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La Procuraduría General abrió indagación disciplinaria preliminar contra integrantes que aún están por determinar del Escuadrón Antidisturbios de la Policía (ESMAD), por el presunto ataque a periodistas durante las manifestaciones en Sibaté, Cundinamarca. En ese sentido el Ministerio Público Provincial de Fusagasugá investiga si durante las movilizaciones del pasado 6 de mayo la unidad policial actuó con uso indebido de la fuerza y desconociendo los protocolos al posiblemente herir a periodistas que se encontraban cubriendo una toma cultural.
Con base en la indagación el Ministerio Público solicitó la práctica de diferentes pruebas, entre las que se encuentran vídeos y declaraciones, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta de los uniformados, así como también determinar si es constitutiva de falta disciplinaria. En días anteriores funcionarios de la oficina de prensa de la Procuraduría General se reunieron con representantes de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) con quienes se coordinó un plan de trabajo mediante el cual la entidad revisa las denuncias que algunos periodistas han puesto en conocimiento de esa organización.
Cabe mencionar que el pasado 4 de mayo la fundación junto con Reporteros Sin Fronteras alertaron que en el marco de las manifestaciones adelantadas en el territorio nacional se han registrado 70 agresiones contra la prensa, de los cuales destacan robos, eliminación de material, obstrucciones, detenciones ilegales, daños a infraestructura, amenazas y hostigamientos entre otras situaciones.
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Las organizaciones pusieron de presente que en la actualidad existe un riesgo inminente a la autocensura por parte de quienes cubren protestas, debido al uso excesivo de la fuerza policial en contra de comunicadores y reporteros gráficos, quienes en más de una ocasión han denunciado agresiones y sistematicidad en las mismas.
Lo que llama la atención de las organizaciones es que las agresiones se han concentrado en mayor medida en Bogotá (19), Antioquia (10), Valle del Cauca (9), Risaralda y Santander (4), lugares en los que se han presentado expresiones ciudadanas, y en el que el principal agresor sigue siendo la fuerza pública en un 62%.
“El Estado colombiano ha demostrado su incapacidad para brindar a la prensa el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público”, argumentaron las organizaciones que, además, añadieron que la función principal de la prensa es recabar información de lo que sucede en las manifestaciones.
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Para la Flip y Reporteros, las agresiones a las que la prensa ha sido sometida en los últimos seis días, en los que se ha adelantado el paro, revelan un nivel de violencia sin precedentes, así como el propósito de impedir el cubrimiento de las manifestaciones sociales.
En su más reciente reporte, se han documentado alrededor de 40 ataques provocados por la Policía Nacional, entre ellos, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). A su juicio, son acciones dirigidas para intimidar, generar miedo y censurar a la prensa. “Quienes son atacados con mayor vehemencia por parte de las fuerzas públicas son aquellos que registran abusos de la fuerza contra los manifestantes”.
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Con lo anterior, lo que exponen las organizaciones es que existe preocupación por la clara sistematicidad de las agresiones en contra de la prensa por parte de la fuerza pública, esto debido a que, aunque están identificados con chalecos y cascos han sido atacados de manera indiscriminada. El reporte más reciente da cuenta que un periodista recibió un disparo en el casco, cuatro más reportaron ser golpeados con bombas aturdidoras, otros cuatro dijeron que agentes del ESMAD les apuntaron a su rostro con las escopetas calibre 12, que actualmente tienen prohibido su uso por la Corte Suprema de Justicia.
Cinco periodistas también comunicaron a la FLIP que fueron agredidos y retenidos ilegalmente, seis más que estaban haciendo cubrimiento cuando fueron acorralados por agentes motorizados, al menos dos fueron lesionados por bombas lacrimógenas y uno por impacto de bala de goma.
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“Resulta desconcertante que el gobierno y las entidades de control aún no se pronuncien sobre la gravedad y sistematicidad de estos hechos. Sin embargo, esta no es la primera vez que el gobierno se niega a reconocer la sistematicidad de las agresiones a la prensa en el contexto de manifestaciones sociales”, expusieron las organizaciones.
La Flip y Reporteros dejaron claro que la libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de expresar ideas y opiniones, sino también la posibilidad de hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias ni intimidatorias, de ahí que en seis puntos específicos le hicieran un llamado al Gobierno Nacional.
En primera medida, le pidieron al presidente Iván Duque y al Ministro del Interior, Daniel Palacios que emitan un rechazo público frente a los hechos violentos contra la prensa y envíen un mensaje de cero tolerancia para los miembros de la fuerza pública involucrados en dichas agresiones.
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Igualmente solicitaron a los convocantes del paro, dirigentes y figuras públicas de los movimientos sociales y partidos políticos, que rechacen todo tipo de agresión contra la prensa, así como que se abstengan de hacer señalamientos que estigmaticen el oficio periodístico.
Del mismo modo, pidieron que la Procuraduría General asuma poder preferente en las investigaciones disciplinarias de las agresiones contra la prensa para cumplir con el deber de investigación y sanción de los responsables. Además de ello, solicitaron que los entes de control, los alcaldes y gobernadores del país entreguen cifras transparentes sobre los hechos de violencia que han rodeado las manifestaciones sociales, esto, a su juicio, como compromiso con la máxima publicidad en el acceso a la información.
No obstante, la solicitud no quedó en el plano nacional, le pidieron a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que haga un llamado a las autoridades para que el uso de la fuerza se ajuste a la normativa que garantiza el respeto de los derechos humanos, así como la garantía por la actividad periodística.
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De otro modo, solicitaron a la Relatoría que haga un llamado a las autoridades para que ordenen el cese del uso desproporcionado de la fuerza contra la prensa, por parte de la fuerza pública, y que contrario a ello, protejan la actividad periodística.
Solicitaron también una misión de verificación de violencia contra la prensa por parte de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, así como también un llamado a las autoridades nacionales a que se garantice el acceso a la información y por último a la sección de libertad de prensa de la Unesco para garantizar la justicia a los comunicadores agredidos e impedir la impunidad, y prevenir violencia de género.