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María Alejandra Tobón Arango no concibe la idea de que la vida no le alcance para “ganarse un puesto en el cielo” y volver a ver a Juan José Tobón Úsuga, la persona a la que más ha amado. Dice que desde que asesinaron a su sobrino hace méritos para que Dios y la Virgen le permitan habitar ese lugar que cree que existe después de la muerte, donde no alcanza a llegar el dolor y las pesadillas terminan. Mientras tanto, exige que la justicia condene a la persona que secuestró y asesinó a Juanjo, como lo llama con cariño, por no pagar una extorsión de COP 1.700 millones. Aunque sabe que eso no le devolverá la vida, al menos impedirá que otras familias tengan que sufrir con ese crimen, que en lo que va de 2026 ya alcanzó la cifra más alta de los últimos 11 años.
En un acto de fe, María Alejandra Tobón espera que transcurran pronto los 120 días que tiene la Fiscalía para llevar a juicio a Luis Hernando Pérez Orrego, alias Cenizo, un carnicero de Ituango (Antioquia), quien habría secuestrado y asesinado a Juan José Tobón el 24 de febrero de 2024 en ese municipio. Las autoridades lo capturaron el pasado 12 de agosto en Ecuador, país al que huyó luego de enterarse de que lo buscaban por secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas, delitos por los que fue imputado el 13 de agosto de este año. En la audiencia de imputación, Pérez Orrego vestía una camisa a cuadros con rayas, la misma que tenía puesta el día que lo sacaron del lugar en el que vivía. Se tocó la cabeza y la cara envejecida, y le dijo a la jueza: “No acepto los cargos”.
Lo primero que sintió María Alejandra cuando vio a Pérez Orrego sentado en esa sala de audiencias fue dolor. Fue como recibir el puño de un gigante que la tiró al suelo y la dejó sin aire. Cuando pudo volver a respirar, confiesa que sintió un poco de compasión. “Pensé que ese señor se había dañado toda su vida por dinero”, le dijo María Alejandra a El Espectador. Después pensó en todo lo que le hicieron a Juan José y en el peor desenlace que puede tener la extorsión: el asesinato. Sintió rabia, tristeza y frustración de imaginar que ese hombre de 60 años le había arrebatado a su niño, a su “gordito”, como también le decía de cariño. Recordó el calvario que vivieron durante cinco meses, después del crimen, con cobros de dinero y amenazas. Y pensó en las miles de familias que, como ellos, enfrentan esa angustia.
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En lo que va de 2026, según cifras del Ministerio de Defensa, 7.661 personas han sido extorsionadas. Solo entre enero y marzo el país alcanzó la cifra más alta desde 2015, con 2.914 casos denunciados. Se trata de un fenómeno con tentáculos como el secuestro extorsivo, del que han sido víctimas 142 personas solo este año, según los cálculos del Gobierno, pero el dato puede ser más alto debido al subregistro por el temor a denunciar. La cifra viene en aumento de años atrás. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) señala que desde 2023 el 70 % de los casos de secuestros han sido extorsivos y para julio de 2025 ya alcanzaban el 76 %. Más allá de la estadística, esa modalidad de violencia provoca traumas físicos y psicológicos en las víctimas, que “cargan con la angustia de la incertidumbre y, en muchos casos, con el deterioro económico derivado de la extorsión”, señala el documento.
Esa dinámica, además, deja como última y máxima consecuencia la muerte. “Un componente central de la extorsión es la credibilidad de las consecuencias por no pagar. Por ello, el secuestro extorsivo que deriva en homicidio tiene por objeto ‘convencer’ a las víctimas y a sus entornos de pagar”, explicó Jorge Mantilla, investigador de crimen y conflicto.
María Alejandra tiene las palabras precisas para hablar frente a cualquier fiscal que le pida narrar lo que sucedió. Pero cuando le preguntan por el día en que nació Juan José, se le ilumina la vida, se sale del discurso y sonríe tímidamente. Suspira y arranca la historia. “Juan José llegó para nosotros como un regalo supremamente esperado, porque fue el primer sobrino y el primer nieto de la casa”, dice.
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Recuerda que era un niño “gordito y grande”, de una sonrisa tan amplia como el mar. De una felicidad infinita e inabarcable. Nació en Medellín, pero creció en Ituango, rodeado de caballos, mulas y sembrados de café. Cuando fue creciendo, se interesó más por el campo y decidió estudiar medicina veterinaria, porque decía que su vida era en Ituango. Con la determinación que puede tenerse a los 17 años, Juan José soñaba con su propia finca, sus mulas y sus negocios. Pero en la casa siempre lo vieron como el niño, el más pequeño y más vulnerable. Creen que quienes lo secuestraron y lo asesinaron también sabían eso: que Juan José era la pieza más delicada de una familia campesina y que por eso la extorsión iba a funcionar.
