JEP cita a Otty Patiño para evaluar seguridad de excombatientes en la paz total
El comisionado de paz tendrá que hablar de los compromisos que hay para proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, en medio de las negociaciones que se adelantan con grupos armados en medio de la iniciativa del presidente Gustavo Petro.
El próximo 8 de mayo, el comisionado de paz del gobierno de Gustavo Petro, Otty Patiño, tendrá que asistir a una audiencia reservada en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De acuerdo con lo dicho por esa jurisdicción, la finalidad del encuentro es “conocer los compromisos con la vida, la seguridad y la integridad personal de los y las firmantes del Acuerdo de Paz en el marco de las negociaciones que se adelantan dentro de la política de Paz Total”.
La diligencia judicial fue convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en el marco de las medidas que adoptó para proteger los derechos fundamentales de los comparecientes obligatorios ante esta Jurisdicción. La diligencia, se llevará a cabo el miércoles 8 de mayo de 2024 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., en la sala Albert Camus, del edificio de la JEP en Bogotá.
Además de Patiño, fueron convocados “los jefes delegados por el Gobierno Nacional en las mesas de negociación instaladas en el marco de la política de Paz Total”. Según la jurisdicción, fueron convocados a la reunión las autoridades territoriales y nacionales que son responsables de que los excombatientes se puedan reincorporar con seguridad a la sociedad.
Así mismo hicieron énfasis en que abordaran de manera integral la situación de seguridad que enfrentan los firmantes al sur del país. Esto debido a que se han estado presentando varios hechos victimizantes que evidenciarían falta de garantías y seguridad para los excombatientes, principalmente en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima. Sumado a esto, recordaron que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP reportó en los primeros meses de 2023 el asesinato de 39 excombatientes.
En el documento, la JEP mencionó que la Corte Constitucional ya había expresado que “el desarrollo del derecho a la paz es una política de Estado y por ello (...) deben las instituciones y autoridades del Estado, cumplirlo de buena fe como obligación de medio”. Idea que fue avalada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, quienes también resaltaron la importancia de hacer seguimiento a las medidas cautelares que ya han sido ordenadas en este aspecto.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El próximo 8 de mayo, el comisionado de paz del gobierno de Gustavo Petro, Otty Patiño, tendrá que asistir a una audiencia reservada en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De acuerdo con lo dicho por esa jurisdicción, la finalidad del encuentro es “conocer los compromisos con la vida, la seguridad y la integridad personal de los y las firmantes del Acuerdo de Paz en el marco de las negociaciones que se adelantan dentro de la política de Paz Total”.
La diligencia judicial fue convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en el marco de las medidas que adoptó para proteger los derechos fundamentales de los comparecientes obligatorios ante esta Jurisdicción. La diligencia, se llevará a cabo el miércoles 8 de mayo de 2024 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., en la sala Albert Camus, del edificio de la JEP en Bogotá.
Además de Patiño, fueron convocados “los jefes delegados por el Gobierno Nacional en las mesas de negociación instaladas en el marco de la política de Paz Total”. Según la jurisdicción, fueron convocados a la reunión las autoridades territoriales y nacionales que son responsables de que los excombatientes se puedan reincorporar con seguridad a la sociedad.
Así mismo hicieron énfasis en que abordaran de manera integral la situación de seguridad que enfrentan los firmantes al sur del país. Esto debido a que se han estado presentando varios hechos victimizantes que evidenciarían falta de garantías y seguridad para los excombatientes, principalmente en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima. Sumado a esto, recordaron que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP reportó en los primeros meses de 2023 el asesinato de 39 excombatientes.
En el documento, la JEP mencionó que la Corte Constitucional ya había expresado que “el desarrollo del derecho a la paz es una política de Estado y por ello (...) deben las instituciones y autoridades del Estado, cumplirlo de buena fe como obligación de medio”. Idea que fue avalada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, quienes también resaltaron la importancia de hacer seguimiento a las medidas cautelares que ya han sido ordenadas en este aspecto.
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