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El condenado contratista de alimentos Jaime Blanco Maya tendrá una cita crucial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para develar todo lo que sabe sobre la presunta financiación de la multinacional minera Drummond y las Autodefensas Unidas de Colombia. Blanco Maya será escuchado los próximos 7 y 8 de mayo por la Sala de Reconocimiento de Verdad, en el marco del proceso en el que buscó beneficios penales a cambio de su verdad.
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Blanco Maya está condenado por homicidio agravado por los asesinatos del presidente y vicepresidente del sindicado Sintramienergéttica, Valmore Lorcano y Víctor Hugo Orcasita, en marzo de 2001. Ambas víctimas eran sindicalistas de la minera Drummond en la costa caribe y fueron víctimas de un ataque armado en zona rural de Bosconia (Cesar), donde, justamente, la minera explota yacimientos de carbón.
El sentenciado comerciante está condenado como el autor de ambos crímenes y fue aceptado por la JEP el 26 de noviembre de 2019, luego de presentar ante esta justicia un plan de “verdad, reparación y de garantías”. En ese esquema señaló que “esclarecerá la relación (de financiamiento) entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la Drummond entre 1993 y 2002, en las que cumplió un rol de intermediario (...) y cómo se dio la victimización a los grupos sindicales”.
Su relato es valioso para la JEP, dado que la hipótesis que han manejado las autoridades es que desde 1995, a través de Blanco Maya, se estructuró un mecanismo de financiación al Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC. “La entrega de dinero se hacía en efectivo directamente a El Tigre”, señaló previamente Blanco Maya en diligencia de 2020.
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“En su comparecencia, el señor Blanco Maya ha puesto de presente su relación y conocimiento de diferentes hechos y personas de interés para el macrocaso 08″, explica la JEP. Este macrocaso investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con paramilitares y por terceros civiles involucrados en el conflicto.
Asimismo, en la orilla de la justicia ordinaria, la Fiscalía mantiene en juicio como presuntos responsables de concierto para delinquir al presidente y expresidente de la multinacional. Se trata de José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez Mejía, quienes, supuestamente, habrían promovido y financiado a las AUC, en Cesar, a finales de los años 90.
El fiscal del caso estableció que Linares Martínez y Jiménez Mejía, entre 1996 a 2001, habrían aumentado el valor de un contrato para suministrar alimentos con una empresa de Blanco Maya y así obtener recursos adicionales. Estos recursos los habrían destinado a obligaciones ilegales previamente adquiridas con el frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte del grupo paramilitar.
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