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La magistrada Sandra Jeannette Castro de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento del mayor general retirado del Ejército, Hernando Pérez Molina. El alto oficial retirado, quien fue comandante de la Tercera Brigada y luego de la Tercera División del Ejército Nacional, tiene en firme tres investigaciones en la justicia ordinaria por su presunta participación ejecuciones extrajudiciales de civiles ocurridas entre 2005 a 2007 en los departamentos Valle, Cauca y Caldas.
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En octubre de 2018, se conoció que Pérez Molina habían solicitado ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz, junto a otros cuatro generales: Iván Ramírez Quintero, Luis Roberto Pico Hernández, Miguel Eduardo David Bastidas y José Joaquín Cortés Franco. Estos uniformados siguieron los pasos, entonces, de los generales Rito Alejo del Río, Mario Montoya, Jaime Uscátegui y Henry Torres Escalante, quienes ya se habían sometido previamente a esta justicia.
El nombre de Pérez Molina quedó salpicado en dos expedientes por falsos positivos y una declaración del coronel (r) Robinson González del Río, condenado por ejecuciones extrajudiciales y mencionado en un caso por presunto apoyo al Clan del Golfo. En síntesis, la investigación total contra Pérez Molina reúne a un total de 17 víctimas, entre ellas un menor de edad y una persona sin identificar. Los victimarios fueron miembros del Batallón de Infantería N°23 Vencedores y del Batallón N°57 Mártires de Puerres, para la fecha comandada por Gonzáles del Río, bajo las órdenes de Pérez Molina.
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“Presuntamente (Pérez Molina) no solo incentivó la práctica de esas conductas ilícitas, sino que tuvo conocimiento previo o posterior de las circunstancias en que serían ejecutadas o como fueron encubiertas, lo que condujo a que fueran iniciadas indagaciones preliminares en su contra por las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, pues podría ser responsable tanto de conductas activas, como omisivas por su posición de garante”, se lee en el documento de la JEP.
Del material recolectado por la JEP, se consideró que Pérez Molina, en lugar de evitar que fueran asesinadas las víctimas, incluso habría felicitado a sus subalternos cuando estuvo al mando de la Tercera Brigada. Además, que de la información legalmente obtenida, a la fecha no hay prueba de que los 17 muertos fueran producto de un enfrentamiento armado. Al contrario, todo indica que las escenas del crimen fueron manipuladas por miembros de la fuerza pública para ocultar sus métodos. No hay evidencia de ataque a las tropas.
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Uno de los casos tiene que ver con la muerte de los ciudadanos Joan David Vargas y Herley Iván Jamioy, quienes fueron asesinados el 12 de mayo de 2005 en la vereda Valesillos de Zarzal (Valle). En ese expediente, recién hasta mayo de 2017 la Fiscalía logró que fuera impuesta medida de aseguramiento contra seis miembros de la Tercera Brigada del Ejército. En 2018, la Fiscalía compulsó copias contra Pérez Molina. Otro radicado tiene que ver con la muerte de dos inocentes en Cartago (Valle), uno de ellos menor de 15 años.
Uno de los procesos destacados por a JEP es la compulsa de copias contra Pérez Molina a raíz de una declaración de González del Río, de junio de 2014. En le testimonio, el condenado militar en retiro habló sobre la Tercera División del Ejército entre 2006 y 2007. Sobre algunas de las muertes en el Cauca, González del Río declaró que la operación fue planeada “con el objetivo de dar resultados por la presión que hacían los mandos como se estaba empezando el año. Se pedían resultados operacionales para esa época como comandante del Ejército (…) mi General Mario Montoya Uribe (…)”.
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Sobre Pérez Molina, según citó la JEP, Gonzáles del Río declaró: “Esta baja se hace con la presión de mi general Pérez Molina, ya que él me dice que toca tener resultados porque no estamos haciendo nada. Yo le digo que el control territorial se ha hecho, que la guerrilla está por el Tolima, él me dice que sí, pero hay que hacer bajas. Yo le digo se han hecho capturas y desmovilizados, él dice: ‘si lo que vale son las bajas así nos clasificaban’”, se lee en el auto de la JEP.
Hernando Pérez Molina, en la JEP pero con un aviso
El 22 de septiembre del año pasado, el mayor general en retiro allegó a la JEP su formato de aportes de información a la matriz sobre la verdad de los autores y conductas relacionadas con el conflicto armado. Sin embargo, la entidad consideró que la propuesta a la verdad de Pérez Molina no fue suficiente. A pesar de que se declare inocente, según la entidad, debe entregar un reporte detallado sobre los hechos por los cuales se le investiga y su intervención en ellos. Sobre todo, su posición como comandante de la Tercera Brigada y luego de la Tercera División.
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Por lo tanto, la JEP le dio un término de 10 días a Pérez Molina para que allegue un nuevo documento en el cual se comprometa con un aporte más integral. Deberá esclarecer si entre 2004 y 2007 exigió que se presentaran como resultados operacionales bajas a las unidades militares a su cargo. Además, explicar si existieron criterios para seleccionar a las víctimas y el conocimiento que tenga sobre determinadores y cómplices que participaron en los falsos positivos de la región. Por último, deberá detallar si existió una directriz dentro del Ejército para cometer los asesinatos, que según la JEP solo entre 2002 y 2008 dejaron 6.402 víctimas.
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