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La defensa del senador Iván Cepeda interpuso una tutela para que le entreguen las declaraciones que ha tomado la Fiscalía en los seis meses que lleva estudiando el caso del expresidente Álvaro Uribe. El ente investigador recientem ente anunció que pedirá una preclusión (es decir, que le solicitará a un juez archivar el proceso), y que esa decisión se basa en múltiples pruebas recolectadas por el equipo del fiscal Gabriel Jaimes. Sin embargo, a Cepeda, que es la víctima reconocida en el expediente, no le han entregado copia de lo que han dicho los casi 30 testigos que declararon en estos meses.
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La ley obliga a los fiscales a mantener enteradas a las víctimas de cada paso del proceso. Pero en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, dice Cepeda, no ha sido así. El fiscal Jaimes citó a declarar a decenas de testigos que ya le habían dado su versión a la Corte Suprema, como, por ejemplo, el congresista Álvaro Hernán Prada, y citó a algunos nuevos que la defensa de Uribe llevaba pidiendo hace rato. No obstante, en las cinco ocasiones que los abogados de Cepeda han pedido las declaraciones, aseguran en la tutela, les han respondido con evasivas.
“Sucede que, en mi condición de representante de la víctima, senador Iván Cepeda, he dirigido varias peticiones a la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de que ese despacho me expida copias de las actuaciones procesales que se han surtido por parte de esa Delegada. Este despacho, en efecto, me ha hecho entrega de varios documentos, tanto por vía de correo electrónico como de 13 CDs recibidos en sede física del despacho de la Fiscalía. Sin embargo, ha hecho caso omiso a otras solicitudes relacionadas con otras actuaciones procesales, especialmente con las relacionadas con la expedición de copias de las entrevistas que la Fiscalía Sexta a llevado a cabo dentro de esta investigación”, dice la tutela que conoció El Espectador.
Por ejemplo, agrega la demanda, el fiscal Jaimes les ha dicho que no les puede entregar las declaraciones porque no están transcritas. La defensa de Iván Cepeda ha respondido que les pueden entregar los videos, pero no los han recibido. Para el senador del Polo, esto va en contra del Código Penal y de varios pronunciamientos de las altas cortes que han reconocido los derechos de las víctimas a estar enterados sobre todas las actuaciones de una investigación. El juzgado al que le corresponda la tutela deberá estudiarla, pedir respuestas de todas las partes y tomar una decisión en un plazo de unos 10 días hábiles.
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“Este caso además, tiene una situación de urgencia muy particular, y es que la audiencia que está por ser citada es para resolver si un juez de la republica acepta o no, la preclusión de la investigación solicitada por la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, actuación procesal que resulta definitiva en las aspiraciones de las víctimas en materia de verdad y de acceso a la justicia”, añadieron los abogados de Iván Cepeda en la tutela.
Entre tanto, todavía no hay fecha para la audiencia de preclusión que le correspondió al juzgado 28 penal de conocimiento de Bogotá. La Fiscalía radicó la solicitud de audiencia el pasado 5 de marzo, pero la asignación de un espacio depende de la agenda del despacho, y como se trata de un proceso en el que no hay una persona privada de la libertad, es menos urgente para la justicia. Solo hasta entonces se conocerán los argumentos que llevaron a la Fiscalía a concluir que, “las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, como dijo en un comunicado.
En el expediente que armó la Fiscalía, como ha contado este diario, volvieron a rendir testimonio el segundo abogado de Uribe, Jaime Lombana; la asesora política Vicky Jaramillo, el exministro uribista Fabio Valencia Cossio, la exfiscal que dice que el proceso fue un complot, Hilda Niño; el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien denunció presiones de la defensa del expresidente para retractarse de sus señalamientos; así como su exesposa, Deyanira Gómez; su exabogado Héctor Romero Agudelo y su excompañero de patio en la cárcel, Enrique Pardo Hasche.
Todos ellos ya habían sido citados por el alto tribunal y allí dieron su versión. Por otra parte, están testigos cuyas versiones podrían favorecer más a Uribe, a los que la Fiscalía citó también. En esa lista está Juan Carlos El Tuso Sierra, que no quiso hablar en la Corte; así como Roque Arismendi y Juan Manuel Aguilar, quienes han dicho haber puesto en contacto a El Tuso con la defensa de Uribe; Ricardo Williamson, quien asegura haber hecho el puente entre los abogados del expresidente y el testigo Monsalve. Entre estas nuevas evidencias estarían las claves que llevaron a la Fiscalía a pedir la preclusión, pero la defensa de la víctima no ha tenido acceso a ellas para sentar su posición.
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#ATENCIÓN | Comunicado de la #Fiscalía General de la Nación. pic.twitter.com/dDZPrSJ8x7
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 5, 2021
El origen del caso contra Uribe
A comienzos de 2012, durante un debate de control político sobre la génesis y auge del paramilitarismo en Antioquia, el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda presentó graves denuncias relacionadas con la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de los Uribe, ubicada entre los municipios antioqueños de San Roque y Yolombó. Cepeda reveló que, según testimonios de Juan Guillermo Monsalve, extrabajador de esa finca -testigo estrella en este caso-, y de un paramilitar conocido como Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del Bloque Cacique Pipintá de las Auc, la finca había sido sede del Bloque Metro de los paramilitares.
“Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando el Bloque Metro son el señor expresidente Ávaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”, reveló alias Alberto Guerrero al congresista Cepeda en agosto de 2011. En el curso del debate de 2012, lo presentó como una prueba de sus denuncias. Álvaro Uribe negó los señalamientos, reiteró que desde 1983 había dejado de ir a la hacienda, y para demostrar su desacuerdo con Cepeda, el mismo día del debate acudió a la Corte Suprema para denunciar al congresista del Polo por la presunta manipulación de las versiones de los exparamilitares.
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En septiembre de 2014, cuando ya Uribe ejercía como senador, Cepeda promovió un nuevo debate en el Congreso sobre paramilitarismo en Antioquia, y volvió a chocar con el expresidente. Uribe radicó en la Corte Suprema un memorial para que se tuvieran en cuenta varias entrevistas realizadas por un investigador privado a los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, que señalaron a Cepeda de hacer ofrecimientos a cambio de declarar contra Uribe. El expresidente y exsenador, por su parte, ha reiterado hasta el cansancio que nunca ha cometido delitos. “La libertad es un bien inapreciable, pero para mí la honorabilidad es lo prioritario, por eso el énfasis en las pruebas”, ha dicho el exmandatario.
La Corte Suprema se tomó seis años -desde la primera denuncia- para adoptar una decisión, y en febrero de 2018, se inhibió de seguir investigando a Cepeda, señalando para avanzar en la indagación se requerían más evidencias de las existentes. Asimismo, ordenó que quien debía ser investigado por presunta manipulación de testigos y soborno era el expresidente Álvaro Uribe. Seis días después, el alto tribunal recibió información de la defensa de Iván Cepeda sobre supuestas presiones a Juan Guillermo Monsalve para cambiar su testimonio, razón por la cual la Corte Suprema lo llamó a indagatoria, junto al representante a la Cámara por el Huila, Álvaro Hernán Prada, quien también habría participado en las presiones.