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29 Nov 2021 - 10:04 p. m.

Jalón de orejas a la Fiscalía por libertad de señalado agresor intrafamiliar

Martín Ruiz, quien había sido condenado en primera instancia, quedó en libertad luego de que el Tribunal Superior de Bogotá advirtiera falencias de la Fiscalía en la fase de juicio. El magistrado de despacho envió un oficio al fiscal Francisco Barbosa para que no se repita.
Jalón de orejas a la Fiscalía por libertad de señalado agresor intrafamiliar
Foto: Óscar Pérez

El ciudadano Martín Ruiz es un hombre libre e inocente, a pesar de que su expareja reveló que en al menos seis oportunidades la maltrató en diferentes partes del cuerpo, la violentó psicológicamente y hasta le dio un puntapié en el estómago cuando estaba en embarazo. El Tribunal Superior de Bogotá, en un reciente fallo, lo absolvió por los delitos de violencia intrapersonal y lesiones personales, dado que la Fiscalía no cumplió con requisitos del sistema penal acusatorio durante el juicio contra el señalado agresor.

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En primera instancia, el Juzgado 35 municipal de Bogotá condenó a Martín Ruiz, quien hasta hace unos días estaba privado de su libertad. Desde antes de ello, la Fiscalía se había comprometido a probar en juicio las múltiples violaciones que la mujer dio a conocer asistiendo a comisarías de familias y siendo revisada en Medicina Legal. El expediente da cuenta de que Ruiz y su expareja vivieron por más de cuatro años juntos. Tuvieron un par de hijos.

La Fiscalía dispuso vencer a Ruiz en juicio. Para ello lo acusó por presuntamente agredir a su expareja el 1 de febrero de 2017 y golpearla de nuevo en la Comisaría de Familia N. 19 de Ciudad Bolívar. La Policía Nacional tuvo que intervenir para cesar el ataque, de acuerdo con el órgano investigativo. Medicina Legal le otorgó a la mujer una incapacidad por cinco días y catalogó que su vida estaba en “riesgo extremo”.

“A las 4:00 p.m. del 15 de diciembre de 2017, (…) Martín agredió a Camila Gómez*, quien se encontraba en estado de embarazo, con un palo de escoba en las piernas, los brazos y las muñecas y le dio un puntapié en el estómago, provocándole sangrado. El 21 de diciembre de 2017, Medicina Legal le fijó una incapacidad médica de doce días. Yenni Marcela denunció estos hechos”, allegó la Fiscalía, sobre otro episodio.

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El ente investigador relacionó más hechos, entre los que se encuentra lo sucedido al parecer el 26 de febrero de 2019. La víctima presuntamente fue a la casa de Martín Ruiz para reclamarle por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias con sus hijos. La mujer reveló haber sido golpeada con un candado en la cabeza, haber sido estrellada contra las paredes y ser amenazada con un arma cortopunzante. Le dieron incapacidad médica de 14 días.

Martín Ruiz fue condenado en primera instancia, pero su defensa apeló la decisión explicando que no había sido un proceso de juicio válido. El Tribunal Superior de Bogotá recogió ese argumento, explicando que la Fiscalía no presentó prueba directa de la responsabilidad de Ruiz. Para empezar, el tribunal le reprochó al ente investigador haber anunciado el testimonio de Camila Gómez*, quien luego se amparó en su derecho constitucional de no declarar contra el acusado. Es decir, la Fiscalía no contó con el testimonio principal para asegurar su teoría del caso.

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Entonces, presentó los testimonios de siete peritos. Ellos tenían dos calidades: eran testigos de todo lo que percibieron directamente, los golpes y el maltrato psicológico, y eran testigos de referencia sobre las afirmaciones contra el acusado. Sin embargo, en ningún momento del juicio la Fiscalía solicitó al juez del caso las declaraciones de la víctima ante los profesionales, como prueba de referencia en el caso. Entonces, el ente investigador nunca solicitó que en el juicio entraran los testimonios de violencia que los peritos escucharon de la persona agredida.

