Jueces, abogados y fiscales serán investigados por casos Ricaurte y Palacino
El Consejo Superior de la Judicatura quiere saber si, detrás de las libertades de Francisco Ricaurte y Carlos Palacino, hubo faltas disciplinarias de sus defensores o de los funcionarios judiciales que tienen a cargo los procesos.
Redacción Judicial
El desfalco a Saludcoop y el cartel de la toga, dos procesos que han causado revuelo en el país, tuvieron un nuevo revés esta semana: a dos protagonistas de estos escándalos les concedieron la libertad por vencimiento de términos. En consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura investigará a todos los abogados, jueces y fiscales que tuvieron que ver con que ahora estén libres Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, señalado de recibir y gestionar sobornos en el alto tribunal, y Carlos Gustavo Palacino, expresidente de la extinta EPS Saludcoop, señalado de haberse apropiado de casi $400.000 millones en favor de terceros.
(En contexto: Carlos Palacino queda en libertad y queda en libertad expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte)
El presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, el magistrado Pedro Sanabria, dio a conocer que la investigación la llevará la seccional Bogotá de la Judicatura en primera instancia. Las indagaciones, agregó el magistrado, se iniciaron “para determinar la responsabilidad disciplinaria de fiscales, jueces y abogados que habrían tomado parte en el resultado del vencimiento de términos de los procesos tanto de Francisco Ricaurte, como de Carlos Palacino”.
De esta manera, explicó el alto funcionario, se busca determinar si existieron “maniobras dilatorias” por parte de los abogados de Palacino y Ricaurte para llevar el proceso a este término y, así, poder exigir que sus clientes fueran dejados en libertad. También se buscará aclarar si, por el contrario, los responsables son los funcionarios judiciales. Por esto, se investigará si en el manejo del proceso por parte de fiscales y jueces hubo negligencia. De existir mérito, los supuestos responsables serían llamados a juicio disciplinario y podrían ser sancionados, inhabilitados para ejercer cargos públicos o hasta perder sus credenciales de abogados.
(Le puede interesar: Carlos Palacino no se presentó a su audiencia de acusación)
En el caso de Francisco Ricaurte, un juez le concedió la libertad porque se venció el plazo límite de 240 días para empezar su juicio mientras él estaba preso en La Picota. La Fiscalía asegura que los términos se vencieron por culpa de maniobras dilatorias de la defensa, pero quien fue el abogado del exmagistrado Ricaurte hasta hace poco, Álvaro Luna, le aseguró a este diario que el derecho a defensa de cualquier ciudadano le permite acudir a todas las apelaciones, solicitudes y peticiones que sean necesarias.
Ricaurte está llamado a juicio por el cartel de la toga. La Fiscalía lo acusó desde marzo de 2018 de los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, cargos que el exmagistrado no aceptó y de los cuales siempre se ha declarado inocente. Para la Fiscalía, el plazo se venció por un “sistemático abuso del ejercicio del derecho de defensa que ocasionó las dilaciones injustificadas” que incluyó aplazamientos, largos periodos entra las audiencias y otras supuestas maniobras.
(Lea el minuto a minuto del proceso de Ricaurte: Francisco Ricaurte y el cartel de la toga: ¿por qué salió de la cárcel el exmagistrado?)
Por su parte, Palacino, quien sería uno de los cerebros del desfalco a la EPS Saludcoop, se habría apropiado "en favor de terceros" de casi $400.000 millones y por ello fue llamado a juicio el año pasado. En el desarrollo de este caso se han presentado serias demoras y la investigación poco se movió mientras Eduardo Montealegre estuvo al frente de la Fiscalía y en años anteriores. Además, en otro proceso que se adelanta en su contra, relacionado también con Saludcoop, la juez que está llevando el caso en el Complejo Judicial de Paloquemao había advertido de dilaciones e incluso le llamó la atención al abogado de Palacino.
