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Una silenciosa controversia al interior del gobierno generó la publicación de dos certificaciones firmadas por Gustavo Petro y Hollman Morris a favor del exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Santander y hoy subdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), José Alexis Mahecha Acosta. Las pruebas fueron incorporadas hace nueve años en el expediente conocido como el de las “chuzadas” del DAS y, mientras el presidente admite haber firmado esa declaración, el gerente de RTVC ha calificado la suya de “falsa”. Un hecho no menor, pues de llegar a comprobarse, podría implicar a Mahecha y a sus defensores en un fraude procesal.
Ambas certificaciones fueron publicadas por El Espectador el 10 de abril y el primero que levantó la mano para negar su autenticidad fue Morris. Sin embargo, la historia de cómo llegaron esos documentos a la investigación está clara en el expediente. Todo arrancó el 7 de septiembre de 2016, cuando la abogada de Mahecha, Sonia Stella Rodríguez León, entregó las pruebas a la Fiscalía, como parte de la apelación al llamado a juicio de su cliente, acusado de concierto para delinquir agravado. Si bien Rodríguez entregó inicialmente una copia simple de las constancias, el 13 de septiembre de ese mismo año, anexó los originales. Según lo consignó en una carta dentro del proceso 13153, “debido a un error involuntario en el momento de radicar se quedaron fue las fotocopias y no las originales”.
“Conozco al señor José Alexis Mahecha Acosta como un servidor responsable, enmarcado en principios y valores democráticos y respetuoso del derecho de las personas”, rezaban de forma escueta las cartas, sin mayores diferencias que la ciudad o fecha en donde se firmaban: en el caso de Petro -entonces senador- en Bogotá el 5 de septiembre, y en el de Morris -concejal distrital- en Ibagué al día siguiente.
Los documentos no tuvieron mayor efecto en el ente acusador. A finales de diciembre de 2016 la entonces vicefiscal María Paulina Riveros confirmó el llamado a juicio contra Mahecha Acosta y demás procesados dentro del llamado caso de las “chuzadas” del DAS. Una vez el caso llegó a juicio, el abogado Franklin Buitrago Vivas, nuevo defensor de Mahecha, solicitó que las dos constancias -ahora con copia autenticada en la Notaría 38 de Bogotá- fueran tenidas en cuenta dentro de las pruebas a favor de su defendido.
El 5 de julio de 2017, en una de las largas sesiones de audiencia preparatoria en ese caso, el Juzgado Sexto Penal Especializado de Bogotá accedió a la solicitud de la defensa, sin que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), representante legal de Morris y su familia como parte civil, presentara objeción alguna.
Mahecha fue absuelto, tanto en primera como en segunda instancia, por los supuestos seguimientos a Morris. Sin embargo, la Fiscalía nunca lo investigó por supuestos montajes judiciales contra la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc) en Santander y en contra de los corteros de caña, el exsenador y actual procurador delegado para la gestión territorial, Alexander López Maya, y sus asesores en el Valle. El funcionario le aseguró a este diario que preparar una denuncia contra Mahecha. Entre tanto, el caso de los seguimientos se encuentra en etapa de casación en la Corte Suprema de Justicia en el despacho del magistrado Fernando Bolaños, quien prefirió no pronunciarse, pues todavía está en estudio.
La existencia dentro del proceso de la declaración que Hollman Morris desconoce como suya y afirma que es falsa revive el debate sobre Mahecha, a quien el 20 de abril el gerente de RTVC calificó de “victimario” en la red social X, pero de cuyo nombramiento en el Dapre, el pasado el 10 de marzo pasado, omitió pronunciarse.
Aunque solo un peritaje judicial en el marco de una nueva investigación criminal podría determinar a ciencia cierta si se trata de una prueba fabricada, la simple comparación entre la firma de Morris y la que aparece en la supuesta certificación deja entrever varias diferencias.
Lo importante de una constancia de tal naturaleza, para la defensa de Mahecha, radica en que la Fiscalía centró la acusación contra Mahecha en el informe de inteligencia No. 437 del 23 de septiembre de 2005, emitido con la firma del entonces director seccional del DAS en Santander. Ese reporte recogió, entre otras cosas, un conversatorio en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga al que asistió Morris.
Dos de las cuatro páginas del informe versan sobre el periodista, para ese momento director del programa Contravía. El memorando concluye asegurando que “Morris en su exposición siempre estuvo opacando la imagen del señor presidente de la República (Álvaro Uribe) y haciendo fuertes críticas a la política de seguridad democrática que adelanta el gobierno nacional, ya que para él viola todos los derechos fundamentales de las personas”.
