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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió la renuncia a la persecución penal a seis comparecientes que pertenecieron a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional. Estas personas estaban involucradas en el caso conocido como la masacre de Mondoñedo, ocurrida entre el 6 y el 7 de septiembre de 1996, en Bogotá y Mosquera (Cundinamarca), donde fueron asesinadas seis personas.
Según explicó la JEP, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que los comparecientes, identificados como Carlos Alberto Niño Flórez, Pablo Salazar Piñeros, Hernando Villalba Tovar, Milton Marino Mora Polanco, Filemón Fabara Zúñiga y Néstor Gabriel Barrera Ortiz, “no ostentan la calidad de máximos responsables, según los parámetros definidos por esta jurisdicción”. Además, señaló que los exfuncionarios cumplieron los requisitos para acceder al beneficio de la renuncia a la persecución penal.
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Asimismo, la justicia transicional indicó que la renuncia a la persecución penal extingue la acción penal y disciplinaria. Es decir, que los procesos que se adelantaban contra seis de los ocho comparecientes involucrados en la masacre serán archivados sin que se les imponga alguna sanción. En su decisión, la Sala de Definición determinó que la actuación de los exintegrantes de la Dijín carece de “los rasgos estructurales propios de la macrocriminalidad” y que ninguno de ellos ha sido llamado por la Sala de Reconocimiento de Verdad.
En ese sentido, al no quedar demostrada la existencia de una actuación criminal sistemática, “no es posible atribuirles un rol de liderazgo o coordinación dentro de un sistema ilegal a gran escala, que es lo que define a un máximo responsable por liderazgo o participación determinante”, señaló la JEP.
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Los comparecientes reconocieron su responsabilidad durante el proceso dialógico y restaurativo, pidieron perdón a las víctimas acreditadas y ofrecieron, como medida de reparación, un proyecto museográfico denominado Memoria y Verdad sobre la Masacre en la Hacienda Fute del Alto de Mondoñedo.
La masacre de Mondoñedo
Los hechos comenzaron el 6 de septiembre de 1996 con un operativo organizado por el mayor (r) Héctor Edisson Castro Corredor y coordinado por el teniente (r) Carlos Alberto Niño Flórez. Según explicó la JEP, los comparecientes narraron que, luego de realizar labores de seguimiento en el sector del Siete de Agosto, así como en inmediaciones del Jardín Botánico y la Universidad Libre, algunas de las víctimas (Vladimir Zambrano, Jenner Alfonso Mora, Juan Carlos Palacios y Arquímedes Moreno) fueron retenidas en El Salitre, en Bogotá, sin orden judicial alguna.
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Luego, las víctimas fueron encapuchadas y trasladadas en vehículos adscritos a la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) hasta un garaje ubicado en el sector de Bosa, donde permanecieron esposadas. Al no poder legalizar las capturas, Niño Flórez y Castro Corredor reconocieron haber tomado la iniciativa de asesinar a las víctimas, sin que los demás funcionarios se opusieran.
“Para ello, impartieron instrucciones específicas y autorizaron acciones para realizar el traslado de las víctimas, en condiciones de total indefensión, hacia la zona rural de Mondoñedo, donde fueron asesinadas. Para ello, emplearon cuatro vehículos oficiales, armamento y personal subordinado de la Dijín”, explicó la Jurisdicción Especial para la Paz.
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Según relataron los comparecientes, fue así como, en la hacienda Fute, ubicada en la vía entre Mosquera (Cundinamarca) y Bogotá, en el Alto de Mondoñedo, el patrullero William Chitiva y el agente José Ignacio Pérez dispararon contra las víctimas. Luego, gracias a insumos obtenidos por el compareciente Pablo Salazar Piñeros, los cuerpos fueron incinerados. Sin embargo, los hechos no terminaron allí. Al día siguiente, 7 de septiembre de 1996, algunos de los agentes involucrados se dividieron para realizar dos operaciones en Bogotá.
En el caso del asesinato de Federico Quezada y Martín Alonso Valdivieso Barrea, fueron asesinados en las localidades de Kenedy y Fontibón por José Ignacio Pérez, Milton Mora Polanco y William Chitiva González. Las víctimas fueron asesinadas bajo el señalamiento de que supuestamente pertenecían a una red urbana de las antiguas Farc.
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