JEP insiste a la UNP y a consejero Archila proteger la vida de los excombatientes

En la imagen, el sepelio de Manuel Antonio González, exguerrillero asesinado en Ituango, en diciembre 2019.

Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

A principio de año, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó proteger la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz. Requirió al consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo Martínez, para que creen estrategias para evitar más asesinatos de los excombatientes de las Farc. En una audiencia de seguimiento, ambas entidades dieron los primeros detalles de sus modelos de implementación, pero les queda camino por recorrer.

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La magistrada Reiniere Jaramillo inició la audiencia poniendo de presente que, tras el Acuerdo de Paz, “la prioridad debe ser la protección y la seguridad de los excombatientes, de las comunidades afectadas por el conflicto, los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos”. Justamente, el pasado 9 de noviembre el partido Comunes denunció el asesinato número 290 de excombatientes desde que las Farc pactaron su dejación de armas. La víctima fue Hugo Córdoba, acribillado en Samaniego (Nariño).

Entonces, fue el turno de la Consejería para la Estabilización para presentar los primeros detalles del “Plan Estratégico de Seguridad y Protección”, el cual debe cumplir como medida cautelar para asegurar las vidas de quienes dejaron la guerra. Carlos Germán Caicedo, en representación del órgano de gobierno, aseguró que ya se delimitaron ocho líneas estratégicas, entre las que se encuentran la prevención, protección, enfoque de género y garantías de seguridad en la participación electoral. El plan cuenta con la articulación del Ejército, la Policía, el Ministerio de Defensa y del Interior, entre otros.

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“El enfoque básico es lograr que se concreten esas garantías de seguridad. Hay un compromiso nuestro con las vidas de los excombatientes, quienes tuvieron el valor de dejar las armas y comprometerse en un proceso de paz. En ese sentido, entendemos y coincidimos en que la acción articulada de todas estas ocho líneas estratégicas refuerza la efectividad de esas garantías”, señaló en audiencia Caicedo.

A su turno, el director de la UNP Alfonso Rafael Campo aseguró que, en 2021, se han adelantado 108 cursos de autoprotección. Desde principio de año tenía la tarea de conseguir 686 hombres para la protección de los excombatientes, meta que está a punto de cumplir tras la contratación de 586 efectivos. Luego de ello, se refirió a todas las estadísticas económicas relacionadas con la contratación y puesta en marcha del plan.

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Tras la primera intervención de Caicedo y Campo, el magistrado Gustavo Adolfo Salazar de la JEP entregó su posición sobre los avances de las entidades y el contexto de violencia contra los firmantes. “La situación es grave, muy grave. Me parece que de ninguna manera se puede hablar aquí de mejoría de la situación. Más de 46 homicidios en el 2021 es una situación gravísima. Los indicadores de disminución del 8% o 20% me parece que no comunican lo que se debe comunicar y es que hay una serie de ciudadanos que tienen unas obligaciones especiales con el Estado: aporte de la verdad, dejar las armas. Pero el Estado no les está cumpliendo”, señaló.

Así mismo, Salazar explicó que las estadísticas económicas no muestran la dimensión de la violencia contra los excombatientes y las posibilidades del Estado para protegerlos. “Lo que está aquí de por medio son vidas humanas. ¿Cuántas personas que elevaron solicitud de protección a 29 de septiembre de 2020 y que no se les resolvió, fueron asesinadas en ese intervalo?”, fue uno de los interrogantes que planteó. En su consideración, los resultados de ambas entidades giran en torno a las vidas que se protegen. Y, sobre todo, esperan reducir a cero la cifra de firmantes que pidieron protección y que fueron asesinados sin obtener respuesta.

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Así las cosas, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP dio un término de 60 días a la consejería para que presente un informe integral de cumplimiento, el cual deberá estar respaldado por elementos que evidencien un enfoque de género, étnico y territorial. También la vinculación de campañas de no estigmatización y respeto a la vida. Asimismo, el director de la UNP deberá presentar un informe, en el mismo término, sobre el cumplimiento de las medidas cautelares. Deberá contratar los escoltas que están pendientes y remitir los datos de las personas que, buscando la paz y sus garantías, fueron asesinadas.

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