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La familia de Olga Zipa Amaya, una adulta mayor de 60 años que vive en Tunja, interpuso una acción de tutela contra su antiguo defensor, el abogado José Beltrán. Pidió ante el Tribunal Superior de Bogotá que sean protegidos sus derechos al debido proceso por falta de defensa técnica, doble instancia y mínimo vital, pues la señora Olga Zipa tiene su casa en remate, dado que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) la tomó en extinción de dominio.
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Todo empezó en enero de 2018, cuando la familia Zipa contrató los servicios profesionales del abogado Beltrán y su compañero Omar Toro. El acuerdo tenía por objetivo el asesoramiento y la representación en un trámite de extinción de dominio ante el Juzgado 1° de Bogotá. La familia dice que aunque les pagaron sus honorarios y hasta los de contadoras, la comunicación fue lamentable entre los defensores y los defendidos.
De acuerdo con la tutela, la familia Zipa y los abogados se hablaron hasta octubre de 2019. Lo último que supieron los accionantes, dicen, es que los representantes se comprometieron a presentar un recurso de apelación para pelear la casa, cuando el juzgado especializado ordenó medidas sobre el bien. Enviaron mensajes a los defensores, pidiendo actualizaciones, pero no habrían recibido respuesta. En julio de 2021, explicaron, funcionarios de la SAE llegaron a la casa, con el objetivo de hacer un avalúo. Desde entonces la casa está en remate.
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La familia Zipa envío correos al juzgado de extinción de dominio, buscando la explicación que no les habían dado. “Recibí la siguiente respuesta por parte del Centro de Servicios del Juzgado de los Juzgados de extinción de dominio: ‘en atención a la solicitud elevada se permite informar que en el proceso 2017-096-1 se profirió sentencia de primera instancia el 20/09/20. Extingue bien. Edicto 30 ejecutoria 7 de octubre de 2019, quedando debidamente ejecutoriado con apelación extemporánea, motivo por el cual se transfirió para archivo definitivo”.
Es decir, según la respuesta allegada por la familia en la tutela, los abogados habrían presentado un recurso, pero por fuera de los límites que fija la ley para llevar el caso a segunda instancia. “El abogado le daba a uno mucha confianza. Nos cobró millones. Yo no sé si nos defendió bien. Le rogamos por el WhatsApp que nos prestara el proceso para que otro abogado nos ayudara. Ella sin esa casa, pues se queda sin nada, porque ella vive es de ese arriendo. Nunca nos contestaron, nunca”, le dijeron los demandantes a El Espectador.
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Por medio de la tutela, esperan que el Tribunal Superior de Bogotá proteja los derechos de Olga Zipa Amaya y además revoque la sentencia de extinción de dominio que hoy tiene a la casa a la espera del mejor postor. Citaron el caso de Boris Fernando Marín, quien vía tutela logró que la Corte Constitucional revocara, en octubre pasado, una sentencia condenatoria en su contra. Demostró que su abogado no presentó recurso alguno luego de que fuera condenado en segunda instancia. Un caso que la familia consideró similar y que podría dar luces al Tribunal.
Este es uno de los pantallazos de la conversación por WhatsApp que la familia aportó al Tribunal:
En diálogo con este diario, el abogado Fernando Beltrán aseguró que trabajó con la mayor diligencia y que lastimosamente el trámite de extinción se perdió. “Yo le expliqué el tema del supuesto recurso extemporáneo al Tribunal, eso lo deberá explicar la justicia. La familia cuenta entre ellos con personales de la rama judicial que conocen las circunstancias de un proceso y será el Tribunal el que tome la decisión. Se empaña el trabajo realizado. Se les comunicó. Yo hice mi trabajo”, respondió.
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El abogado agregó que cabe revisar el proceso penal de Olga Zipa, quien estuvo tres meses en prisión. Todo porque en su casa, la cual busca recuperar, fue encontrada una cantidad de droga que atribuyó a malos vecinos o a los inquilinos que tenía en dos cuartos. La familia reconoció que la mujer mayor aceptó cargos, pero debido a problemas de salud. Ahora resta saber si alguien se queda en los próximos días con el bien o la tutela protege a los accionantes y, por tanto, el proceso llega a segunda instancia de extinción de dominio para una nueva evaluación.