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Las recientes revelaciones en el caso "chuzadas" al interior de la Fiscalía sacaron a relucir posibles nuevas víctimas de estas interceptaciones ilegales. Una de ellas sería el senador Iván Cepeda, quien fue facilitador de los diálogos de paz entre el Gobierno con las guerrillas de las Farc y el Eln y desde 2016 fue facilitador para el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo. Dos exfuncionarios de la Fiscalía señalaron que, en medio de estas labores, Cepeda fue interceptado junto con otras personas que hicieron parte de los diálogos con los grupos armados y que habrían sido avaladas por el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Vea: ¿Chuzadas desde la Fiscalía? Escándalo que va creciendo
En la mañana de este lunes 2 de diciembre, el congresista del Polo Democrático reveló que denunció al exfiscal Martínez (quien renunció en mayo pasado), por los presuntos delitos de violación ilícita de comunicaciones, violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, interceptación de datos informáticos, violación de datos personales, concierto para delinquir y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Además, solicitó que se le reconozca dentro de las investigaciones que hacen las autoridades, como parte civil, en calidad de víctima.
“Es evidente que de ser cierta toda esta información, se pondría al descubierto una infame campaña que habría tenido por propósito entorpecer la implementación del Acuerdo Final y hacer fracasar el proceso de paz, así como obstruir el proceso de sometimiento a la justicia y la desmovilización del llamado Clan del Golfo”, señaló el parlamentario Cepeda.
El pasado 24 de noviembre, el periodista Daniel Coronell publicó reveló que Luis Carlos Gómez Góngora, coordinador de la Sala Diamante de interceptaciones de la Fiscalía y el exfiscal Fabio Martínez Lugo denunciaron haber participado en seguimientos e interceptaciones ilegales que el exfiscal Martínez Neira habría ordenado realizar en contra del jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz con la extinta guerrilla, Humberto de la Calle; del exministro Álvaro Leyva, de los asesores jurídicos de las Farc, abogados Enrique Santiago y Diego Martínez, y de la exsenadora Piedad Córdoba.
Cuatro días después la periodista María Jimena Duzán reveló nuevos datos sobre el caso chuzadas en relación a las acciones que adelantaba Cepeda como facilitador en la desmovilización del Clan del Golfo. El exfiscal Martínez por su parte estuvo a cargo de adelantar reuniones con el fin de examinar las condiciones jurídicas para lograr desmantelar a la organización de alias Otoniel por medio de la ley. Cepeda asistió a estos encuentros a junto a los voceros de esa organización y a la abogada de algunos de sus líderes, Consuelo Parra, quien ha representado al narcoparamilitar Don Berna y HH.
“Ante informaciones periodísticas que indicaban que la Fiscalía General de la Nación venía adelantando una investigación en la que se presumiría que yo estaría buscando la no extradición de miembros de organizaciones criminales al amparo de las normas de implementación del Acuerdo de Paz y ante la aseveración del exfiscal Martínez acerca de que alguien habría utilizado el trámite de la Ley Estatutaria de la JEP para introducir un ‘articulejo’ que favorecería a narcotráficantes, el 26 de abril de 2019 dirigí un derecho de petición al entonces fiscal general preguntando si se adelantaba alguna clase de indagación”, afirmó Cepeda. Según el congresista del Polo, el fiscal luego respondió que no había investigaciones en su contra.
Los exfuncionarios de la Fiscalía, Martínez Lugo y Gómez Góngora, sostienen que al parecer el fiscal Martínez Neira no solo ordenó las interceptaciones -utilizando una investigación adelantada contra miembros del ‘Clan del Golfo’- sino ordenó vigilancias y seguimientos dentro y fuera del país, y recibía informes sobre los resultados de esas actividades ilícitas a través del brigadier general (r) Luis Alberto Pérez Alvarán, director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, quien pidió en agosto pasado salir de ese cargo y en el último tiempo ha mantenido un bajo perfil en el ente investigador.
Sobre el caso chuzadas el fiscal general encargado, Fabio Espitia, señaló que ya se está verficando bajo que hechos se habrían chuzado algunos números. El viernes pasado señaló que se está "revisando la legalidad" de interceptaciones realizadas desde esa entidad s los números telefónicos de Álvaro Leyva Durán y la exsenadora Piedad Córdoba. Asimismo, dijo que se les solicitó los números telefónicos que han usado recientemente para verificar si han sido objeto de interceptaciones, entre ellas, Cepeda, de la Calle y a los asesores jurídico de las Farc Diego Martínez y Enrique Santiago.
Néstor Humberto Martínez ha negado cualquier relación con este escándalo. Desde el domingo pasado, cuando Coronell publicó su columna, protestó por los señalamientos y los calificó de torpes. “Si los diálogos de paz terminaron el mismo mes en que tomé posesión del cargo de fiscal, en agosto de 2016, cómo es posible que me atribuya interceptaciones ‘durante los diálogos’”, cuestionó el exfiscal, quien argumentó la dejación de su cargo por la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich.
“Para fortuna de la verdad, el sistema de interceptaciones de la Fiscalía es inmodificable y guarda trazo exacto de todo”, agregó el exfuncionario. “Se trata de una mentira del tamaño de una catedral, porque hasta mi retiro de la Fiscalía, ésta no tenía capacidades para intervenir esta clase de mensajes de texto, por lo cual es un imposible técnico (…) Nunca ordené un seguimiento, ni en este caso ni en otro”. Martínez manifestó que tiene “la convicción” de que la denuncia anónima contra Daniel Hernández y Álvaro Betancur hace “parte del mismo plan criminal”.