Al ser consultada sobre la certificación que Morris califica de falsa y que estuvo durante casi diez años en un proceso penal sin que nadie advirtiera irregularidades en la misma, la presidenta del Ccajar, Yessika Hoyos, manifestó que, tras haber indagado al interior de la Corporación, no fue posible establecer la razón por la cual no se advirtió la existencia del documento entre los miles de folios que hacen parte del expediente de las “chuzadas”, ni tampoco por qué no se cuestionó la validez del mismo ni se le informó a su representado, Hollman Morris, sobre la posible indebida utilización de su nombre por parte de la defensa de Mahecha.
La abogada Rodríguez León, quien fue la primera en aportar las cartas a favor de Mahecha, se mostró sorprendida por la supuesta falsedad y consideró que quien debería responder sobre el tema es “el capitán Mahecha, porque él es quien aportó eso”.
Según Rodríguez, “uno como defensor aporta lo que le entrega la persona en ese momento. Yo tendría que mirar en el expediente a ver si fui yo quien aportó esos documentos. Obviamente, me imagino que él (Mahecha) me las entregó y se entregaron al juzgado. Ese proceso es de hace bastante tiempo, entonces debo consultar si fue entregado al juzgado como parte de la defensa. El proceso no lo continué yo, pero vuelvo y repito: uno aporta lo que le entrega la persona indiciada. Entonces el señor Mahecha entregó eso o lo aportó para que fuera parte del proceso y obviamente me imagino que posteriormente el nuevo abogado también soportó esos documentos, hizo la defensa con esos documentos”.
Conocedora de lo que significa una eventual falsedad dentro de un expediente, la abogada aseveró que, de confirmarse, sería “muy desagradable. Finalmente es la palabra de él (Mahecha) contra la del señor Morris. Uno le da credibilidad al cliente. Me parecería terrible porque yo soy una persona muy honesta y radical y no me prestaría para algo así. Uno hace las cosas con honestidad total, nunca me ha gustado la corrupción ni mucho menos esa clase de cosas”.
El defensor actual de Mahecha, Franklin Buitrago Vivas, no respondió ninguno de los correos electrónicos, llamadas y mensajes de WhatsApp que le fueron enviados.
A su vez, el juez sexto penal especializado de Bogotá, Alexander Díaz Pedrozo, en respuesta a El Espectador ratificó que “la prueba documental representada por las certificaciones aludidas fue solicitada por la defensa de Mahecha Acosta, se decretó ante la ausencia de oposiciones en el ámbito de su legalidad y tampoco fue objeto de recursos por parte de la Fiscalía ni la representación de las víctimas en la que se cuestionara su legalidad. Ante esa realidad procesal, la prueba fue incorporada al juicio y nunca fue cuestionada en su legalidad durante ese trámite procesal”.
Gustavo Petro sí firmó la certificación
A través de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y exasesor legislativo de Gustavo Petro, el presidente respondió a El Espectador que, contrario a Morris, él sí firmó la certificación a favor de Mahecha y explicó que conoce al exdirector de Inteligencia del DAS de tiempo atrás, pues fue él quien le alertó de las órdenes de seguimiento y las interceptaciones ilegales de que era objeto por parte del DAS.
El presidente se refiere a su denuncia ante el Congreso del 21 de octubre de 2008,cuando presentó dos memorandos firmados por el entonces coordinador del grupo de Asuntos de inteligencia política y social de la Subdirección de análisis del DAS, Jaime Fernando Ovalle Olaz. En ellos, solicitó realizar un rastreo riguroso y extremo a Gustavo Petro y al Polo Democrático. Las pruebas presentadas por el senador Petro, que se encuentran recogidas en la Gaceta 28 del Congreso (febrero de 2009), generaron la salida de Ovalle del DAS y, dos días más tarde, la renuncia de María del Pilar Hurtado a la dirección del organismo de seguridad.
Por su parte, Mahecha Acosta se negó a responder a El Espectador preguntas sobre el origen de la certificación de Morris, la entrega de información a Petro y otros aspectos, con el argumento de que presentó una querella por injuria y calumnia contra la autora de esta investigación. Mientras se desenreda este presunto caso de fraude procesal, Morris insiste que la certificación con su firma es falsa. Sin embargo, ese documento ha estado más de nueve años en el expediente judicial en el que él mismo figura como víctima.
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