En la mañana de este lunes 21 de septiembre, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a cinco excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con violencia sexual y de género contra integrantes de comunidades indígenas afrodescendientes y campesinas en el norte del departamento Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Los exjefes guerrilleros llamados a reconocer responsabilidad fueron conocidos en ese grupo ilegal como alias "Calixto", "El Pija", "Jaime Barragán", "Monín" y "Leonel Páez". La justicia transicional los imputó por su posible responsabilidad de mando por no haber prevenido, investigado ni castigado hechos cometidos en las filas de la antigua guerrilla contra civiles, mujeres y niñas que habían sido reclutadas. Los imputados hacían parte del Frente Sexto y las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las Farc.
Lea también: La prueba de fuego de la JEP: su primera sanción a las Farc divide a las víctimas
El llamado a reconocer responsabilidad es por los crímenes de lesa humanidad de violación, otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución por motivos de género. También por los crímenes de guerra de violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes.
Los abortos forzados practicados a las niñas y mujeres reclutadas fueron calificados como el crimen de guerra de tortura y la anticoncepción forzada como el crimen de guerra de ultrajes contra la dignidad personal. De igual forma, los actos de discriminación y violencia contra personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas fueron imputados como el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género.
Le puede interesar: JEP acude ante la CPI por recorte a presupuesto respaldado por gobierno De la Espriella
Esta es la tercera imputación del caso 05 de la JEP, que investiga la situación territorial en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, liderado por el magistrado Raúl Sánchez. Pero se trata de la primera enfocada en crímenes relacionados con violencia sexual y de género cometidos por la antigua guerrilla en esa zona del país. Estos hechos son investigados también en el marco del caso 11, que aborda de forma específica los crímenes de guerra y de lesa humanidad en ese marco.
En su investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP estableció que la violencia sexual y de género fue uno de los patrones con los que actuó la antigua guerrilla de las Farc en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca en el marco de su estrategia de control social y territorial. Incluso, según la justicia transicional, en muchos casos la violencia sexual "fue usada para castigar a quienes infringían las reglas impuestas por la guerrilla".
Contenido relacionado: Lo que ha encontrado la JEP sobre violencia sexual y abortos forzados dentro de las Farc
La JEP documentó en su imputación 68 hechos victimizantes cometidos en contra de 35 víctimas: 30 personas eran población civil y cinco hacían parte de la antigua guerrilla. En Cauca y Valle del Cauca, el 35,4 % de los crímenes relacionados con violencia sexual y de género son atribuidos a grupos guerrilleros, especialmente a las antiguas Farc. La imputación detalla que los casos se concentraron en los municipios de Florida, Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono y Santander de Quilichao.
Este patrón criminal, según la imputación, se ejecutó por medio de dos modalidades. La primera corresponde a la violencia sexual y basada en género cometida al interior de la antigua guerrilla de las Farc. Al respecto, la justicia transicional señala que en la cumbre guerrillera de 1993 se estableció "una política formal de anticoncepción forzada que derivó en una prohibición del embarazo y de la maternidad dentro de las filas".
Lea: Están desconociendo todo: JEP rechaza idea de quitarles COP 100.000 millones
Fue en el contexto de cumplimiento de ese lineamiento que, según la JEP, las mujeres y niñas reclutadas por las antiguas Farc fueron sometidas a la aplicación forzada de métodos anticonceptivos, abortos forzados y sanciones. En los casos puntuales del Frente Sexto y la Columna Móvil Jacobo Arenas, la Sala de Reconocimiento de Verdad documentó violaciones y otras formas de violencia sexual contra mujeres reclutadas forzosamente.
La segunda modalidad de estos crímenes investigada por la JEP corresponde a hechos de violencia sexual y basada en género en contra de personas de la población civil. En este marco hay violaciones a niñas y mujeres que estaban solas en sus casas o en fincas a las que integrantes del grupo habían ido previamente a exigir alimentos o a dormir, crímenes contra mujeres y niñas que transitaban por los caminos de su región y delitos contra niñas y mujeres que se negaban a ser reclutadas, que tenían alguna relación con integrantes de la fuerza pública, entre otras cosas.
Más contenido: Defensoría reporta 113 casos de reclutamiento de menores entre enero y agosto de 2026
En su imputación, la Sala de Reconocimiento de Verdad señaló que los daños a las víctimas fueron mucho más allá de los crímenes en sí mismos. Las víctimas tuvieron "impactos psicológicos como angustia, miedo, depresión y aislamiento". También "afectaciones a la salud física y reproductiva, estigmatización y señalamientos que llevaron a muchas sobrevivientes a retirarse de la vida comunitaria, pérdida de oportunidades educativas, laborales y económicas, rupturas familiares y de pareja, discriminación contra las personas LGBTIQ+ en el ejercicio de sus liderazgos y daños posteriores a la victimización, como amenazas, nuevos desplazamientos y la revictimización por parte de las instituciones a las que acudieron".
Agrega que los crímenes fueron "un medio de dominación territorial y simbólica que comunicaba a toda la comunidad el poder del actor armado, lo cual también afectó a los pueblos étnicos y campesinos". Las comunidades indígenas y afrodescendientes fueron las más afectadas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, al punto de que las víctimas le han dicho a la JEP que la violencia sexual y de género en su contra puso en riesgo la supervivencia misma de sus comunidades.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.