La extorsión no terminó con la muerte
El 24 de febrero de 2024, Juan José pidió a su familia que lo dejaran trabajar en uno de los estaderos que tenían en Ituango. Era común que ayudara en la cocina o en las mesas atendiendo a los clientes del estadero Los Molinos, en zona rural de Los Galgos. Se quedó solo en el restaurante y hacia las 8:40 de la noche llegaron dos personas encapuchadas, le apuntaron en la cabeza con un arma y lo subieron a su propia motocicleta. Unas cuadras más adelante tomaron una carretera. Su rastro se perdió entre las montañas y la oscuridad de la noche. Kilómetros más adelante encontraron la moto incinerada. Una semana después del secuestro llamaron al papá de Juan José. Un hombre le pidió COP 1.700 millones por su libertad. No había posibilidad de negociar y tampoco les entregaron pruebas de supervivencia.
“Nos dijeron que nos daban una semana para poder recoger el dinero para que nos devolvieran a Juan José. Durante el secuestro, las escasas veces que se comunicaron, nunca hubo una entrega de pruebas de supervivencias, nada que nos dejara la tranquilidad de que Juan José seguía con vida. Haciendo un análisis retrospectivo, la respuesta era que Juan José ya no estaba con vida. A Juan José lo mataron y nos continuaron extorsionando”, relata María Alejandra. Según la reconstrucción de los hechos por parte de la Policía Judicial, al parecer Juan José intentó escaparse y alias «Cenizo» lo habría asesinado.
«Nosotros no entendíamos por qué se demoraban tanto si lo que querían era dinero; por qué se demoraban tanto en contactarnos si estábamos dispuestos a ver qué es lo que había que hacer», contó María Alejandra. Antes de que se cumpliera el plazo para entregar el dinero, un campesino de la zona se comunicó para decirles que se había encontrado un cuerpo en la carretera. Creía que era Juan José, pero no lo aseguraba por su avanzado estado de descomposición.
El papá de Juan José salió hacia el sitio que le indicaron. “Lo identifiqué por la forma de su mano y del dedo gordo de su pie, porque por lo demás era un cadáver no identificable debido a que, al estar a la intemperie, se presume que pasó más de seis o siete días expuesto al ambiente”, relató. A Juan José le quitaron todo. La ropa y el rosario que siempre llevaba colgado en su pecho. No había forma de reconocerlo a simple vista. La pesadilla no terminó ahí. “Nos hicieron la vida a cuadritos y nos obligaron a dejar el municipio. Nunca tuvimos tranquilidad. Asesinaron a Juan José y nos siguieron extorsionando. Nos pedían el mismo dinero y nos amenazaban con secuestrar a la hermana menor de Juan José, que tenía seis años de edad”, agregó María Alejandra.
A los ocho días de la muerte de Juan José, un primer testigo se comunicó con la familia Tobón Arango y les dijo: «Tengo conocimiento propio de que fue ‘Cenizo’. Conozco el proceder de esta persona y me solidarizo con ustedes». Se trata de Luis Hernando Pérez Orrego. Nació en Ituango y era el carnicero. «Él ya está señalado por muchísimas personas del municipio. Hay pruebas testimoniales que ya tiene la Fiscalía en las que lo señalan como el autor, no solo intelectual, sino material, que estuvo la noche del secuestro, que fue el encargado de recibir a Juan José en ese momento y que además se presume fue quien accionó el arma con la que le dispararon a Juan José», explicó María Alejandra.
Tras ese primer testimonio, la familia comenzó a investigar y encontraron que otros comerciantes del municipio habían sido secuestrados meses antes de que raptaran a Juan José. «A la semana tuvimos la certeza de que había sido él y recolectamos testimonios. Él nació en Ituango, conoce perfectamente la zona del rapto y del asesinato, y tiene antecedentes. En pueblo chiquito todo se sabe. Pasar de verlo como un comerciante de clase media que vendía carne los domingos, a saber que es el delincuente que nos hizo vivir un secuestro y asesinato fue impactante. Sentimos rabia e indignación al ver que alguien del municipio, que sabe lo que es trabajar para subsistir, se convirtiera en eso», dijo María Alejandra.
