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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia entregar información detallada sobre el retiro de obras, textos y otros elementos asociados al conflicto armado, la desaparición forzada y la memoria de las víctimas. El pasado 17 de octubre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó retirar aproximadamente 30 piezas de tres salas de la institución.
El Ministerio y el Museo tienen cinco días hábiles, contados a partir de la comunicación del auto, para presentar un informe ejecutivo en el que expliquen cuántas piezas y elementos fueron desmontados, removidos, sustituidos, ocultados o reubicados entre el 1 y el 21 de octubre de 2026. También deben precisar cuáles son las salas afectadas, quiénes autorizaron y ejecutaron cada acción, dónde se encuentran actualmente los objetos y qué riesgos enfrentan.
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La decisión, firmada el 21 de octubre por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR), se adoptó en el marco de la Medida Cautelar Nacional sobre Desaparición Forzada.
Diez días hábiles después de la comunicación del auto, las entidades deben presentar un informe integral. Este debe incluir una relación individual de cada pieza, con su código de inventario, autor o procedencia, estado, ubicación anterior y actual, y fotografías previas y posteriores a los cambios.
Además, deben entregar copias de las órdenes y de los guiones museográficos anteriores y posteriores a las modificaciones. La JEP también les pide identificar si las piezas fueron donadas, prestadas o elaboradas con la participación de víctimas, familiares u organizaciones, y si hubo información o consulta previa.
El auto advierte que las entidades no podrán invocar una reserva genérica ni fundamentada únicamente en la “incomodidad institucional” que pueda generar el contenido. “Si sostienen que algún elemento está amparado por una reserva legal aplicable, deberán precisar documento o campo afectado, norma vigente, autoridad competente para clasificarlo, riesgo concreto que se pretende evitar, plazo cuando proceda, posibilidad de disociación y la versión pública disponible. La justificación será examinada por el despacho conforme al ordenamiento jurídico, sin que esta providencia desconozca protecciones imperativas”, se lee en la decisión.
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La JEP aclara que el informe busca establecer si los cambios ponen en riesgo derechos protegidos por la medida cautelar. El auto reconoce que un museo puede modificar sus montajes por razones técnicas, pero señala que, cuando estos cambios involucran testimonios y objetos de víctimas, las decisiones deben estar respaldadas por documentación y criterios verificables.
Sobre el papel del tribunal, el auto señala: “La memoria de la desaparición forzada tiene además una dimensión individual, familiar y colectiva. La preservación de nombres, contextos, testimonios y expresiones de búsqueda puede contribuir tanto al reconocimiento social de las personas desaparecidas como a la reconstrucción de información útil para las tareas de esclarecimiento y búsqueda. El interés judicial no reside en elegir una narrativa histórica oficial, sino en verificar si determinadas actuaciones ponen en riesgo información, derechos o compromisos relevantes”.
La Sección precisa, además, que, si la documentación revela asuntos ajenos a la desaparición forzada o a la competencia de la JEP, los remitirá a las autoridades correspondientes.
El pasado 17 de octubre, varios medios informaron que del Museo Nacional habían sido retirados objetos, reproducciones y textos sobre violencia política, conflicto armado, procesos de paz y movimientos sociales. La decisión del Ejecutivo provocó manifestaciones frente al museo, durante las cuales varias personas bloquearon parcialmente la carrera séptima los días 17 y 18 de octubre, en Bogotá.
Los plantones fueron intervenidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuyos integrantes recurrieron al uso de aturdidores y chorros de agua a presión para dispersar a los manifestantes. Ante estos hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó de “innecesario y desproporcionado” el despliegue de unidades antidisturbios. Asimismo, sostuvo que los asistentes ejercían legítimamente su derecho a “expresar su inconformidad con las decisiones del Gobierno nacional sobre las obras removidas del Museo”.
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Entre las actuaciones que cuestionan la decisión del Ejecutivo, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá adoptó el 19 de octubre, en el marco de una acción de tutela, medidas provisionales para preservar las piezas y sus registros. Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió explicaciones el 20 de octubre sobre el retiro de las obras y el eventual cambio de nombre del espacio de memoria dedicado a Miguel Ángel Díaz, uno de los primeros desaparecidos durante el genocidio contra los militantes de la Unión Patriótica (UP). También pidió aclarar si sus familiares participaron en esa decisión.
La Defensoría aseguró que hará seguimiento a las respuestas del Ministerio de las Culturas y evaluará otras posibles actuaciones para proteger la libertad de expresión, los derechos culturales y la memoria histórica: “La preservación de la memoria histórica y el acceso a la cultura exigen reconocer la diversidad de voces, experiencias y relatos que forman parte de nuestra historia. Ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas”.
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Carlos(63194)•27 de octubre de 2026 – 15:20Con la plata que malgasta la JEP se puede hacer un museo propio, donde cuelguen toda la porquería de esos fascinerosos y criminales del M-19.
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@HerbólogaRaquel(46037)•27 de octubre de 2026 – 14:21Lamentable que tanta ente de la comunidad de este diario tenga esas opiniones de la JEP: Muestran un inmenso desconocimiento de la insitución y la constitución, una espantosa crueldad y un enorme negacionismo, ente otras aberraciones.
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antonio(7747)•27 de octubre de 2026 – 14:01Este tribunal de pacotilla por qué no se dedica a cumplir con sus obligaciones. Zapatero a tus zapatos.
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Luis(71001)•27 de octubre de 2026 – 13:53El respeto de la Constitución y de la separación de poderes fue propaganda de campaña de las manadas abelardistas, pero van a chocar con la decencia que hay en algunas instituciones.
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Diana cp(85842)•27 de octubre de 2026 – 13:49Es el colmo, la guerrilla o sea la tal JEP no tiene porque pedir explicaciones ni nada a la sociedad colombiana, por el contrario que dejen de robar y se desmovilicen, estos delincuentes no hacen mas sino ofender y revictimizar a las victimas del narcoterrorismo en este país a quienes invisibilizan y de paso a taparle todo a la mafia, apenas lógico es su espurio tribunal, por eso toca acabar con ese bodrio ofensivo con las víctimas ya mismo y que los narcocomunistas hagan su propio museo
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Diana cp(85842)•27 de octubre de 2026 – 13:30No tiene velas en este entierro el tribunal espurio de los farucos, es el colmo fuera que viven robando al pueblo pobre colombiano con su sola presencia ahora a meterse en lo que no les compete, que le den explicaciones mas bien ellos al pueblo de porque existen si el pueblo colombiano les dijo no en democracia amen que la comunidad internacional no los avaló, mas bien que expliquen porque tienen a la mujer de Cepeda un victimarito faruco robando a sus anchas, cínicos
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Lalo(70277)•27 de octubre de 2026 – 14:12Engendro del infierno
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Robert(36139)•27 de octubre de 2026 – 12:50Y que tiene que ver la JEP con un museo. Ahora, hasta en eso nos metemos para justificar el presupuesto? No se ha llegado todavía a ninguna condena de los capos mayores de las FARC.
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Robert(36139)•27 de octubre de 2026 – 15:35Saludes a su señora madre
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Lalo(70277)•27 de octubre de 2026 – 14:13Bestia
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