El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hizo llegar en la tarde de este 21 de agosto una misiva al ministro de Justicia, Iván Cancino. En la carta, solicitó al jefe de esa cartera convocar lo antes posible una reunión con el objetivo de “poner al tanto a los funcionarios del nuevo Gobierno sobre los avances logrados y los retos inmediatos” frente a las sanciones restaurativas que ya han sido emitidas.
La misiva del magistrado Ramelli recuerda al gobierno de Abelardo de la Espriella que las sanciones impuestas por la justicia transicional “gozan de una doble naturaleza: restaurativa y restrictiva de derechos”. Sin embargo, señala que, aunque los jueces transicionales imponen las medidas, “en términos de la existencia de proyectos viables y debidamente financiados, es responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional”.
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En ese sentido, señala que existe una “corresponsabilidad en la lucha contra la impunidad en materia de crímenes internacionales entre la JEP (órgano encargado de investigar y sancionar) y el Gobierno Nacional, en tanto que autoridad pública encargada de asegurar el cumplimiento de las condenas impuestas”.
El togado también destaca el papel de la Instancia de Articulación (Insart), un sistema de coordinación entre la JEP y las entidades del Ejecutivo “responsables de proveer las condiciones para el cumplimiento de las sanciones impuestas por la comisión de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio”.
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Según su carta, la instancia ha logrado identificar la “oferta pública institucional” y concluyó que, hasta la fecha, hay casi un centenar de proyectos que “podrían tener talante restaurativo para albergar la ejecución de las sanciones”. Además, el magistrado Ramelli señala que la Insart ha mapeado la capacidad financiera de las entidades para poner en marcha estos proyectos restaurativos.
La instancia, según explicó el togado al ministro de Justicia, también ha impulsado la aprobación del Decreto 652 de 2026, un “texto normativo fundamental para asegurar las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad social, asegurabilidad, entre otras”, necesarias para la ejecución de las sanciones.
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El magistrado Ramelli señala que, gracias a este esfuerzo, los jueces transicionales “pudieron condenar a los máximos responsables de secuestro y ejecuciones extrajudiciales a trabajos restaurativos, con efectiva restricción de derechos”, en proyectos relacionados con el desminado humanitario, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, planes integrales de memoria y espacios multipropósito para el pueblo Kankuamo, entre otras iniciativas fundamentales para garantizar los derechos de las víctimas y las comunidades.
La carta indica que, teniendo esto en cuenta, las reuniones previas a la emisión de las sentencias, impulsadas por la Insart, “son imprescindibles para asegurar la viabilidad técnica, financiera, operativa y restaurativa de las sanciones y, por tanto, para el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno en torno a este asunto”.
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El presidente de la JEP concluye la carta haciendo un llamado al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia, para que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo “se prevea la existencia de este exitoso modelo de corresponsabilidad institucional, así como el funcionamiento de la Insart”. Además, solicita que se lleve a cabo, lo antes posible, una sesión entre la justicia transicional y el Ejecutivo.
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