La Fiscalía detalló durante la imputación a Luis Hernando Pérez Orrego, presunto responsable del crimen, que la familia Tobón Arango, por las amenazas, hizo al menos tres pagos por COP 13 millones, a pesar de que ya habían encontrado muerto al joven. “Mientras Juan José estaba privado de la libertad, usted, aprovechando ese estado de indefensión de la víctima, le causó la muerte mediante un disparo en la cabeza. La muerte fue causada con el propósito de evitar que la víctima pudiera identificarlos a ustedes como responsables del secuestro y facilitar la impunidad. Después de la muerte de Juan José exigieron dinero bajo amenazas de causarle daño a la integridad de una hija menor de edad”, detalló la Fiscalía.
Una estrategia rentable para el crimen
Según Daniela Gómez Rivas, consultora en seguridad, defensa, construcción de paz y democracia, “el secuestro extorsivo tiene una intención más clara de enriquecimiento ilícito. Aunque no es la principal forma de extorsión, los grupos armados y criminales cometen cada vez más secuestros extorsivos para obtener recursos. Mientras que en la extorsión se pagan cuotas semanales de COP 20.000 o COP 50.000, en un secuestro extorsivo los recursos exigidos pueden ser de COP 2.000 a COP 5.000 millones, según la persona secuestrada. El repunte de delitos en el caso del secuestro extorsivo responde, sin duda, a un aumento real del fenómeno”. Para Jorge Mantilla, ese fenómeno responde también al control y expansión territorial de los grupos armados y del crimen organizado durante los últimos cuatro años.
Ese aumento también corresponde a la rentabilidad en el mundo del crimen, según explicó a este diario el profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte: “La extorsión forma parte de los portafolios de rentas ilegales de las organizaciones criminales. Se ha consolidado la modalidad del secuestro exprés. Grupos criminales de mediano alcance retienen a personas durante lapsos breves, cobrando sumas de entre COP 5 y COP 50 millones. Esta práctica les resulta funcional porque evita los costos logísticos e infraestructura de un secuestro prolongado, como tener a la víctima en predios rurales, vigilancia, alimentación y seguridad”. Además, señaló dos razones que explican ese repunte en los últimos años debido a los cambios en las modalidades del conflicto armado en el país.
“Todos los actores armados se han vinculado directa o indirectamente al narcotráfico y a la economía de la coca, reduciendo la dependencia histórica que grupos como el ELN tenían del secuestro. A eso se suma que las organizaciones criminales actuales no buscan la toma del poder nacional ni la creación de grandes ejércitos, por lo que no requieren financiar la compra masiva de armamento”, explicó Trejos. Y agregó que “sobre la renta de la extorsión no hay una cifra consolidada, pero se trata de un ingreso de gran magnitud que ha aumentado significativamente. En ciudades como Barranquilla o Bogotá persiste un alto subregistro debido a la desconfianza en las autoridades y a que algunas personas asumen el pago por temor”.
Para atacar este fenómeno, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un bloque nacional de búsqueda contra la extorsión, con el que esperan encontrar a los principales jefes criminales en un trabajo conjunto entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Rama Judicial. El objetivo es identificar, ubicar, capturar y judicializar a los responsables de extorsionar a comerciantes, empresarios, transportadores, campesinos y familias en diferentes regiones del país. Para Fernando Quijano, experto en crimen organizado, esa estrategia requiere mayor profundidad. “El plan del presidente insiste en el control militar y policial, pero controlar no es lo mismo que desmantelar. Si se desmonta un grupo hoy, a los pocos días otros asumen la estructura”, explicó.
La consultora Daniela Gómez coincide en señalar que “la disuasión que buscan los bloques de búsqueda —que concentra capacidades integradas en objetivos específicos— es funcional, pero el problema de la extorsión es estructural. El problema central es que el Estado no tiene presencia total en todo el territorio nacional y, ante ese vacío, la gente paga a los grupos ilegales. Erradicar la extorsión requeriría el desmantelamiento o la expulsión de los grupos armados de la zona y arrebatarles el control de la protección. Es una herramienta útil, pero no representa la solución estructural”, concluyó. Más allá de las propuestas de este Gobierno para enfrentar un fenómeno complejo como la extorsión, lo que pide la familia Tobón Arango es que la justicia sirva para honrar la memoria de Juanjo.
