La Sala de Instrucción de la Corte Suprema acaba de llamar a indagatoria al representante a la Cámara Wilmer Ramiro Carrillo, es decir, lo empezará a investigar formalmente por los delitos de tráfico de influencias de servidor público, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
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La investigación se relaciona con supuestos hechos de corrupción e irregularidades en contratación de Norte de Santander durante los años 2016-2017, específicamente en negocios jurídicos del hospital regional de Abrego, Norte de Santander. Entre los hechos, se investiga si supuestamente el congresista exigía a los contratistas, a través de la gerente del hospital, el pago de un porcentaje para que les fueran adjudicados los contratos.
El representante Carrillo nació en el municipio de Arboledas, Norte de Santander. Es arquitecto de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y en varias ocasiones fungió como gobernador encargado del departamento. Llegó al Congreso en 2014 y desde ese momento es considerado como uno de los legisladores más poderosos de esa región del país.
#SalaDeInstrucción abre investigación y cita a indagatoria al representante Wilmer Carrillo (@Wcarrillo101) por tráfico de influencias, interés indebido en contratos y peculado, en proceso por supuestas irregularidades en contratos de hospital de N. de Santander, entre 2016-2017.
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) January 23, 2023
No es la primera vez que Carillo tiene problemas con las autoridades. En diciembre pasado La Sala de Instrucción de la Corte Suprema lo acusó por múltiples irregularidades que detectó en un millonario contrato que firmó el político de Norte de Santander cuando era secretario de Infraestructura de su departamento, en 2010. Según el documento, en el proceso de contratación se actuó con “clara improvisación” y se recibieron obras “totalmente diferentes” a las contratadas.
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El contrato que enreda a Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza pretendía el “mejoramiento y mantenimiento de la vía” entre los municipios de Salazar y Arboledas. El gobernador de Norte de Santander en ese entonces, William Villamizar Laguado, le había encargado el tema puntual a Carrillo, su secretario de Infraestructura, quien, según la Corte Suprema, “dirigió de manera directa, y con absoluto dominio, la fase previa de la contratación”.
El contrato se pactó en $2.650 millones y en parte lo financió Invías, por lo que tuvo una vigilancia de la Contraloría, que halló un sinnúmero de irregularidades de las que nació la investigación. Por ejemplo, la Sala de Instrucción de la Corte halló que a la licitación se presentó un único proponente y, pese a que otras empresas pidieron ampliar el periodo para presentar sus propuestas, se terminó adjudicando a esa única empresa.
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