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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) envió un mensaje de preocupación por la grave situación de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, excombatientes de las Farc. A la fecha, han sido asesinados 286 en todo el territorio nacional y, por tanto, el órgano de justicia transicional ordenó nuevos lineamientos para sondear las medidas de protección a favor de quienes dejaron las armas.
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Entre las ordenes, la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército y el Comando Conjunto Estratégico de Transición, componente militar en alianza con la JEP, deberán informar si en sus medios de comunicación hay planes o proyectos para prevenir la estigmatización de los exintegrantes de las Farc. De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), 13.202 personas se desmovilizaron de esa guerrilla y el 98% inicio procesos de reincorporación.
“Ante la grave condición de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP adoptó nuevas decisiones encaminadas a robustecer las acciones desplegadas para proteger a los excombatientes y sus familias. Con esa decisión se busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por crímenes que sufrieron en el marco del conflicto armado”, agregó la JEP.
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Asimismo, el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia deberá entregar un informe sobre sus acciones, entre las que se prevé “generar una cultura de reconciliación” y asesorar al Gobierno con el diseño de programas de convivencia y prevención de la estigmatización. De nuevo, la JEP hizo hincapié en el rechazo que viven los excombatientes. Tal es el caso de Dimar Torres, asesinado el 22 de abril de 2019, por cuya muerte la Fiscalía tiene la teoría de que fue acusado injustamente, por miembros del Ejército, por la muerte de un soldado en Norte de Santander.
Por otro lado, la JEP vinculó al proceso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y le solicitó, al igual que a la ARN, entregar un informe sobre las medidas especificas que han adoptado para la protección de los derechos de los hijos y las parejas de los excombatientes Farc asesinados. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), solo en 2021 han sido asesinados 37 exmilitantes, la mayoría de ellos en Cauca (siete casos).
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El último homicidio data del pasado domingo 19 de septiembre, cuando Manuel Mena, quien estaba en pleno proceso de reincorporación, fue baleado en Quibdó (Chocó). El Partido Comunes, antes Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), confirmó que se trataba de una de las personas que dejó las armas en 2016. Versiones preliminares indican que tres hombres, al parecer miembros del Clan del Golfo, sacaron a Mena de su casa en el barrio El Futuro, para luego cometer el crimen.
Por último, la JEP se mostró preocupada por la gran cantidad de familias de excombatientes -no precisó cuantas- que se han visto obligadas a abandonar zonas del sistema de Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los cuales los antiguos miembros de las Farc reciben acompañamiento para regresar a la vida civil. En total hay 24 espacios ETCR, ubicados en la mayoría de departamentos del centro, norte y occidente del país.
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