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El expresidente de Saludcoop, que hasta hace unos días estaba detenido en la cárcel La Picota, no se presentó a la audiencia de la lectura de la acusación ya que Mauricio Sabogal no se iba a presentar a la diligencia por un supuesto viaje. En ese entonces, el expresidente de Saludcoop habría enviado una carta a los funcionarios del Inpec encargados de trasladarlo al juzgado, indicando que no asistiría a la audiencia porque fue informado de que esta no se realizaría ante la ausencia de Sabogal. La jueza calificó esa acción como un acto “absolutamente dilatorio e irrespetuoso de la administración de justicia” y le advirtió al abogado de Palacino que lo sancionaría.
El desfalco a Saludcoop y el cartel de la toga, dos procesos que han causado revuelo en el país, tuvieron un nuevo revés esta semana: a dos protagonistas de estos escándalos les concedieron la libertad por vencimiento de términos. En consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura investigará a todos los abogados, jueces y fiscales que tuvieron que ver con que ahora estén libres Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, señalado de recibir y gestionar sobornos en el alto tribunal, y Carlos Gustavo Palacino, expresidente de la extinta EPS Saludcoop, señalado de haberse apropiado de casi $400.000 millones en favor de terceros.
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El presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, el magistrado Pedro Sanabria, dio a conocer que la investigación la llevará la seccional Bogotá de la Judicatura en primera instancia. Las indagaciones, agregó el magistrado, se iniciaron “para determinar la responsabilidad disciplinaria de fiscales, jueces y abogados que habrían tomado parte en el resultado del vencimiento de términos de los procesos tanto de Francisco Ricaurte, como de Carlos Palacino”.
De esta manera, explicó el alto funcionario, se busca determinar si existieron “maniobras dilatorias” por parte de los abogados de Palacino y Ricaurte para llevar el proceso a este término y, así, poder exigir que sus clientes fueran dejados en libertad. También se buscará aclarar si, por el contrario, los responsables son los funcionarios judiciales. Por esto, se investigará si en el manejo del proceso por parte de fiscales y jueces hubo negligencia. De existir mérito, los supuestos responsables serían llamados a juicio disciplinario y podrían ser sancionados, inhabilitados para ejercer cargos públicos o hasta perder sus credenciales de abogados.
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En el caso de Francisco Ricaurte, un juez le concedió la libertad porque se venció el plazo límite de 240 días para empezar su juicio mientras él estaba preso en La Picota. La Fiscalía asegura que los términos se vencieron por culpa de maniobras dilatorias de la defensa, pero quien fue el abogado del exmagistrado Ricaurte hasta hace poco, Álvaro Luna, le aseguró a este diario que el derecho a defensa de cualquier ciudadano le permite acudir a todas las apelaciones, solicitudes y peticiones que sean necesarias.
Ricaurte está llamado a juicio por el cartel de la toga. La Fiscalía lo acusó desde marzo de 2018 de los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, cargos que el exmagistrado no aceptó y de los cuales siempre se ha declarado inocente. Para la Fiscalía, el plazo se venció por un “sistemático abuso del ejercicio del derecho de defensa que ocasionó las dilaciones injustificadas” que incluyó aplazamientos, largos periodos entra las audiencias y otras supuestas maniobras.
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Por su parte, Palacino, quien sería uno de los cerebros del desfalco a la EPS Saludcoop, se habría apropiado "en favor de terceros" de casi $400.000 millones y por ello fue llamado a juicio el año pasado. En el desarrollo de este caso se han presentado serias demoras y la investigación poco se movió mientras Eduardo Montealegre estuvo al frente de la Fiscalía y en años anteriores. Además, en otro proceso que se adelanta en su contra, relacionado también con Saludcoop, la juez que está llevando el caso en el Complejo Judicial de Paloquemao había advertido de dilaciones e incluso le llamó la atención al abogado de Palacino.
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