Así las cosas, ante la falta de diligencia de la Fiscalía, lo único que podía un juez por ley valorar, según el Tribunal, era lo que presenciaron en primera persona los peritos. Así las cosas, por ejemplo, del médico James Yesid León solo se podía escuchar que encontró en la mujer un hematoma en la región parietal izquierda, dolor en uno de sus senos y un golpe en el muslo de la pierna izquierda. A pesar de concluir que la víctima tuvo una lesión en la cabeza producida por un elemento contundente, nada más de eso entró en el juicio. Lo que pudo haber conocido el perito, sobre la causa de esas heridas, no fue tenido en cuenta por la Fiscalía. No llevó esos conocimientos al juicio.

Lo mismo sucedió con los otros peritos, quienes registraron heridas y maltratos propios de lesiones personales. Sin embargo, como la Fiscalía no pidió que el juez valorara las pruebas de referencia, en este caso lo que conocieron los profesionales sobre esos golpes, no había forma de saber procesalmente que Martín Ruiz sería el responsable. Incluso, uno de los peritos recomendó urgente tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico para el agresor, la víctima y los hijos.

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“Finalmente, en los alegatos de conclusión la Fiscalía se limitó a invocar instrumentos internacionales sobre la violencia contra la mujer con la esperanza de que la administración de justicia compensara los vacíos probatorios (…). Como se vio, el juzgado avaló esa postura, pero el Tribunal considera que esta forma de actuar va en contravía del adecuado uso de los mecanismos probatorios, como las pruebas de referencia, que permiten que ante situaciones como esta las mujeres víctimas sometidas a violencia de género, que permea incluso los escenarios judiciales, tengan acceso efectivo a procesos justos”, concluyó el Tribunal.

Por tanto, aunque el historial de las heridas era evidente, la Fiscalía no probó que las mismas fueran obra de Ruiz. Entonces, ante la duda razonable que dejó el ente investigador en el aire, el Tribunal no tuvo de otra más que absolver al procesado. Sin embargo, dejó constancia del grave peligro que corre Camila Gómez* y, por tanto, pidió al director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, proteger la vida e integridad de la víctima y de sus hijos.

Además, el Tribunal solicitó a Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tomar las decisiones “que sean necesarias para que se promuevan los procesos orientados a la protección de los derechos fundamentales de los menores de edad, vulnerados, según la Fiscalía, por la violencia ejercida por Martín Ruiz”. La Secretaría Distrital de la Mujer también deberá hacer seguimiento de la situación personal y familiar de Camila Gómez*, para respetar los derechos suyos y de sus hijos.

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Tal fue el descontento del Tribunal con el trabajo de la Fiscalía que envió un oficio al fiscal general Francisco Barbosa. “Solicito su valiosa colaboración con el fin de que en la institución que preside se tomen las decisiones necesarias para que los fiscales delegados ejerzan sus competencias de tal manera que, en los procesos penales por violencia de género, descubran, soliciten y practiquen, de forma legal y oportuna, las pruebas de referencia que tengan a su disposición, en especial en aquellos casos en que sea previsible que las víctimas o testigos no comparecerán al juicio”, envió.

El oficio fue enviado con el objetivo de que la situación presentara no sea replicada a futuro. El Tribunal hizo hincapié en que contra Martín Ruiz el trabajo de la Fiscalía pudo ser mucho mejor, pues no cumplió con una teoría del caso que parecía evidente. En líneas más duras, el Tribunal Superior de Bogotá le explicó al fiscal general que omisiones de ese tipo conducen a decisiones incompatibles con los fines del proceso penal, la administración de justicia y el Estado de derecho. Además, de este tipo de actuaciones solo queda como resultado la revictimización de mujeres y el incumplimiento de los compromisos del Estado con la comunidad internacional.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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