encargado de las licencias de armamento, la cual quedó registrada en los computadores incautados. “Ya eso fue para organizar todo el tema legal, de qué papeles necesitan los muchachos, qué papeles necesitaban los carros, qué categoría tenía que ser el blindaje en los carros. Nosotros poníamos los hombres, poníamos los carros y las armas”.
Las dos últimas reuniones habrían sido las más sensibles. A ellas, de acuerdo con el noticiero, asistieron Huertas, Mejía y varios oficiales del Ejército vestidos de civil. Según el testimonio conocido por Noticias Caracol, en esos encuentros se habría pactado un acuerdo de no agresión en zonas estratégicas como el Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar.
“La tercera reunión se hizo con el tema de seguridad de nosotros mismos. Donde ya nos dieron, o sea, nos dieron puntos donde ya nosotros nos podíamos comunicar con diferentes personas de bases militares, estaciones de policía, batallones, donde nosotros no tuviéramos riesgo, ni tuviéramos que hacerles daño. La idea era no chocar con el Ejército”.
Indumil aseguró que “no permitirá, ni ha permitido, hecho, actuación o gestión que vulnere la ley, los protocolos institucionales, las normas vigentes o el marco regulatorio del sector defensa. La entidad opera bajo estrictos estándares de legalidad, trazabilidad y transparencia”. Asimismo, declaró que está disponible para colaborar con las autoridades en cualquier proceso de verificación o investigación que permita esclarecer los hechos mencionados.
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