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José Eduardo González Sánchez, exjefe de seguridad de Ecopetrol, es el primer civil imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Magdalena Medio por su presunta participación en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Barrancabermeja (Santander). La Sala de Reconocimiento de Verdad llamó al exfuncionario y a 11 exintegrantes del Ejército y de la Policía a reconocer responsabilidad en masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, persecución contra sindicalistas y organizaciones de derechos humanos en la capital petrolera de Colombia.
Se trata de la primera imputación que adelanta la JEP en el marco del macrocaso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado. El llamado a reconocer responsabilidad se conoció en la mañana de septiembre, durante una diligencia en la ciudad de Barrancabermeja, encabezada por el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, y la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y relatora del subcaso Magdalena Medio.
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Los otros imputados son los exmilitares José Domingo García García, Juvenal Ovidio Brugés Palmera, Carlos Eduardo Avendaño Ávila, Oswaldo Prada Escobar, Óscar Diego Sánchez Vélez, Jesús Herrera García, Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva. También los expolicías Nilson Durán Durán y Juan Carlos Celis Hernández. José Eduardo González Sánchez, por su parte, era el jefe del área de seguridad de la refinería de Ecopetrol durante el lapso investigado por la JEP.
Según la justicia transicional, los exuniformados hicieron parte de una “alianza criminal” para eliminar el “enemigo común” de la ciudad y la región del Magdalena Medio, en el marco de la llamada toma paramilitar de Barrancabermeja. Se trata de los hechos violentos ocurridos entre los años 1998 y 2000, que se ensañaron especialmente con líderes sociales y sindicalistas, así como organizaciones de derechos humanos que denunciaban graves hechos cometidos por actores armados en la ciudad.
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Durante la investigación liderada por la magistrada Catalina Díaz Gómez, la JEP identificó a 473 víctimas individuales y reconstruyó 14 masacres ocurridas en Barrancabermeja. Además de asesinatos, desapariciones y persecuciones contra los habitantes de barrios de la zona oriental de la ciudad, la Unión Sindical Obrera (USO) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, (CREDHOS). Para reconstruir el caso, la JEP revisó, entre otras cosas, miles de declaraciones, documentos y decisiones de Justicia y Paz, informes militares, de inteligencia y de víctimas.
Por medio de esta imputación, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP les atribuye a los comparecientes los crímenes de guerra de homicidio, así como crímenes de lesa humanidad de exterminio y desaparición forzada. A tres de ellos los llama también a reconocer responsabilidad por persecución como crimen de lesa humanidad por las violencias ejercidas de forma puntual contra la USO y CREDHOS. Pero uno de los puntos más importantes de la decisión es la “invitación” a Ecopetrol a hacer parte del proceso de verdad.
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Si bien los terceros civiles y las empresas están por fuera de la competencia de la JEP, por decisión de la Corte Constitucional, el desapacho de la magistrada Catalina Díaz Gómez convocó a Ecopetrol “a un diálogo de construcción de verdad con enfoque restaurativo”. En esa diligencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad presentará sus hallazgos, los patrones de victimización identificados en el caso y los daños “para que el diálogo parta de una comprensión común de lo establecido en la decisión”. Agrega la decisión que el objetivo de esa invitación es aportar a la restauración.
“Ecopetrol podrá exponer su posición e iniciativas, y las víctimas podrán plantear también demandas de reparación y propuestas de trabajo. Este diálogo no constituye una versión voluntaria ni una diligencia de reconocimiento de responsabilidad, ni busca debatir la imputación individual contra el antiguo funcionario de la empresa, capitán retirado del Ejército y luego mando paramilitar José Eduardo González Sánchez. Será un primer paso de una ruta restaurativa que deberá ampliarse con la participación de las víctimas y sus comunidades”, señala el documento.
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