María Alejandra relató que su familia ha tenido que volver a vivir “de a poquitos” y que la realidad los ha obligado a sobreponerse. Confesó que han pensado en rendirse en la búsqueda de justicia, porque el proceso ha sido abrumador, largo y lento. Pero cuando está a punto de abandonar el caso, imagina la escena de Juan José en el cielo, abrazándola mientras le dice: “¿Viste que valió la pena hacer las cosas bien y ser una buena persona para ganarnos el cielo? Ya no nos vamos a separar”. La familia de Juan José Tobón Úsuga espera que en el próximo encuentro con la justicia, que será la audiencia de acusación, la Fiscalía presente todas las pruebas necesarias y pida la condena contra Luis Hernando Pérez Orrego, alias Cenizo. Es lo mínimo que merecen después del horror que han vivido.
Por Paulina Mesa Loaiza
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Yimmy(68264)•Hace 22 horasLa justicia y las autoridades de este país son inoperantes, hay que ponerles plata en las manos para que actúen con celeridad en estos aberrantes casos, es la triste realidad de este medio corrupto en el que vivimos!
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Manuel(66071)•Hace 23 horasLa extorsión es una actividad típica del capitalismo primitivo. No se quienes inventaron en el congreso que una suma de delitos se castiga con el mayor «en concepto del juez comprado o su adlatere el fiscal comprado» CASOS DE MATARIFES SE HAN VISTO DONDE MAMAN GALLO 30 AÑOS Y PASEAN POR LO S JUZGADOS A CONTAR ANÉCDOTAS Y PASAR EL TIEMPO IMPUNEMENTE Y PARA COLMO INFLUYETES EN LA POLÍTICA Y EN LOS ESTRADOS. Cualquier caso similar es mera coincidencia. SENTIMIENTO ES LO QUE DESPIERTA EL RELATO.
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Alamo(88990)•13 de septiembre de 2026 – 09:38Ojalá sea eficaz el desmantelamiento de estas organizaciones criminales que promete el lechuguino, pero no podemos olvidar que como abogado hizo fortuna defendiéndolos.
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luis(46988)•13 de septiembre de 2026 – 09:37Medellin también está muy afectada por este fenómeno, mucha gente , chafas de cigarros ,confites, negocios particulares , tienen que pagar la llamada vacuna , la policía sabe quiénes son , pero ellos también extorsionan a lo vencedores de vicio ,entonces acabar con esas lacras?.
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luis(46988)•13 de septiembre de 2026 – 09:37Medellin también está muy afectada por este fenómeno, mucha gente , chafas de cigarros ,confites, negocios particulares , tienen que pagar la llamada vacuna , la policía sabe quiénes son , pero ellos también extorsionan a lo vencedores de vicio ,entonces acabar con esas lacras?.
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luis(46988)•13 de septiembre de 2026 – 09:37Medellin también está muy afectada por este fenómeno, mucha gente , chafas de cigarros ,confites, negocios particulares , tienen que pagar la llamada vacuna , la policía sabe quiénes son , pero ellos también extorsionan a lo vencedores de vicio ,entonces acabar con esas lacras?.
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luis(46988)•13 de septiembre de 2026 – 09:37Medellin también está muy afectada por este fenómeno, mucha gente , chafas de cigarros ,confites, negocios particulares , tienen que pagar la llamada vacuna , la policía sabe quiénes son , pero ellos también extorsionan a lo vencedores de vicio ,entonces acabar con esas lacras?.
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luis(46988)•13 de septiembre de 2026 – 09:37Medellin también está muy afectada por este fenómeno, mucha gente , chafas de cigarros ,confites, negocios particulares , tienen que pagar la llamada vacuna , la policía sabe quiénes son , pero ellos también extorsionan a lo vencedores de vicio ,entonces acabar con esas lacras?.
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Marco(53341)•13 de septiembre de 2026 – 09:06Batallón de limpieza social contra esta lacra extorsionista, señor presidente. Motosierra para esos engendros, por favor.
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Javier(17933)•13 de septiembre de 2026 – 08:42Ojalá hubiera pena de muerte
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antonio(7747)•13 de septiembre de 2026 – 08:28Las extorsiones las hacen desde las cárceles, pero cuando el presidente dice que a estas personas las van a trasladar a alta mar en buques de donde no puedan delinquir, inmediatamente los » defensores de los derechos humanos » ponen el grito en el cielo. No se pueden bombardear los campos de entrenamiento de menores terroristas, no se pueden fumigar los cultivos de coca, no se puede portar armas en forma legal, es decir, dejemos las cosas como estan.